¿Vuelven los toros?: las claves del fallo

La consulta acerca de las corridas de toros había sido uno de los temas más polémicos de la contienda electoral. El mismo entusiasmo que despertaba en los políticos quién podría ganar la Alcaldía de Bogotá, movía con fervor a animalistas y taurinos que querían rechazar o apoyar la fiesta brava.

Sin embargo, una inesperada decisión del Consejo de Estado zanjó esa pugna. En una contundente sentencia, el alto tribunal dejó sin efectos la consulta popular para ese tema. Así, el próximo 25 de octubre cuando los bogotanos acudan a las urnas ya no encontrarán la papeleta que diría ‘¿Está de acuerdo SÍ o NO con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá?’.

La historia de esta controversia es larga y compleja. Comenzó cuando el alcalde Gustavo Petro decidió en 2012 no volver a autorizar el uso de la Santamaría para un espectáculo “alrededor de la muerte”. El tema era tan crucial para el alcalde que, ante una sentencia de la Corte Constitucional que le recordó que esa no era una decisión del Distrito, aseguró que “prefiero renunciar antes de reabrir la plaza de toros”.

El caso llegó al Consejo de Estado por cuenta de la propuesta del mismo Petro de hacer una consulta popular. El Concejo de Bogotá le dio vía libre el pasado mes de julio y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprobó la pregunta en agosto. La controversia fue enorme, en especial porque el proceso costaba alrededor de 1.400 millones de pesos, según Petro, y 34.000 millones, según los taurinos. Un grupo significativo de estos últimos interpuso la tutela que se definió esta semana.

El magistrado Alberto Yepes, ponente de la decisión, hizo un extenso análisis jurídico sobre el impacto que la consulta podría tener en la garantía de los derechos de las minorías. Sustentó su decisión en dos argumentos principales. El primero es que dos sentencias de la Corte Constitucional dejaron claro que un asunto de esa naturaleza solo podía ser regulado por el Congreso.

El segundo tiene mucho más peso. El magistrado argumenta, citando a tratadistas como Hans Kung, Giovanni Sartori, Tocqueville y Stuart Mill, que la consulta entraña el riesgo de lo que se denomina teóricamente como la “tiranía de las mayorías”. Esto no es otra cosa que los eventuales abusos que se pueden cometer contra un grupo minoritario cuando se entrega la decisión sobre sus derechos a quienes son más.

Para el Consejo de Estado “no es posible someter la práctica de una manifestación cultural a la aprobación de las mayorías sin violar el principio de tolerancia”, pues el Estado debe proteger que todos los individuos “tengan un lugar desde su singularidad”. Felipe Negret, presidente de la Corporación Taurina de Bogotá, asegura que con esta decisión es obligatorio para la Alcaldía permitir nuevamente las corridas. “Las consultas no están hechas para aplastar minorías”, asegura.

La sentencia se convertirá en un precedente fundamental en materia de libertades. En los últimos años se han presentado proyectos que gozan de amplio respaldo popular, por ejemplo, el referendo para establecer la prisión perpetua para violadores de niños. Y otros que han generado controversia pero que también tienen eco en un importante sector del país, como el de llevar a votación si las parejas del mismo sexo pueden adoptar.

Al igual que pasa con los animalistas que quieren prohibir las corridas de toros, todas esas causas tienen algo común: la mayoría de los colombianos las apoya. Según una encuesta de Gallup, el 62 por ciento de la población está contra el matrimonio igualitario, y el 72 por ciento contra la adopción por parte de parejas del mismo sexo, según otra de Napoleón Franco. Y un porcentaje muchísimo mayor está a favor de la pena de muerte o de la prisión perpetua. O incluso a la salida negociada del conflicto armado.

Sin embargo, numerosos juristas sostienen hoy que existen derechos que no pueden ser sometidos a las reglas de las mayorías, propias de una democracia. Pues si fuera así, en muchos lugares podría restablecerse hasta la esclavitud.