Colombia ha gastado US$ 5,6 millones defendiéndose de Nicaragua

Desde el 6 de diciembre del 2001, cuando Nicaragua demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por la soberanía del archipiélago de San Andrés, el Estado ha tenido que destinar un millonario presupuesto para contrarrestar las pretensiones del país centroamericano. 

La estrategia, que le correspondió en primer término al gobierno del presidente Andrés Pastrana y que se desarrolló en mayor medida durante el gobierno de Álvaro Uribe, ha sido calificada por muchos como ineficaz. Primero, Colombia fue derrotada en las excepciones preliminares que presentó sobre la competencia de la CIJ para dirimir este diferendo. Y luego, en un fallo de noviembre del 2012, el país perdió cerca de 75.000 kilómetros de mar territorial en el archipiélago de San Andrés. Correspondió recibir y asumir este fallo adverso al presidente Juan Manuel Santos, cuyo gobierno había recibido el caso cuando prácticamente las cartas habían sido jugadas.

Hoy, una nueva amenaza existe ante la segunda demanda que interpuso Nicaragua el 16 de septiembre del 2013, en la que pretende que se le reconozcan 200 millas adicionales desde su costa y que la CIJ, luego de desconocer el Meridiano 82 como límite entre Colombia y Nicaragua, ahora pretende que el tribunal internacional declare los nuevos límites.

Esa pretensión de Nicaragua ha sido calificada por el gobierno colombiano como “expansionista”, y en documento reservado que la canciller María Ángela Holguín le envió al Congreso, advierte que con la pretensión de la plataforma extendida el propósito de Nicaragua es “amputar el archipiélago de San Andrés y sus cayos de la costa colombiana”.

Semana.com conoció ese documento. Son las respuestas del Gobierno a casi un centenar de preguntas de la Comisión Segunda del Senado que citó este martes a la ministra Holguín para conocer qué estrategia ha desarrollando el Gobierno para defenderse de esta segunda demanda. Aunque la canciller se abstiene de informar sobre la estrategia jurídica, por razones de seguridad nacional, el documento tiene varios datos de la política de defensa de la Nación hasta ahora desconocidos.

La primera conclusión que arroja el documento es que los litigios pactados por Nicaragua le han costado al país, hasta el momento, más de 5,6 millones de dólares, y que la estrategia de defensa, desde el 2001 hasta la fecha, ha pasado de mano en mano entre 10 abogados internacionales y 13 colombianos, pues hasta en tres oportunidades se ha cambiado el equipo de defensa de la Nación.

La primera demanda.

En la primera fase del proceso, iniciado en el 2001, y en lo concerniente a las excepciones preliminares a la competencia de la CIJ, los abogados internacionales contratados por Colombia fueron: 

Prosper Weil (francés)
En ese momento una de las autoridades mundiales en materia de delimitación marítima. Entre el 2001 y el 2007 recibió U$586.397 de honorarios.

Sir Arthur Watts (inglés)
Reconocido litigante ante Tribunales internacionales con gran prestigio y credibilidad ante la CIJ. Entre el 2002 y el 2008 cobró U$527.466.

Stephen Schwbel (estadounidense)
Fue juez de la CIJ de 1981 al 2000 y presidente de la misma de 1997 al 2000. El Estado colombiano le pagó U$637.923 por sus servicios entre el 2001 y el 2007.

Eduardo Valencia Ospina
Único colombiano que se ha desempeñado como funcionario de la CIJ, secretario de esa corte durante 16 años y actualmente miembro de la Comisión de Derecho Internacional, profesor de  Derecho Internacional y asesor de varios Estados en casos ante la Corte. Cobró la suma en dólares de U$535.507 entre el 2002 y el 2012.

Ellos tenían el objetivo de que la CIJ se declarara incompetente para resolver el diferendo, pero fracasaron en ello. El equipo fue relevado y sólo se mantuvo al colombianos Valencia Ospina.

En la etapa de fondo los abogados que litigaron ante la CIJ fueron:

James Crawford (australiano)

Profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge, miembro de la Comisión de Derecho Internacional en la que tuvo a su cargo el proyecto de artículos sobre responsabilidad de los Estados y del proyecto de Estatuto de la Corte penal Internacional, ha participado en numerosos casos ante la CIJ y la Corte Permanente de Arbitraje y es autor de numerosas obras. Actualmente es candidato a juez de la CIJ. Entre el 2007 y l 2012 recibió U$ 506.033

Rodman Bundy (estadounidense)
Considerado en la actualidad uno de los mayores expertos en delimitación marítima a nivel mundial, es abogado de la Universidad de Yale y miembro de la prestigiosa firma de consultoría internacional Eversheds, una de las más importantes del mundo.  Fue el que más dinero recibió. Cobró por su trabajo en sólo cuatro años, 2008-2012, la cifra de U$736.314,48.

Marcelo Kohen (suizo-argentino)
Profesor de Derecho Internacional en el Instituto de Altos estudios Internacionales y del desarrollo en Ginebra, Suiza, autor de numerosas obras. Ha participado en importantes casos ante la CIJ. Por prestar sus servicios al Estado colombiano percibió U$307.946.

También aparece el registro de un pago a la consultora International Mapping Nicaragua (2007-2012) por U$691.465,22.

En total, por los servicios de los seis abogados extranjeros que participaron en la primera demanda, y el colombiano Eduardo Valencia, los gobiernos colombianos pagaron U$4.566.263.

Esta cifra aumenta con los honorarios recibidos (en pesos colombianos) por los asesores colombianos que participaron en esta estrategia de defensa. La lista es la siguiente.

Luis Ignacio Sánchez (2005) 9.000 euros
César Francisco Moyano (2002) $20.000.000
Ricardo Vargas Taylor (2002) $5.000.000
Patricia Elvira Quiroz Patiño (2002-2003)$ 2.500.000
Franz Dieter Hensel Riveros (2202-2003) $3.125.000
Germán Cavelier (1996) $8.900.823
Álvaro Tirado Mejía (2002) $23.200.000
Rafael Nieto Navia (2004) $8.000.000
Enrique Gaviria Liévano (2002-2004) $44.000.000
Andelfo García González (2002; 2005; 2011 y 2012) $177.316.666
Guillermo Fernández de Soto (2012) $69.600.000

En total, a los 11 asesores colombianos se les pagaron $361.642.489 más 9.000 euros. El agente de Colombia ante La Haya fue el excanciller Julio Londoño Paredes, experto en delimitación marítima y territorial, quien negoció los Tratados de límites marítimos de Colombia en el Caribe y en el Pacífico, y el coagente el excandiller Guillermo Fernández de Soto. En el informe no se registra dinero percibido por Londoño Paredes.

Aunque la estrategia adelantada por este equipo puede ser cuestionada, a la luz del fallo adverso proferido por la CIJ, la canciller Holguín lo defiende. “Como se puede observar, la defensa estuvo a cargo de los mejores abogados internacionales y los lineamientos de la misma fueron establecidos en el marco de una política de Estado”.

La segunda demanda

Para defender los intereses nacionales ante la segunda demanda de Nicaragua, el Gobierno confía en que la denuncia del Pacto de Bogotá, interpuesta el 27 de noviembre del 2012 por el presidente Juan Manuel Santos, tiene efecto inmediato desde la fecha del depósito de la denuncia. Es decir, Colombia ya no está bajo la jurisdicción de la Corte de La Haya. Pese a ello contrató un equipo de seis abogados.

De ellos, dos participaron en la defensa de la primera demanda. Son ellos Eduardo Valencia Ospina y Rodman Bundy, precisamente el abogado que en sólo cuatro años percibió los mayores emolumentos.
Sir Michael Wood, abogado de la Universidad de Cambridge, tiene una extensa carrera académica y profesional en temas de derecho internacional público. Actualmente es miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas y litigante de 20 Essex Street Chambers. Hasta agosto del 2014 ha facturado  U$ 67.905.

Michael Reisman
Profesor titular de derecho internacional de la Universidad de Yale (EE.UU), donde integra el cuerpo docente desde 1965. Es presidente del Tribunal Arbitral del Banco de Pagos Internacionales y del Instituto de Derecho Internacional. También fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEZ y Editor en jefe del American Journal of International Law. Se le han pagado hasta agosto U$255.615.

Rodman Bundy
Es socio del Departamento de Litigios de la firma Internacional Eversheds. Tiene una extensa experiencia como litigante en derecho internacional público ante la CIJ, el tribunal de Reclamaciones de Irán-EE.UU, así como varios tribunales arbitrales. La guía Chambers & Partners (ed. 2013) lo identifica como “uno de los más experimentados practicantes en derecho internacional público”: Es miembro de la barra Nueva York y de la Corte de Apelaciones de París. Hasta el momento ha percibido U$235.112. Sigue siendo el abogado que más cobra.

Tullio Treves
Abogado con una extensa carrera académica y profesional. Actualmente es profesor de la Universidad de Milán y Consultor Internacional de la firma Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP (oficina Milán). Se desempeñó como juez del Tribunal Internacional del Derecho del Mar durante 15 años (1996-2011), donde actuó como presidente de las salas de Controversias de los Fondos Marinos, Controversias del Medio Marino y Controversias de Pesquerías. Es miembro del Instituto de Derecho Internacional. Fue asesor legal para la Misión Permanente de Italia ante Naciones Unidas y previamente fue miembro de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar. Por sus servicios se le han pagado U$ 115.905.

Eduardo Valencia Ospina
Abogado colombiano miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, donde es relator especial en el tema de “Protección de personas en caso de desastres”. Fue consultor en derecho internacional de la firma de abogados Frere Cholmeley/Eversheds (París) (2002-2010). Se desempeñó como secretario adjunto (1984-1987) y secretario –con el rango de subsecretario general de las Naciones Unidas- de la CIJ (1987-2000). Es miembro honorario del Centro de Estudios Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (2001), miembro honorario de la academia colombiana de derecho internacional (200) y editor en jefe de la revista jurídica The Law and Practice of International Courts and Tribunals. Fue galardonado con la Gran Cruz de la Orden de San Carlos por el presidente y el canciller de la república de Colombia (2001). Hasta agosto de este año ha percibido US$174.406.

Matthias Herdegen
Director del Instituto de Derecho Internacional e Instituto de Derecho Público de la Universidad de Bonn (Alemania). Académico de profesión, ha publicado extensamente en temas de derecho internacional y constitucional. Fue vicerrector de la Universidad de Bonn (1999-2004). Es miembro del Comité de Derechos Humanos de la Asociación de Derecho Internacional, profesor honorario de la Pontificia Universidad Javeriana y del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario (Bogotá), profesor visitante de la Universidad de París (Sorbona), Universidad de Nueva York, Universidad Autónoma de México y City University de Hong Kong, entre otras-. U$108.316 ha recibido hasta agosto de 2014.

Desde el 2013 hasta la fecha, este nuevo equipo de abogados le ha costado al gobierno U$1.046.019.

Y a esto hay que sumar los contratos de asesoría que tienen dos prestigiosos abogados colombianos quienes también participan en la estrategia de defensa de Colombia.

El exprocurador Carlos Gustavo Arrieta, quien en el 2013 recibió $139.200.000, y en lo que va de 2014 le han pagado $225.000.000. Y el exmagistrado Manuel José Cepeda, quien también firmó un contrato en el 2014 y hasta la fecha ha percibido $225.000.000. En esta segunda estrategia, el Gobierno ha gastado en asesoría de abogados colombianos $811.642.489.

Para el Gobierno, este nuevo equipo jurídico se escogió previo análisis de su experiencia en litigios ante la CIJ, dominio del derecho internacional, principalmente en delimitación marítima, así como por su prestigio y su credibilidad internacional. “Se buscó tener un equipo en el que primara la experiencia en asuntos de derecho del mar y en litigios ante la Corte Internacional o ante tribunales internacionales”, explica la canciller.

Han pasado 13 años desde cuando Nicaragua llevó a cabo su vieja pretensión expansionista, 13 años que han supuesto para Colombia estar en permanente litigio con el país centroamericano, que con el mismo abogado, en el 2012 consiguió que la CIJ despojara casi 75.000 kilómetros de mar territorial a Colombia, y ahora pretende ir por más.

Mientras tanto, Colombia ha contratado a 10 abogados internacionales y otros 13 nacionales y su defensa le ha costado más de 5,6 millones de dólares.