La polémica propuesta de Zabaraín de controlar las redes sociales

Una propuesta controversial salió a relucir durante una acalorada discusión entre el senador Antonio Zabaraín y Catherine Juvinao, en el programa Partida W (La W Radio), que conduce Juan Pablo Barrientos. Los periodistas le preguntaron al parlamentario su opinión sobre las movilizaciones pidiendo la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez por el caso Odebrecht.

Zabaraín calificó como un acto "demencial" la forma como se usan las redes sociales para acabar con la institucionalidad, refiriéndose específicamente a algunos comentarios que los usuarios en redes han hecho cuestionando la pertinencia de un fiscal ad hoc para llevar la investigación sobre el caso de corrupción, como también la “honorabilidad” de Néstor Humberto Martínez.

“Hay que ver qué se hace para controlar las redes sociales. Las redes sociales dejaron de ser sociales (...) son el arma predilecta para antisociales”, dijo el senador, recordado por su particular intervención durante el debate de control político contra el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

El comentario revivió el debate sobre los límites a la libertad de expresión en internet. Sobre todo, si se equipara el comentario de una persona natural con la responsabilidad que tiene un medio de comunicación para divulgar información. Mientras que en redes sociales la polémica quedó servida, el senador continuó dando la pelea y anunció que buscará la mentada regulación en el Congreso.

Regularemos uso de redes sociales .Legislaremos para que estas no sean un instrumento al servicio de resentidos sociales y sicarios morales

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Aunque no ha precisado cuáles podrían ser los puntos claves de su proyecto de ley, en el capitolio ya cursa una iniciativa propuesta por el partido de La U. El senador José David Name radicó un proyecto en octubre del año pasado donde propone una regulación nacional para proteger los derechos de los usuarios de Internet de “publicaciones abusivas, calumniosas e injuriantes que atenten contra los derechos fundamentales”.

Entre los antecedentes más recientes en Colombia, aparece la decisión de tutela 695 del 2017 de la Corte Constitucional. Allí se estableció que las personas son responsables de las publicaciones que hacen en redes sociales al considerar que el ejercicio de la libertad de información “implica que el mensaje, dato, noticia o comunicación difundido sea contrastado con las fuentes y fundamentado en hechos reales”. Pues de lo contrario, “al presentar información sustentada en rumores, invenciones o malas intenciones (...) se atentaría contra los derechos a la honra y al buen nombre de terceros”.

Sin ahondar en concreto en esas expresiones espontáneas de los usuarios, el alto tribunal indicó que la libertad de expresión protege la transmisión de pensamientos y opiniones personales. Mientras la libertad de informar y ser informado ampara la transmisión de hechos, o versiones que tienen como finalidad dar conocimiento de algo que acontece.

Por su parte, el MinTic, entidad que regula las telecomunicaciones en el país, acogió la sentencia de la corte, pero hasta la fecha no se ha pronunciado sobre su concepto frente al control de las redes sociales en Colombia. En su última apreciación sobre el tema, menciona que “corresponde a las redes sociales establecer una autorregulación” debido a que no existe normativa en la materia.

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Twitter, por ejemplo, hizo una regulación en cuanto a la edad que deben tener los usuarios para ingresar a su plataforma. De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, cualquier persona menor de 13 años no puede crear un “contrato” con una red social sin el permiso de sus padres. Y por consecuencia, Twitter bloqueó la cuenta de aquellos que se registraron con una fecha de nacimiento falsa para evadir la norma.

Controlar las opiniones de una persona natural y equiparar sus responsabilidades con las de un medio de comunicación podría ser la parte más compleja de la polémica. Entre los antecedentes también aparecen pronunciamientos como el del Tribunal Superior de Bogotá, que le exigió a Álvaro Uribe retractarse de un trino en donde acusó a Daniel Coronell de tener “actitud mafiosa". La obligación que antes solo tenían los medios ante una equivocación expuesta públicamente, se le trasladó al senador del Centro Democrático, en tanto es un funcionario público investido de representación, que tiene el deber de actuar con diligencia en sus declaraciones y evitar estigmatizar, exponer al odio o atribuir hechos falsos a los periodistas. 

Luisa Fernanda Isaza, Coordinadora de Defensa y Atención de Periodistas en la FLIP (Fundación para la libertad de prensa) asegura que en caso de que el senador Zabaraín quisiera materializar un proyecto de ley para el control de la redes sociales este “sería inviable porque atenta contra la Constitución y la Comisión Americana de Derechos Humanos”. Además, afirma que si se crea una categoría de “publicaciones abusivas” esto obligaría a proveedores como Facebook o Twitter "a bajar los contenidos que sean considerados de esta forma, incluso estando protegidas por la libertad de expresión y lo harían para no correr el peligro de ser vinculados a un proceso judicial".

“We Are Social’, agencia que analiza el marketing digital a nivel mundial, calcula que en Colombia hay 29 millones usuarios de internet activos. Sobre esta base, la delegada de la Flip asegura que la afectación de un control sobre sus expresiones provocaría una afectación masiva en los usuarios del país.