Conversaciones peligrosas

Aunque en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar –especialmente en Valledupar–, Hugues Manuel Rodríguez Fuentes es un hombre bastante conocido, a la mayoría de los colombianos su nombre no les debe decir nada. Sin embargo, para las agencias antinarcóticos internacionales Rodríguez no sólo es ‘muy popular’ sino que está considerado desde hace varios años como un peso pesado en el mundo del tráfico de drogas. De hecho, está solicitado en extradición por una corte de Estados Unidos, que lo acusa de ser un capo que exportó varias toneladas de cocaína a ese país en sociedad con uno de sus mejores amigos: el ex jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Por eso sorprende que en una triangulación de conversaciones del narcotraficante aparezca la voz de la hoy directora del CTI, Marilú Méndez, en momentos en que era jefa de esa oficina en Santa Marta.

De acuerdo con las investigaciones en su contra, Rodríguez comenzó en la mafia hace casi una década. Una de sus principales funciones en el mundo de narcotráfico era la de utilizar sus contactos con rutas privilegiadas y seguras, principalmente por Venezuela. Por años, la mayoría de sus ‘clientes’ fueron narcos de diferentes estructuras de traficantes en la Costa Atlántica, que acudían a él para sacar la droga hacia el exterior.
Amparado por la fachada de ser uno de los ganaderos más prósperos de Valledupar, Hugues Rodríguez se movía como pez en el agua en el cerrado círculo social de la capital de Cesar. Tras el secuestro de una de sus hermanas por parte de la guerrilla, Rodríguez estrechó aún más su relación con ‘Jorge 40’ y, aparte de generosos aportes económicos al Bloque Norte, se convirtió en una pieza fundamental para la exportación de coca por parte del grupo paramilitar.

Rodríguez también se transformó en testaferro, y en hombre fuerte para lavar parte de los millonarios ingresos producto del narcotráfico que recibían el Bloque Norte y ‘Jorge 40’.  En Valledupar era tan conocida la estrecha colaboración con ‘Jorge 40’, que Rodríguez era conocido con el alias de ‘Comandante Barbie’. Poco tiempo después del asesinato de una jueza de Becerril (Cesar), Marilis Hinojosa Suárez (enero de 2003), Hugues Rodríguez empezó a ser requerido por las autoridades colombianas por el delito de concierto para delinquir. En junio de 2004, una corte del Distrito de Columbia (Washington) lo pidió en extradición por narcotráfico.

Cuando agentes antinarcóticos comenzaron en firme la ‘cacería’ para dar con el paradero de alias ‘Barbie’, interceptaron decenas de líneas telefónicas del capo y de gente cercana a él y a su organización. A comienzos de agosto de 2004 empezaron a detectar una serie de llamadas entre Rodríguez y quien –de acuerdo con las comunicaciones– parecía un enlace importante del narcoparamilitar. Cuando establecieron la identidad del hombre que le ayudaba a Rodríguez con múltiples tareas, los agentes antinarcóticos quedaron desconcertados. Y no era para menos. Se trataba de Jaime Campos, un suboficial activo del Ejército colombiano que trabajaba en inteligencia militar.
La desagradable sorpresa que se llevaron los agentes internacionales aumentó cuando en muchas de las llamadas establecieron que una de las personas que aparecía en las conversaciones era nada más y nada menos que Marilú Méndez, entonces directora del CTI del Magdalena, y quien hace año y medio fue ascendida por el fiscal Mario Iguarán al altísimo cargo de directora nacional del CTI.

Las agencias internacionales antidrogas pasaron del desconcierto a una gran preocupación. Como directora del CTI no sólo tenía bajo sus órdenes a un ejército de investigadores –columna vertebral de la Fiscalía–, sino que además tenía acceso a información privilegiada. Es más, de las pesquisas que adelantan los miembros del CTI, depende el éxito o el fracaso de una investigación. SEMANA tuvo acceso a varias horas de grabaciones que causaron la inquietud de las agencias internacionales. El tono de las conversaciones y sobre todo la secuencia dejan en claro el porqué del malestar de los organismos extranjeros de la lucha antidrogas (ver recuadro grabaciones). Ellas hablan por sí solas.

El caso de Eduardo Méndez

Pero el caso de Hugues Rodríguez no es el único incómodo para la directora del CTI. En febrero de este año, el entonces presidente del equipo de fútbol Santa Fe, Eduardo Méndez Bustos, fue requerido por las autoridades estadounidenses para que respondiera por una fuga de información que favorecía a narcotraficantes. En concreto, se estableció que Méndez le había avisado a un narcotraficante colombiano, Rafael Caicedo Estrada, que la justicia del país del norte estaba tras él. Caicedo, desde luego, huyó.

En abril pasado, Eduardo Méndez, en la Corte Federal de Miami –en calidad de procesado–, le contó a la Fiscalía colombiana cómo se había hecho a tan privilegiada información o, mejor, cómo había infiltrado al CTI. Empezó por recordar que por un investigador del CTI, llamado Vladimir Flórez, se enteró de que a Caicedo lo requería la justicia. El pago de Caicedo por ese favor fue de 200 millones de pesos, que se repartieron entre Méndez y Flórez. Otro efectivo del CTI, Fernando Vera, también está salpicado en el escándalo por haber sido quien presentó a Méndez y a Flórez.
Como hecho curioso, y pese a documentadas informaciones de prensa, en la declaración que rindió Eduardo Méndez en Miami, la Fiscalía nunca le preguntó por sus presuntos nexos con otros funcionarios y ex funcionarios judiciales que al parecer estaban a su servicio. Todo se limitó a Flórez y a Vera, quienes terminaron por fuera de la Fiscalía, el primero por insubsistencia y el segundo por renuncia voluntaria. Cuatro meses después, y pese a la contundencia de la declaración de Eduardo Méndez, nada ha pasado en la Fiscalía con Flórez y Vera. “Mi cliente, Fernando Vera, fue escuchado en versión libre el pasado martes. Pero que quede claro que fue por petición nuestra”, advirtió el abogado Iván Cancino.

“Yo estoy tranquila”

El jueves pasado, SEMANA se reunió con la directora del CTI, Marilú Méndez, quien empezó por advertir que no se sentía comprometida ni con el tema de Hugues Rodríguez ni con el de Eduardo Méndez. “Yo misma les pedí a las autoridades de Estados Unidos que nos permitieran entrevistar al señor Eduardo Méndez para que nos dijera cuáles eran los funcionarios del CTI que le pasaban información. Y así se hizo”, observó la funcionaria. “A Eduardo Méndez lo conocí una sola vez a través de uno de mis subalternos, quien me dijo que él nos podía ayudar en una investigación. No más”, advirtió.  

Respecto del caso Hugues Rodríguez, Marilú Méndez explicó que cuando fue directora del CTI en Ibagué realizó varios trabajos de inteligencia con el suboficial Jaime Campos contra varios frentes de las Farc en Tolima. “Él era el enlace entre el CTI y el Ejército”, dijo. Añadió que las grabaciones que le puso de presente SEMANA, en efecto, eran de ella con Campos, pero advirtió que no conocía a Hugues Rodríguez y que de él sólo supo hace un año.

Marilú Méndez recordó que para la época de las grabaciones, ella se desempeñaba como directora del CTI en Santa Marta y que, en cierta oportunidad, el sargento Campos la llamó desde Bogotá para que le ayudara con la judicialización de dos reinsertados en Santa Marta. “De la plata que hablundefinedamos en las grabaciones, era para la manutención de los reinsertados, pues a ellos hay que darles alimentación, hospedaje, transporte... Eso está demostrado”, comentó.  “Cuando me enteré de que había medios de comunicación que tenían esas grabaciones, yo misma puse la denuncia y les informé del tema al doctor Mario Iguarán y al general Mario Montoya”, advirtió.
La denuncia a la que hace referencia la directora del CTI no ha avanzado. Fue interpuesta ante fiscal delegado ante el CTI, quien le explicó a SEMANA que en su despacho cursa una pesquisa por el delito de revelación de secreto, que se castiga con multa y pérdida de empleo. Hasta el momento, dijo, no hay ninguna persona vinculada, y sólo en abril pasado se escuchó al suboficial Campos, quien se defendió con el argumento de que la tercera persona que aparece en las grabaciones (Hugues Rodríguez) era para él una fuente humana que lo nutría de información en su calidad de investigador y no un narcoparamilitar. Para el fiscal del caso, incluso, no está establecido que la tercera persona de que hablan sea el narcoparamilitar Hugues Rodríguez.

A la pregunta final de si –tras las comprometedoras conversaciones con Hugues Rodríguez– consideraba que el sargento Campos era un delincuente, Marilú Méndez respondió: “Para mí es un sargento. Yo no conozco la investigación. En 2003 ó 2004, ¿sería que ese sargento sabía con quién estaba hablando, si es que ellos también buscan fuentes de información?”