Las otras irregularidades encontradas en la Uspec

Este lunes Semana.com reveló los resultados de una auditoría que la Contraloría General hizo en la Unidad de Servicios Penitenciarios (Uspec), la entidad que debería velar por la prestación de los servicios carcelarios en el país, pero que -en sus apenas cinco años de existencia- ha sido cuestionada varias veces por presuntos actos de corrupción.

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En el documento aparecen 72 graves hallazgos que concluyeron con una calificación “desfavorable” por parte del organismo. Lo encontrado por la Contraloría hace referencia al incumplimiento de metas importantes por parte de la Uspec, de presuntos actos de corrupción de la entidad, favorecimiento de contratos, entre otros.

Este portal reveló las tres grandes ‘perlas’ que podrían tener, incluso, connotaciones penales. Sin embargo, todo lo que halló el ente de control es alarmante. Estos son otros de los hallazgos.

Los elegidos

Cuando una entidad pública decide recurrir a la contratación directa, debe justificar la decisión con análisis jurídicos, técnicos y económicos. Sin embargo, parecería que la Uspec no conociera bien estas reglas, pues –de acuerdo con el informe- estos criterios faltaron para el otorgamiento de unos cinco contratos en el 2015.

Además de esto, según la Contraloría, la Uspec también otorgó otro millonario contrato sin que existiera un análisis eficiente del sector y sin los documentos que acreditaban la supuesta experiencia del proponente. Así mismo, se habla de posibles favorecimientos a determinados contratistas. “Por cuanto la Uspec hace estudios previos sin especificaciones y/o elementos que permitan determinar con certeza cuál es el perfil requerido para suplir la necesidad”, dice la entidad.

Poca vigilancia

El problema no sólo es en la adjudicación de contratos, la supervisión que hace la Uspec tampoco cumple los requisitos. Según la Contraloría, la Unidad se limita a suscribir -junto con el contratista- informes de actividades y de certificados de satisfacción sin contenido de fondo.

“Estos hechos muestran las deficiencias de la supervisión, por cuanto es el contratista a quien le corresponde hacer el informe de las actividades que realice y el supervisor verifica el contenido del mismo y lo confronta (…)”, dice en el hallazgo 16.

El problema de la vigilancia también aparece en el hallazgo 20. La Contraloría asegura que en “todos los contratos de obra” que tienen como objeto el mantenimiento de infraestructura de las cárceles del país -para la vigencia 2015- no se especifican las funciones de la supervisión y de la interventoría. “…Así las cosas, se diluye la responsabilidad y se obstaculiza la ejecución del contrato”, se lee.

Un ‘adelantico’

La Contraloría encontró casos en los que la Uspec no especifica en sus pliegos de condiciones o estudios previos la necesidad de un plan de inversión de anticipos para los contratistas.

Sin embargo, estos han aparecido después de suscritos los contratos. Y, al parecer, el anticipo lo suscriben entre el contratista y el supervisor del contrato, pero no la interventoría.

Esto último causa curiosidad, pues si bien los encargados de la interventoría del contrato no se pronuncian sobre el otorgamiento de anticipos, finalmente sí aprueban su pago.

Sin plantas de tratamiento

Otro de los contratos cuestionados para la Contraloría es el 324 de 2015 (por 960 millones de pesos), que tenía como objetivo el suministro, la puesta en marcha, el mantenimiento, el almacenamiento y la operación de todos los sistemas residuales en los establecimientos penitenciarios de alta y mediana seguridad de Cómbita (Boyacá).

La Contraloría visitó los lugares y se encontró con que la Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) de mediana seguridad no se encontraba en funcionamiento y el vertimiento de las aguas se hacía directamente en el terreno, pese a que Corpoboyacá impuso una sanción al Inpec por la contaminación.

También encontraron que la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) del establecimiento de mediana seguridad estaba obsoleta y los equipos de la planta del centro de alta seguridad no han sido cambiados después de 13 años.

Y como si esto no bastara, la PTAR llevaba tres años sin funcionamiento. Y aunque en el 2015 se inició un contrato que revisó y adecuó el sistema eléctrico de la planta, el día de la visita del órgano de control tampoco funcionaba.

Estos hallazgos se suman a las múltiples denuncias de presuntas irregularidades que pesan en contra de la Unidad de Servicios Penitenciarios por las que esta entidad deberá responder ante las autoridades.