Contrabando de medicamentos: negocio de alto costo

“Ya basta, Venezuela se respeta”, afirmó en tono enérgico el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado miércoles 20 de agosto. En “cadena” televisada, le mostraba al país imágenes de comida, gasolina y medicamentos incautados por la Guardia Nacional en la frontera con Colombia. Eran los resultados de su “plan de choque” militar para frenar el contrabando, que inició luego de la reunión con el gobierno colombiano hace tres semanas en Cartagena. 

Lo que no acordaron de manera bilateral fue cerrar el paso fronterizo durante las noches. El gobierno venezolano tomó la decisión unilateralmente y sin consultarlo con Colombia, como lo expresó públicamente la canciller, María Ángela Holguín. La medida afecta tanto a venezolanos como colombianos, especialmente a quienes viven en la zona fronteriza y no ataca las causas que han hecho florecer el contrabando de todo tipo de productos entre ambos países. 

Quizás el más peligroso, por los riesgos que representa para la salud de miles de personas, es el contrabando de medicamentos, que además puede ser más difícil de detectar que la gasolina, la chatarra, o la comida. SEMANA* le siguió la pista al fenómeno, habló con decenas de personas entre expertos, autoridades, médicos, pacientes y tuvo acceso a expedientes y reportes policiales sobre algunos de los integrantes de esta cadena criminal. Si bien en la reunión de Cartagena se abordó de manera general el tema del contrabando, una fuente diplomática dijo que no se abordó de manera específica el tema de medicamentos.

Ambos gobiernos están enfrentando actualmente una crisis en el sistema de salud, pero por razones diferentes. El Estado venezolano, por su esquema de control de cambio y de precios no alcanza a suplir la necesidad de médicos, insumos básicos, servicios y fármacos tanto del sector público como privado. En Colombia, ha sido precisamente por la falta de regulación y control del Estado, que el sistema de salud, insuficiente y de calidad variable, no solo llegó al borde de la quiebra, sino que hasta el año pasado, los colombianos pagaban más caro por la mayoría de medicamentos que otros latinoamericanos.

Lo que se desprende de esta investigación, es que las empresas criminales que están detrás de ésto no hacen parte de una conspiración de “guerra económica” -como ha dicho Maduro- para sabotear la Revolución Socialista Bolivariana del Siglo XXI encabezada hoy por él. Tampoco están buscando atravesarse en el proyecto político que impulsa el gobierno Santos. Son empresarios criminales que, al revés, han utilizado a su favor las diferencias de modelos económicos, los vacíos regulatorios e ineficiencias del sistema de salud, la debilidad institucional y corrupción de la fuerza pública y el sistema judicial que hay en los dos países. Mientras estas condiciones se mantengan a ambos lados de la frontera, seguirán multiplicando sus ganancias, que pueden llegar a ser más rentables que el narcotráfico. 

Angela Delgado es venezolana y orgullosamente chavista. Pero su admiración por el fallecido presidente Hugo Chávez no ha sido impedimento para exigirle al gobierno que respete sus derechos. En 1995, a la edad de 35 y con tres hijos, fue diagnosticada con VIH. Tras varias demandas legales, ella y otros seropositivos lograron que en 1999 el Estado venezolano asumiera el tratamiento y les diera los medicamentos.  

Pero el Estado no siempre les ha cumplido. Venezuela está entre los países latinoamericanos con mayor desabastecimiento de estos fármacos, según la Organización Mundial de la Salud. Este año ha sido uno de los peores. La Red Venezolana de Gente Positiva, dice que en lo que va del 2014 han faltado, en promedio, 11 tipos de antirretrovirales por mes. Se estima que puede haber entre 135 mil y 200 mil venezolanos con el virus, pero solo reciben tratamiento con antirretrovirales unos 44 mil. Cada año se reportan 11 mil casos nuevos y se mueren de sida unos 18.000, dice Estevan Colina, secretario de la Red y añade: “Creemos que en Venezuela se está africanizando la epidemia”. 

Para los que tienen cáncer, la situación no es más alentadora. El famoso cantante Yordano confesó en una entrevista televisada que tenía cáncer y que había tenido que viajar a Bogotá a buscar los medicamentos que no encontraba en su país para tratarse. El ex ministro de Salud, el doctor José Felix Oletta dice que hay 50 mil casos nuevos cada año, pero los medicamentos de quimioterapia comenzaron a escasear como nunca antes el año pasado. A finales del 2013 había 14 drogas de alto costo que no estaban disponibles en las farmacias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). En los últimos registros, son más de 20 las faltantes. 

No solo los pacientes se han quejado. Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmaceútica Venezolana, aseguró que la escasez de medicinas ha superado el 50 por ciento este año y señaló que gran parte del problema es que el gobierno le adeuda a la industria más de 4 mil millones de dólares. La crisis económica no es, sin embargo, la única razón. La última ministra de Salud que nombró Chávez, Eugenia Sader, fue imputada recientemente por peculado doloso y asociación para delinquir. Dentro de las irregularidades que investigan están algunas licitaciones para compras de medicamentos. 

El actual ministro de Salud, Francisco Armada, y el segundo que ha nombrado el presidente Nicolás Maduro en menos de un año, ha admitido públicamente que existen fallas. “Hemos tenido inconvenientes con un grupo de rubros, algunos aparecen, desaparecen. También hemos tenido manipulaciones importantes que generan angustia en la población”, dijo. La Contraloría venezolana constató una demora de entre 127 y 168 días para que los fármacos ingresen al sistema que se encarga de almacenarlos y desde allí distribuirlos a los centros de salud. El diario El Nacional denunció recientemente que había más de 50.000 remedios vencidos. Es el tercer escándalo de este tipo en los últimos cuatro años. 

Las fallas ya causaron daño a la salud de algunos pacientes. “Ya tengo más de veinte años con el VIH y sé que una persona puede convivir así por muchos años. Pero el médico me dice que si los dejo de tomar, puedo presentar problemas”, dice Angela quien tuvo que dejar de tomar su coctel matutino durante un mes. En situación similar han estado otros seropositivos que perdieron peso, sufrieron dolores de cabeza, inflamación de ganglios y estuvieron expuestos a gripes y otras infecciones.    

Algunos intentaron cambiar de tratamiento, pero Angela no tiene esa opción. Su sistema inmunológico se ha vuelto resistente y los médicos le indican que solo debe tomar Raltegravir, Kaletra y Tenofovir. El primero no se conseguía hace unas semanas en todo el país, los otros dos han estado fallando. Pero aún si hay uno de tres no los pueden tomar, porque los pacientes con VIH necesitan el coctel completo para que sea efectivo.  

Ante la situación, los enfermos de VIH y de cáncer empezaron a buscar los medicamentos que en teoría debían recibir gratis. Los más necesitados buscaron apoyo en fundaciones como Acción Solidaria, que canaliza donaciones de otros países, o Aid for aids. Otros los compran en el exterior. En abril, Raiza Farnataro, de la Fundación Conciencia por la Vida de Barquisimeto viajó a Colombia para comprar antirretrovirales para un grupo de seropositivos, gracias a un convenio con la Liga de Santander. Pero otro grupo de ocho pacientes desesperados de Carabobo viajó a Cúcuta, donde compraron frascos de antirretrovirales a un contacto informal y a cuatro veces el precio que consiguió Farnataro a través de la Liga. Cuando viajaban de regreso, la Guardia Nacional les decomisó los frascos en la frontera. 

La policía alrededor del mundo está tratando de ponerle freno al contrabando de medicamentos. El mercado de ilícitos farmacéuticos ascendía a 75.000 millones de dólares en 2010 y en cinco años había aumentado en un 90 por ciento, según la OMS. El Concejo Europeo estima que es una actividad 25 por ciento más rentable que el narcotráfico. 

Desde el 2005, Colombia figura como el cuarto país del mundo con medicamentos falsificados, según el Pharmaceutical Security Institute. En lo que va del año, el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía han incautado más de 390 mil unidades de medicamentos, por más de 12 mil millones de pesos. En Venezuela, se pueden estar vendiendo 60 millones de unidades de medicamentos falsos, lo que equivaldría hasta el 10 por ciento del mercado, según un informe de la Cámara Venezelona de Medicamentos (Caveme). En Colombia los cálculos son similares. Esto significa, como lo dice Carlos Sánchez, director de Medicamentos del Invima, que la salud de 1 de cada 10 personas puede estar en riesgo. 

Y ese riesgo, tanto para colombianos como venezolanos, ha aumentado en los últimos años por la depreciación del bolívar frente al peso y por las políticas de precios de medicamentos que los dos gobiernos fueron adoptando en la última década.  

En 2003, luego del paro petrolero y del golpe de Estado a Chávez, todos los medicamentos esenciales quedaron sujetos a control y en la práctica, desde hace 11 años, los precios están congelados. A eso se suma que, curiosamente el consumo de fármacos se ha disparado. Según Caveme, el consumo per cápita aumentó en tres años a 19 productos por persona en Venezuela, mientras que en los cuatro principales mercados de la región el promedio era de 9. ¿Qué tanto de eso se queda y qué tanto se va para Colombia?

En Colombia pasó todo lo contrario: se fueron desmontando los controles existentes. A partir del 2002 y hasta el 2006 el gobierno de Álvaro Uribe empezó a flexibilizar y en el 2006 creó una Comisión de precios, bajo el concepto de “libertad vigilada”, pero fue poca la vigilancia y mucha la libertad. La consecuencia fue el abuso. Tan solo las dosis de 13 medicamentos de alto costo dispensados a pacientes afiliados al Seguro Social colombiano aumentaron su precio en 847 por ciento. 

Lo peor es que el libertinaje de precios llegó a poner en jaque todo el sistema de salud colombiano, especialmente por los medicamentos de alto costo, que las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) les suministraban a sus pacientes, pero luego cobraban al Fondo de Seguridad y Garantía (Fosyga) del Ministerio de Salud –lo que se conoce como recobros-.

Las cifras eran escandalosas, como lo explicó el propio ministro de Salud, Alejandro Gaviria. “Durante la segunda mitad de la década anterior, los recobros de las EPS al Fosyga, representados en su gran mayoría por medicamentos de alto costo, aumentaron de manera explosiva pasando de 247 mil millones de pesos en 2006 a 2,4 billones de pesos en 2010”.

Solo en julio del año pasado, el Ministerio adoptó una nueva política de control de precios, utilizando como referencia precios internacionales y la Superintendencia de Salud empezó este año a sancionar a quienes vendieran los medicamentos por valores superiores. El laboratorio Abbott tuvo que pagar una multa de 3.080 millones de pesos por vender el antrirretroviral Kaletra a precios por encima de lo permitido. En 2008 llegó a costar 4.000 dólares por paciente al año. El precio máximo establecido hoy es de 670 dólares, un valor que sigue siendo atractivo, no obstante, para quienes logran obtener el Kaletra en Venezuela gratuitamente (o incluso pagándolo si lo consigue a 13 dólares al cambio oficial o 158 al paralelo) y lo revenden en Colombia ilegalmente a las distribuidoras que suministran medicamentos a las EPS.

La forma de operar de quienes se dedican en serio al tráfico ilícito de medicamentos quedó en evidencia de manera clara el pasado mes de mayo. Antes de la reunión de Cartagena, el gobierno colombiano y el venezolano habían firmado en Maracaibo un memorando de cooperación para luchar contra el contrabando. En el marco de ese acuerdo, las autoridades de ambos países atestaron el primer golpe conjunto que mostró cómo funcionaba una de estas organizaciones, que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Criminales y Penales (CICCP) venezolano decidió bautizar como la banda de “Los Internacionales”. 

La cabeza de esta organización, según informes policiales a los que SEMANA tuvo acceso, es Ciro Antonio Pineda, de nacionalidad colombo-venezolana, tenía casa en Cúcuta y San Cristóbal y contactos comerciales en Colombia y Venezuela. Su nombre era conocido desde hace años en el mundo del contrabando de medicamentos, delito por el que ya había sido condenado aunque nunca estuvo tras las rejas.

La captura de los Internacionales se llevó a cabo, gracias a un anónimo que le llegó a la policía colombiana en abril de 2013. Desde entonces, se empezó a planear la operación. Finalmente, el pasado 14 de mayo detuvieron a 23 personas a ambos lados de la frontera. Incautaron más de 100 mil medicamentos adulterados y falsificados, entre ellos pastas y grajeas, blisters y ampolletas, además de 21.629 cajas pegadizas, 10.377 etiquetas, 8.700 stickers. 

La banda operaba en dos frentes. El primero consistía en llevar medicamentos venezolanos originales a Colombia, entre ellos varios de alto costo en cajas y con sellos del IVSS (Instituto de los Seguros Sociales Venezolanos) y los revendía a proveedores colombianos que tenían contratos con EPS e IPS públicas en Colombia. El otro frente era enviar medicamentos falsos elaborados en Colombia para vender en Venezuela, especialmente comunes como Voltarén o Cataflam que vendían como si fueran originales en farmacias de distintas ciudades del país.  Al hacerles pruebas de laboratorio a algunos de estos productos que hallaron en Cúcuta, y que estaban listos a ser despachados para Venezuela, encontraron otras sustancias que ponían en riesgo la salud de quienes iban a consumirlos. 

Los delincuentes alteraban los paquetes de los medicamentos en una litografía en la zona fronteriza, donde les borraban los números de lote originales y fechas de vencimiento y reempacaban con sellos y stickers para que se vieran como fármacos legalmente importados a Colombia o a Venezuela. En las interceptaciones telefónicas entre Pineda y sus clientes se menciona que algunos de los sellos y empaques falsos son traídos desde China o Chile donde, al parecer, han perfeccionado mejor la técnica. 

Por las conversaciones telefónicas de algunos de los miembros de la banda, (ver las interceptaciones) se supo que traficaban medicamentos oncológicos como Mabthera y Glivec, que a los pacientes les sale a cero costo, tanto en Venezuela como en Colombia, pero a los gobiernos les vale millones. Los Internacionales hablaban de vender tabletas de Glivec a un precio mínimo de 1 millón de pesos. 

Además, aparecieron otras evidencias que indican que algunos miembros de esta banda tenían negocios y vínculos con integrantes de otros casos. Lo que sugiere que bandas como ésta no son una red de comerciantes informales, sino que realmente son empresas del crimen transnacional organizado con capacidad de maniobra e infiltración dentro del mercado legal y el sector de la salud en ambos países, y posiblemente en otros de la región. (Ver la Conexión Venezolana) Por eso desmantelarlas completamente  resulta una tarea tan compleja para las autoridades. 

Para finales de 2013, la Fiscalía colombiana había recibido apenas 75 denuncias por “corrupción de medicamentos”. En el vecino país, según cifras del Ministerio de Salud, en 2013 hubo 67 denuncias, pero en años anteriores no superaban las 50. Y así como hay pocas denuncias, hay pocas condenas a ambos lados de la frontera. 

 ¿Pero cómo llegan estos medicamentos a manos de los contrabandistas? A partir del 2008, el Estado venezolano asumió la obligación de proveer las medicinas de alto costo para todos los ciudadanos. El  Ministerio de Salud, pero sobre todo el IVSS, los compra a las farmacéuticas o a otros gobiernos con quienes tiene convenios. “El Seguro Social se ha convertido en la casita de oro de las farmaceúticas”, le dijo a SEMANA un representante de una de estas empresas multinacionales. 

Entre 2008 y 2014, el IVSS invirtió más de más de 3 mil millones de dólares en medicamentos para surtir las 77 farmacias de alto costo que opera. También se consiguen con receta médica en algunos hospitales u otras instituciones que dependen del Ministerio de Salud, y en unas pocas ongs sin ánimo de lucro.

Entre los fármacos de alto costo que se cree que vienen de Venezuela y han sido encontrados en decomisos y allanamientos por la policía colombiana se encuentran precisamente los antirretrovirales Kaletra, Atazanavir, Raltegravir y Didanosina, y Dasatinib, Erlotinib, Cabecitabina, Mabthera, Herceptin y Glivec, para el cáncer, según información del Invima. Este tipo de medicamentos, le representaron un costo enorme al Estado colombiano ($1.150.millones de pesos en recobros, lo que equivalía al 24 por ciento del gran total de recobros), según un análisis que hizo en 2008 el mismo Ministerio de Salud. 

 Al rastrear los lotes o los empaques se encontró que varios han sido producidos por los laboratorios para la venta en Venezuela. También han aparecido medicinas provenientes de Cuba y de India, que las autoridades creen que llegan vía Venezuela, por los acuerdos que el gobierno ha firmado con estos países. No les quedan dudas cuando encuentran las cajas verdes y blancas características de los medicamentos que entregan a los pacientes del IVSS. Por esos empaques, han notado que no es un caso aislado. 

 La primera vez que detectaron que estaba sucediendo fue en 2009, cuando encontraron cajas de medicamentos del IVSS entre los ductos de ventilación de un bus que hacía la ruta Maracaibo-Santa Marta. (la complicidad de transportadores y fuerzas de seguridad fronterizas es otra constante en varios casos) Al rastrear de dónde venía el paquete, dieron con un taller de mecánica en el sector industrial de La Urbina, en Caracas, propiedad de un colombiano que los almacenaba en su local, pero no llegaron a descubrir quién era su proveedor. 

Tampoco han resuelto en el caso de Los Internacionales y en otros anteriores como llegan las medicinas del IVSS a las redes del contrabando. Una posibilidad es que estas bandas estén operando en asocio con médicos inescrupulosos, que recetan medicinas de alto costo a pacientes sanos que van a reclamarlas al IVSS. En El Tigre, zona oriental de Venezuela, lograron desmantelar hace unos años una organización criminal que trabajaba con alrededor de cien enfermos falsos de cáncer. En mayo, detectaron en Maracaibo que una paciente había recibido medicamentos oncológicos con una ficha para quimioterapia que resultó falsa.

Pero también, según los investigadores del CICCP, puede haber complicidad de funcionarios públicos del sector salud venezolano. Y según apareció en una interceptación telefónica en un caso de contrabando previo en Colombia, hay indicios que esto está sucediendo desde hace varios años. (Ver la conexión Venezuela) 

Los colombianos acceden a los medicamentos de alto costo a través de su Plan Obligatorio de Salud y sus EPS. Una sola ampolla a un enfermo de cáncer puede costarle 4 millones de pesos, pero a través del sistema público no tiene costo, aunque reciba el tratamiento en una clínica privada. De hecho, el 70 por ciento de los tratamientos oncológicos se prestan en entidades que tienen el servicio subcontratado con las EPS, explica Carlos Castro, director de la Liga Colombiana contra Cáncer. 

La Dijín está investigando actualmente lo que ocurre con un medicamento para cáncer que una EPS regional manda a sus pacientes a comprar a ciertas droguerías específicas con las que tiene contratos de suministros y que no está surtiendo efecto en los pacientes. En mayo enviaron una muestra al laboratorio fabricante. Al hacer las pruebas encontraron que aunque era original, su principio activo ya no servía. Y es que el requisito para que los medicamentos de alto costo sean efectivos es que sean almacenados y transportados en condiciones especiales. El problema es que al ser contrabandeados, muchas veces se rompe esta “cadena de frío”. 

Quizás uno de los casos más graves, sucedió hace dos años en Barranquilla. Angie Milena Ortiz, usuaria de la EPS Salud Vida, fue a comprar el medicamento Sinagis para infecciones respiratorias que un pediatra de la Clínica Misericordia de Barranquilla le recetó a su hija Saray Daniela, una bebé “prematura extrema”.  “La enfermera que se la vino a colocar se dio cuenta que el medicamento era malo” dijo Ortiz ante la Fiscalía al ser interrogada. “Ella (la enfermera) le comentó a mi mamá que el empaque era diferente y que el lote no coincidía, la caja con el frasquito. Además que la ampolla no hizo espuma.” dijo Ortiz. Por fortuna no le alcanzaron a inyectar el medicamento a la niña. 

La Fiscalía aún se encuentra investigando cual fue el alcance de la organización Invermara, (Ver la Conexión Venezolana) que le vendió las ampollas a la señora Ortiz. La empresa vendía medicamentos originales pero también de contrabando, varios de ellos provenientes de Venezuela, a distintas EPS del país. Incluso, se investiga si lograron venderle drogas a la Liga Contra el Cáncer de Barranquilla, aunque la Liga asegura que solo le compra medicamentos a grandes laboratorios. 

En el caso de Los Internacionales, una de las personas que jugaba un papel clave para vender medicamentos de contrabando a las EPS y hospitales públicos era Jorge Eliécer Arias Carrascal. En su natal Ocaña, Norte de Santander, Carrascal era conocido como un próspero empresario, un ciudadano “honorable”, cercano a las autoridades del municipio y del departamento. 

La empresa de Arias, AF Medical, legalmente constituida, participaba en licitaciones con el sector salud, incluso quiso ser proveedor de medicamentos de la Brigada del Ejército Francisco de Paula Santander. SEMANA encontró que AF Medical tenía varios contratos de suministro de medicamentos en Ocaña y con la alcaldía de Convención para la comunidad indígena Bari. También tenía contratos con el hospital IPS Miguel Durán de Cáchira y el Hospital Regional de Aguachica, Cesar. 

El día en que le fueron imputados los cargos de corrupción de medicamentos, que él aceptó, se armó la romería afuera del juzgado de Ocaña. Era tanta la incredulidad y curiosidad de los ocañeros, que el juez tuvo que interrumpir la audiencia y regañó al custodio porque la sala se estaba convirtiendo en “un circo”. 

Arias y los demás integrantes de Los Internacionales que capturaron en Ocaña aún esperan sentencia. Mientras tanto, Ciro Pineda, a pesar de ser la cabeza de la organización, anda libre. El juez de Cúcuta a quien le asignaron el caso tras la operación en mayo declaró ilegal la captura, argumentando que la investigación se había originado gracias a un anónimo, y que por eso todos los demás actos de la investigación, seguimientos, interceptaciones, y demás, eran ilegales. La decisión fue apelada por la Fiscalía y el viernes tenía que presentarse nuevamente para ser imputado por los delitos de corrupción de medicamentos y usurpación de derechos de propiedad industrial, pero ni él, ni su esposa, que tenían circular azul de Interpol en mayo, se presentaron. 

Pineda ya había sido condenado por corrupción de medicamentos hace cuatro años, pero le concedieron suspensión condicional. En ese entonces, las autoridades le encontraron a él y a otro hombre, medicamentos con leyendas del IVSS y otros de alto costo como Kaletra, el mismo antirretroviral que siguió traficando y que los venezolanos con VIH en el Zulia buscaban con apremio durante los primeros meses del año. Su caso ilustra que los decomisos, los cierres fronterizos, y las medidas punitivas sin una justicia efectiva, difícilmente lograrán frenar un negocio tan lucrativo como el contrabando de medicamentos.