Excoronel que asesinó a su esposa pide cupo en Tribunal de Paz

“El 29 de septiembre del 2009, a las 8:30 am, un trabajador que se encontraba arando los terrenos de la hacienda San Isidro, en el municipio de Alvarado (Tolima), encontró dentro de una bolsa negra la cabeza de un ser humano con la cara totalmente desfigurada por heridas causadas con un elemento cortante”.

Así comienza la sentencia con la que en marzo del 2011, el juez primero penal de Ibagué sentenció a 33 años de cárcel al comandante de la Policía del Tolima coronel Joaquín Enrique Aldana Ortiz. El oficial, hasta ese momento condecorado con casi 400 honores, se convirtió en el rostro de uno de los asesinos más despiadados del país cuando se comprobó que la cabeza correspondía a la de Erika Cecilia Yeneris, su esposa.

En la entrada de la Hacienda San Isidro fue hallada una bolsa con la ropa de ella; en la carretera que de Ibagué conduce a Chípalo, en la hacienda San José, estaba el tronco sin vísceras; una semana después en otra finca, La Leticia, fue hallado un muslo. Antes de morir, a Erika le fueron propinadas 58 cortadas, al igual que el corte de una parte de su dedo meñique. Después de su muerte fue descuartizada.

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Es uno de los casos más escabrosos que presenció el país y que produjo una gran indignación por tratarse del aterrador crimen cometido por un oficial del más alto rango para el departamento del Tolima. Aunque la justicia cerró ese capítulo cuando la sentencia quedó en firme y fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, el exoficial, desde la cárcel La Picota de Bogotá, acaba de hacer una jugada jurídica para lograr su libertad. 

Semana.com conoció que el exoficial solicitó a través del Ministerio de Defensa que su nombre sea considerado dentro de los beneficios de la libertad condicional que les aplica a los miembros de la Fuerza Pública que cometieron conductas delictivas en el marco del conflicto y que llevan más de cinco años detenidos. Esto a cambio de que se sometan a las reglas de la justicia transicional y contribuyan a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

Por la deuda que tiene con la justicia, no parece posible que Aldana tenga posibilidad de ser cobijado por los beneficios de la JEP, que establece penas alternativas hasta de ocho años por crímenes graves. Sin embargo, será el Ministerio de Defensa el encargado de darle una respuesta a la solicitud; en caso de pasar este filtro, será la Secretaría Especial de la JEP la que se encargará de verificar si su petición es viable.

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Precisamente, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que firmó una resolución con 817 nombres de uniformados que buscan pista para ir a la Jurisdicción Especial para la Paz.

La justicia pudo probar la responsabilidad de Aldana en el crimen porque al hacer una operación con luces Blustar y filtro de luz blanca en su lugar de vivienda encontraron los rastros de sangre de su esposa. También bolsas blancas que contenían Ajax, blanqueador y camisetas del exoficial en su paso por la Policía. Las investigaciones revelaron también que encontraron también que dentro del PC de Erika se había introducido un programa espía que permitía conocer los diálogos y correos electrónicos que compartía a través de internet.

Fue una investigación exhaustiva que permitió que el exoficial esté hoy tras las rejas. Dependerá del Gobierno y la JEP dar la última palabra sobre si este macabro capítulo de la violencia se termina colando en los beneficios diseñados para ponerle fin al histórico conflicto con las FARC.

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