La JEP, del Congreso a la Corte Constitucional

Con el voto favorable de 52 senadores, el Senado aprobó el último trámite de la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. La norma ahora pasará al examen de la Corte Constitucional, que dará la bendición definitiva para que el tribunal que investigará y sancionará los graves crímenes del conflicto armado, entre en funcionamiento.

No todos quedaron satisfechos, y el Gobierno recibió esta aprobación con media sonrisa. El polémico régimen de inhabilidades, que el partido Cambio Radical propuso imponer a los magistrados que se encargarán de investigar y juzgar los graves crímenes del conflicto armado, parecía sepultado el pasado lunes cuando la Cámara de Representantes había aprobado el último debate de la Jurisdicción Especial de Paz, revivió en esta etapa.

Ese régimen prohíbe que tomen posesión de sus cargos aquellos que en los cinco años anteriores hubieran ejercido “representación judicial” en hechos relacionados al conflicto armado o pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido tal representación.

También aquellos que a título personal o por interpuesta persona hubieran gestionado o representado intereses privados en contra del Estado en materia de reclamaciones por violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario o al Derecho Penal Internacional. Tampoco a quienes pertenezcan o hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido tal representación.

Además, tampoco habilita a los que en los cinco años anteriores hubieran tramitado acciones ante “Sistemas o Tribunales Internacionales de Derechos Humanos” o litigado contra el Estado colombiano ante dichas instancias.

Este nuevo régimen, que no estaba en el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, ni en la reforma constitucional que creó la JEP, puso en grave riesgo la implementación de la paz. Tanto que provocó la reacción de Timochenko, quien reclamó una reunión con el presidente Juan Manuel Santos, y que llevó a Iván Márquez a afirmar que habían descuartizado el acuerdo de paz.

Tal propuesta, de entrada, ponía en el limbo el nombramiento de los 51 magistrados, presentados hace un par de meses por el propio presidente Santos en la Casa de Nariño.

Varios de los que fueron elegidos, tras un arduo proceso de selección adelantado por un Comité de Escogencia, que examinó a más de 2.300 postulados, podrían tener algunas de esas inhabilidades, lo que les impediría posesionarse.

La creación de este nuevo régimen para los magistrados de la JEP tuvo su origen desde la reaparición de Germán Vargas Lleras, quien en las entrevistas que concedió para comenzar su campaña presidencial, expuso sus preocupaciones sobre la JEP, sobre todo en la forma como se eligieron los magistrados.

Luego de que Vargas Lleras sembrara temores al afirmar que 48 millones de colombianos estarían en jurisdicción de este nuevo tribunal, conformado por jueces con sesgo ideológico, su partido Cambio Radical llevó la propuesta de imponerles nuevos requisitos a los magistrados, tal como lo había sugerido el exvicepresidente.

En el río revuelto que se convirtió el debate de la JEP en el Senado, la propuesta de Cambio Radical fue respaldada por el Centro Democrático y algunos conservadores y liberales, y a pesar de la resistencia del Gobierno fue aprobada.

Los primeros que manifestaron preocupaciones frente a los magistrados de la JEP habían sido los parlamentarios del Centro Democrático. Incluso vetaron los nombres de Rodolfo Arango, por dar una opinión contra el uribismo por el caso Luis Alfredo Ramos, y Sandra Rocío Gamboa, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y abogada de las víctimas en el proceso contra Álvaro Uribe por las chuzadas del DAS. En una audiencia dijo que llevaría al expresidente a los tribunales.

Este régimen de inhabilidades fue cuestionado desde el punto de vista político, pero también constitucional. Entraba en conflicto con el acto legislativo que creó la JEP, pero sobre todo cambiaría las reglas de juego establecidas para los magistrados. En el examen de la corte se podría caer.

Pero el Gobierno se anticipó y el pasado lunes convenció a la Cámara de Representantes a eliminar ese régimen de inhabilidades. Pero como el Senado lo había aprobado, tenía que escogerse un texto definitivo, en la fase de conciliación que se adelantará este miércoles.

Entonces, fueron nombrados los senadores Horacio Serpa (P. Liberal) y Juan Samy Merheg (P. Conservador), y los representantes Orlando Aníbal Guerra  (P. Conservador) y Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) para conciliar los textos.

De entrada el Gobierno partía en desventaja, pues conservadores y Cambio Radical hacían mayoría. Y aunque confiaban en que los dos representantes impusieran la voluntad de la Cámara, no fue así, y votaron por acoger el régimen de inhabilidades del Senado. Serpa, que defendía la voluntad del Gobierno, quedó en inferioridad numérica.

Tan pronto se radicó el informe de conciliación se produjeron las primeras reacciones. Alirio Uribe, representante del Polo, rechazó el texto conciliado porque en su criterio revive las inhabilidades para los defensores de derechos humanos, lo cual es inconstitucional. “Esto tendrá que ser llevado a la corte para ser evaluado y seguramente declarado inconstitucional”, aseguró.

En consecuencia, será la corte donde se libre el round definitivo de la JEP.