Concesiones extrañas en Santa Marta

Así como muchos dicen en la costa que la Ley 80 de Contratación Pública no pegó en algunas partes de su tierra, en Santa Marta la prohibición para que el recaudo de las rentas municipales sea entregado a privados tampoco pegó.

Desde que Carlos Caicedo llegó a la Alcaldía de esa ciudad en 2012, se dio a la tarea de ponerle fin a la concesión que la empresa Recaudos & Tributos (R&T) tiene desde 2002 para recaudar los impuestos. Lo hizo porque, además de ilegal, ha sido lesivo para el patrimonio de Santa Marta. Tras todo tipo de discusiones, acciones jurídicas y fallos judiciales, en diciembre pasado el alcalde decidió terminar unilateralmente el contrato, pero el tema se ha convertido casi en un caso macondiano.

La noticia trascendió las fronteras, cruzó el Atlántico y llegó a España, donde fue registrada inicialmente por la revista Mongolia y retomada por los diarios El Mundo, el diario.es y la cadena SER, entre otros, en los que curiosamente no se discutió la decisión del alcalde, sino las prácticas poco transparentes que en Colombia y América Latina aplican la empresa pública Canal de Isabel II y sus filiales. En el ojo del huracán está Ignacio González González, representante de esta empresa, y además presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y miembro del Partido Popular. La maniobra de González González de convertir a Canal de Isabel II en sociedad anónima le permitió no solo sacar de la junta a la oposición y a los sindicatos, sino realizar manejos económicos poco claros como los que está realizando en Santa Marta por medio de sus filiales.

Como se sabe R&T, al igual que Metroagua, que tiene desde 1989 la concesión del acueducto de Santa Marta, son filiales de Canal de Isabel II, que maneja desde hace siglo y medio todo el ciclo del agua en la comunidad de Madrid. Gracias al éxito de su gestión, se empezó a expandir a finales del siglo XX en América Latina, pero no lo hizo directamente, sino a través de una filial casi privada llamada Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa). Esta empresa, sobre la que hay todo tipo de sospechas por el manejo poco claro de los recursos, es propietaria de la Triple A de Barranquilla y de otras seis empresas en cinco países que responden por el acueducto y alcantarillado de 18 millones de personas y facturan más de 250 millones de euros al año. Para los medios españoles R&T y Metroagua desarrollan un modelo de negocio muy alejado de los parámetros y controles de Canal de Isabel II.

Inassa comenzó a operar en Santa Marta a mediados de la década pasada cuando le adquirió a Aguas de Manizales gran parte de las acciones de Metroagua, a la que en 1989 el alcalde Alfonso Vives le había concesionado el manejo del acueducto y alcantarillado. En el polémico contrato, el concesionario se comprometía a darle a la ciudad 183 millones de pesos al año y el 33 por ciento de los recaudos brutos.

A pesar de que las condiciones para Metroagua eran muy favorables fueron modificadas una y otra vez, según el alcalde Caicedo, en favor del contratista por medio de varios otrosí. Por ejemplo, en 1997 el burgomaestre encargado Luis Cuello firmó uno en el que se estableció que Metroagua ya no pagaría al Distrito el 33 por ciento de los recaudos sino el 2 por ciento y prorrogó el contrato hasta abril de 2017. En 2002, el alcalde Jaime Solano aumentó los bienes cedidos a Metroagua y excluyó a la ciudad de seguir siendo su interventor (Solano había sido gerente de Metroagua durante la alcaldía de Edgardo Vives Campo entre 1995 y 1997). En 2002 durante el mandato de Hugo Gnecco se volvió a cambiar el contrato para liberar a Metroagua de los costos, gastos operacionales y de inversión. Todas esas gabelas mejoraron las ganancias de Inassa pero perjudicaron las arcas de la ciudad y empeoraron el servicio de agua y alcantarillado.

En vista de sus buenos resultados en Santa Marta, los españoles decidieron crear la empresa Recaudos & Tributos (R&T), que logró quedarse en 2002 con ese negocio. En el contrato se estableció que la empresa recibiría el 8 por ciento sobre lo recaudado de la vigencia actual y 14 por ciento sobre la cartera recuperada.

Al igual que con Metroagua, R&T obtuvo varias gabelas como el hecho de que la Alcaldía no le haga interventoría a las cifras y al trabajo que realiza. Algo que ha generado denuncias en España frente al manejo poco claro de los recursos que se generan en América Latina. Caicedo dice que esa empresa solo recauda el 37 por ciento de los impuestos facturados y la cartera asciende a 300.000 millones de pesos. Sin embargo, con solo 34 empleados, recibe cerca de 12.000 millones de pesos al año de ingresos.

La Contraloría General encontró en 2013 que R&T decretó la prescripción de impuestos por 25.683 millones de pesos entre 1999 y 2005, lo que va en contra del objeto mismo de su trabajo, que es cobrar.

En vista de que varios alcaldes han sido destituidos por la Procuraduría por haber firmado este tipo de contratos, a que la Ley 1386 de 2010 prohíbe delegar en particulares funciones inherentes a la administración tributaria –lo que ha sido corroborado varias veces por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional–, el alcalde Caicedo decidió en 2012 comenzar un proceso administrativo para terminar el acuerdo con R&T. Esto desató una batalla legal que tras varias instancias terminó en la sala plena de la Corte Constitucional en octubre pasado. Fue entonces cuando los magistrados ratificaron que el cobro y administración de los impuestos son una obligación que los alcaldes no pueden delegar ni ceder.

Tras notificarse del fallo de la Corte Constitucional, el alcalde Caicedo creyó que recuperaría la soberanía tributaria para el Distrito y expidió una nueva resolución para dar por terminado el contrato de concesión con R&T. De nuevo, la empresa demandó ante el Tribunal Contencioso. La magistrada María Victoria Quiñones, a quien correspondió el proceso, suspendió la decisión y decretó medidas cautelares en beneficio de R&T, con el argumento de que se estaba desconociendo el principio de cosa juzgada, se lesionaba el derecho al debido proceso y otros principios como la buena fe, la seguridad jurídica y la confianza legítima. Pero no tuvo en cuenta que el propio Distrito había demandado el contrato en 2013 –proceso que está en su despacho–, y que ella como magistrada se había pronunciado sobre la legalidad del mismo, motivo por el cual fue recusada. El fallo de la magistrada Quiñones es aún más absurdo si se tiene en cuenta que ciudades como Barranquilla y Cali, que habían entregado en concesión el recaudo de los impuestos, liquidaron los contratos y la Justicia les dio la razón. ¿Por qué Santa Marta no?

En toda esta novela, que aún no termina, R&T usó varias argucias jurídicas que le han permitido ganar tiempo para seguir ejecutando un contrato que según la Contraloría y la Corte Constitucional es ilegal. Además, quedaron sospechosas dudas por la forma como los jueces locales fallan sobre estos negocios.

Ahora bien, lo ocurrido con Metroagua y R&T deja en claro que el sistema de concesiones en esta ciudad fracasó, pues en vez de beneficiar a los samarios ha rendido grandes réditos a una parte de la clase política y empresarial. Según un informe de la Alcaldía, en los últimos cuatro años el Distrito dejó de recibir más de 370.000 millones de pesos por culpa de todas las concesiones. Además de las de acueducto y rentas, existen otras para manejar el alumbrado público, el aseo, la semaforización, el amueblamiento urbano, el mantenimiento de la malla vial, el manejo del mercado público, patios y grúas.

Varios expertos y el propio ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, consideran que gran parte de los problemas de agua de la ciudad se deben a la falta de planeación, de inversiones, de ajustes tarifarios y administración. La empresa, las administraciones, pero en especial los políticos que convirtieron los servicios públicos en empresas de interés personal, son los responsables de lo que ha pasado.

Gracias a la decisión del Tribunal Contencioso del Magdalena, la empobrecida Comunidad Autónoma de Madrid podrá seguir percibiendo una jugosa suma de dinero de los contribuyentes samarios, recursos que difícilmente podrán ser auditados.