El escándalo de los POT ‘mágicos’

Decenas de alcaldes locales encontraron una fórmula mágica para enriquecerse. La llaman ‘volteo de tierras’ y consiste no en desfalcar el erario, sino en desfigurar a la ciudad misma. La receta es tan simple como silenciosa: entre los asuntos que cotidianamente tramitan los alcaldes y los respectivos Concejos Municipales se introducen propuestas de ajustes a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). Parecen reformas menores, pero escondida va alguna que hace el milagro. Así, de la noche a la mañana, el municipio amanece con variaciones en el uso del suelo, de tal forma que terrenos que eran agrícolas se agregan al perímetro urbano con todo lo que ello implica. El propietario de esa faja de tierra se acuesta como agricultor y despierta convertido en rico urbanista.

El exalcalde de Mosquera Luis Álvaro Rincón Rojas fue el primero en ser llamado a rendir cuentas ante la Justicia por esta modalidad emergente de corrupción. El mandatario de este municipio, vecino occidental de Bogotá, frotó la lámpara el 30 de diciembre de 2009. Ese día el Concejo Municipal aprobó el proyecto de acuerdo que días antes había presentado Rincón, en virtud del cual modificó el POT para que una vía estratégica pasara por una zona rural que quedaba incorporada al suelo urbano. El ‘volteo’ de esa tierra hizo el milagro: el lote, que costaba 1.200 millones, en vísperas del Año Nuevo ya valía 3.800 millones. Y el afortunado propietario resultó ser el propio alcalde Rincón, por lo que se solicitará su detención.

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Además del exmandatario, la Fiscalía llamó a audiencia de imputación de cargos –por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito– a su esposa, Edith Rocío Peñuela, al exinspector de Policía Wilson Romero Castro, al concejal Víctor Julio Castellanos Jiménez y al contratista Ernesto Pinto Salazar. En la audiencia, programada para el martes 25 de julio, el ente investigador expondrá los intríngulis del caso en el que la esposa de Rincón se habría prestado para aparecer como la compradora del predio mientras que el concejal y el inspector sirvieron de intermediarios. La Fiscalía cuenta con pagarés por al menos 40 millones de pesos a favor de Castellanos, quien habría sido determinante en el milagroso negocio del exalcalde y su socio Pinto.

Pero el caso de Mosquera es apenas uno. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, asegura que “lamentablemente los POT, instrumentos de planeación, se están usando como mecanismo de corrupción. Además de la de Mosquera, tenemos 31 investigaciones en curso sobre esta materia”. El fiscal le precisó a esta revista que 31 investigaciones significan igual número de municipios bajo la lupa. Una buena cantidad de estos está en el entorno de Bogotá. Y la explicación es que debido a la falta de tierra en la capital los municipios de la sabana se convirtieron en una opción interesante. Pero lo que debería ser una valiosa oportunidad de desarrollo a mediano plazo, se está tornando en un inminente colapso por cuenta de las manipulaciones de los POT.

“Hemos evidenciado un ‘modus operandi’ en el que alcaldes, funcionarios, políticos y contratistas se están enriqueciendo a cambio del crecimiento desordenado, sin vías, sin servicios, sin espacio público y sin tratamiento de aguas residuales, y esos son problemas que harán colapsar los municipios”, explica el senador Carlos Fernando Galán, quien ha investigado el fenómeno en 15 municipios de Cundinamarca. El senador, tras más de un año de indagaciones, encontró algo tan escandaloso y amplio que decidió ponerse en contacto con la Fiscalía y trasladó allí documentos, entrevistas y hasta testigos de todo lo que estaba ocurriendo.

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Pero las carpetas y demás información llegaron a la Unidad contra la Corrupción, hasta hace unas semanas coordinada por Gustavo Moreno. Como se sabe, este fiscal cayó por recibir coimas en Miami del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, sindicado por 20 delitos. Ahora Moreno afronta un proceso en Colombia al tiempo que Estados Unidos lo requiere en extradición. Tras la captura de Moreno, el senador Galán se comunicó con el fiscal general quien le anunció que él mismo estaba revisando el asunto de los POT, y que pronto se conocerían las primeras determinaciones. Con el llamado a imputación contra el exalcalde de Mosquera el fiscal general está cumpliendo su palabra. Vendrán más determinaciones.

De los municipios vecinos de Bogotá, el caso de Cajicá ha llamado en particular la atención. Allí el ‘volteo de tierras’ fue aún más exótico. No solo se agregaron al perímetro urbano parcelas próximas a este, sino que se han detectado fincas totalmente alejadas ahora habilitadas para desarrollar proyectos urbanísticos.

Las autoridades, por ejemplo, indagan la operación que se dio sobre un terreno de 58 hectáreas de suelo agrológico transformado en área urbanizable, en donde se proyecta construir cerca de 10.000 viviendas nuevas en torres de hasta 8 pisos. El entonces alcalde Óscar Mauricio Bejarano expidió el 22 y 30 de diciembre de 2015, a una semana de terminar su mandato, dos planes parciales que permitieron semejante revolcón. Además, justo el 30 de diciembre la CAR emitió un concepto preliminar, pero se requería una resolución definitiva. Bejarano le dijo a SEMANA que las fechas del trámite no tienen nada de raro, y que el alcalde actual bien puede anular los planes parciales (6 en total) expedidos por su administración. “Lo que concreta una obra es una licencia de construcción y no expedimos licencias”, sostiene. Tanto la Fiscalía como la Procuraduría tienen investigaciones abiertas para determinar hasta dónde los planes parciales de Bejarano afectaron a cerca de 60.000 habitantes de Cajicá.

En Tenjo, Tabio, Cota, Chía y Facatativá, al norte de la capital, Funza y Madrid, al occidente, y La Calera, al oriente, las autoridades están revisando las actuaciones en torno a sus Planes de Ordenamiento Territorial. Pero el lío trasciende la sabana de Bogotá. La Procuraduría ha detectado tres departamentos con una situación particularmente crítica: Cundinamarca, Quindío y Casanare. El Ministerio Público prepara un esquema de intervención preventiva que extenderá a todo el país. Los POT se convirtieron en el motor principal de la corrupción a nivel urbano. Una mancha que se extiende por todo el país y viola todas las normas ambientales. Y las autoridades de esa materia miran para otro lado”, asegura el procurador Fernando Carrillo.

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Efectivamente, las autoridades han encontrado que típicamente la manipulación de los POT se logra gracias a componendas entre la respectiva Alcaldía, la Corporación Ambiental Regional (CAR) y las mafias de constructores. Las consecuencias de ese perverso maridaje ya se ven. No solo aparecen urbanizaciones carentes de agua potable, redes de alcantarillado y fluido eléctrico, sino trancones monumentales en municipios que no los conocían. Incluso se destruyen las fuentes hídricas como en Armenia, cuyo paisaje cafetero es patrimonio de la humanidad, y en donde se están levantado edificios en las rondas de los ríos y quebradas.

El país vio uno de los resultados más penosos del desorden territorial en Mocoa, Putumayo, en abril pasado. La Procuraduría adelanta una investigación para determinar cómo se modificó allí el POT para permitir urbanizaciones en las laderas del río. Esa medida le costó la vida a más de 300 personas sepultadas en la avalancha.