Conceden casa por cárcel a Liliana Pardo

Liliana Pardo, exdirectora del IDU, no será llevada al centro penitenciario El Buen Pastor. 
 
Aunque en la tarde del martes la juez séptima penal de Bogotá, con funciones de control de garantías, dictó medida de aseguramiento en contra suya, del excontralor de Bogotá  Miguel Ángel Moralesrussi y del exsubdirector técnico del IDU Inocencio Meléndez, y se anunció que deberían ir a la cárcel, todos tenían la esperanza de conseguir la detención domiciliaria. Las defensas de los tres apelaron y presentaron los recursos con los que buscaban impugnar la decisión de la juez.
 
Pero sólo la exdirectora del IDU lo logró. Luego de que su defensa demostró a través de documentos que Liliana Pardo es cabeza de familia y madre de una niña de 14 años, el fiscal segundo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Germán Pabón, dejó abierta la posibilidad para que Pardo cumpliera la medida de aseguramiento en su casa. 
 
"Es dable la detención domiciliaria", dijo el fiscal, y agregó: "si la juez decide que usted esta noche duerma en su casa, dele un saludo a su hija de parte de la Fiscalía, de la fiscal Viviane Morales y mío".
 
Su posición fue apoyada por la delegada del Ministerio Público, Sandra Sierra. Ella también resaltó que Pardo es la responsable del cuidado y el sostenimiento de su hija, quien además es una adolescente.
 
En la madrugada de este miércoles, la juez séptima penal  de Bogotá dijo que después de estudiar los documentos presentados por la defensa de Pardo, que demuestran que hace 11 años está divorciada y que al ser llevada a prisión dejaría en total desprotección a su hija, concedía el beneficio de medida de aseguramiento domiciliaria, y aclaró que la decisión busca, sobre todo, proteger a la menor.
 
"En atención, cuidado y protección de los menores es pertinente el beneficio de la detención domiciliaria (...) Eso en beneficio de su menor hija", precisó la jueza.
 
Entre tanto, la decisión de enviar a la cárcel al excontralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi, así como a el exsubdirector técnico del IDU  Inocencio Meléndez se mantiene. Una vez terminó la audiencia, los procesados quedaron en manos de agentes del CTI de la Fiscalía.
 
La medida se da una semana después de que a los exfuncionarios se les imputaron cargos por varios delitos dentro del proceso que adelanta la Fiscalía por el denominado 'carrusel de la contratación'.
 
En el caso del excontralor Moralesrussi, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de concusión y prevaricato. Según la Fiscalía, que tuvo en cuenta distintas declaraciones de los Nule, el exfuncionario les pidió dinero a los miembros del grupo en dos oportunidades y como contralor de Bogotá no cumplió sus funciones.
 
De acuerdo con la juez, Moralesrussi podría enfrentar una condena de entre ocho y 15 años de prisión.
 
A Liliana Pardo le fueron imputados cargos por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato por omisión y, en calidad de coautora, el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Según la juez, Pardo podría enfrentar una pena mínima de nueve años de prisión.
 
Sobre Inocencio Meléndez Julio, la juez aseguró que podría recibir una condena de entre ocho y 15 años de cárcel.
 
A su llegada a la diligencia, Meléndez dijo que asumiría las decisiones judiciales. “Vamos a responder… asumo el mandato constitucional, el mandato legal, cualquiera que sea”. No obstante, el funcionario negó que los contratos se hubieran adjudicado de manera irregular.
 
A Meléndez le fueron imputados cargos por los delitos de prevaricato por acción, interés indebido en la celebración de contratos, concusión como autor, prevaricato por omisión y celebración de contratos con incumplimiento de requisitos legales.

Descalabro ‘billonario’
 
En la imputación de cargos contra los tres exfuncionarios, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Germán Pabón Gómez, señaló que tiene en su poder una grabación en la que se confirma que Inocencio Meléndez recibió un carro, un apartamento y 250 millones de pesos en efectivo, para un total recibido de 4.500 millones de pesos.
 
"Inocencio Meléndez Julio participó en la elaboración de conceptos para favorecer a contratistas y a terceros en asocio con la exdirectora del IDU Liliana Pardo Gaona", indicó el fiscal, quien aseguró además que Meléndez Julio era llamado por integrantes del grupo Nule como 'Morena Mía'.
 
Durante su exposición, Pabón Gómez reveló que desde el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entre los años 2007 y 2010, se produjo un descalabro por la suma de 2"235.000' 926.997 pesos, cuando se abrió la contratación para la Fase III de Transmilenio, la malla vial y la valorización para obras en la Carrera Décima, Calle 26 y Carrera Séptima.
 
El 'carrusel de la contratación'
 
Desde marzo del año pasado, en los medios de comunicación comenzó a circular la versión acerca de la existencia de un 'carrusel de la contratación' en Bogotá.
 
Según varias denuncias, la familia del alcalde Samuel Moreno, y en particular su hermano Iván, era la que supuestamente controlaba desde la administración distrital el funcionamiento de dicho ‘carrusel’.
 
Sobre el tema, el excandidato del Polo Gustavo Petro, el senador Luis Carlos Avellaneda y el concejal Carlos Vicente de Roux presentaron un informe sobre la gestión de la administración Moreno en Bogotá. Entre sus conclusiones destacó que Iván Moreno manejaba una 'rosca' de cinco grandes firmas entre las cuales se repartían los contratos del Distrito.
 
Petro señaló que los contratistas Julio Gómez, Emilio Tapia, los hermanos Torrado, entre otros, concentraban buena parte de la contratación del Distrito. Al mismo tiempo, el Grupo Nule, empresa que había ganado la licitación de un gran número de contratos, se declaró en quiebra y anunció que no entregaría a tiempo diferentes obras, entre ellas la de la Calle 26 de la Fase III de TransMilenio.
 
Por esos días, apareció una grabación que da cuenta del cobro de coimas, como lo demostró la Procuraduría General de la Nación, del exrepresentante Germán Olano y de Moralessrusi al grupo Nule para favorecerlo en las posibles investigaciones fiscales.
 
Tras la apertura de investigaciones a los hermanos Moreno, tanto disciplinarias como penales, Miguel Nule, presidente del Grupo Nule, dijo que en algunas licitaciones en las que participó le habían pedido el 6 por ciento para el senador Iván Moreno y el 2 por ciento para el contralor Moralesrussi, a quien el pasado mes de febrero, junto al exrepresentante Olano, el Ministerio Público destituyó e inhabilitó para ocupar cargos públicos.
 
Según Nule, en declaración a los entes de control, Liliana Pardo, entonces directora del IDU, pidió dinero para que no se declarara desierta la adjudicación del contrato de la 26. En su criterio, el representante Germán Olano, quien pidió 3.500 millones de pesos para evitar que eso no ocurriera, era el intermediario.
 
Moralesrussi, Olano y Liliana Pardo siempre han negado todas las acusaciones.