Corte Constitucional pide cuentas por vacuna contra el virus del papiloma humano

Como muchos temas en este país, las enfermedades crónicas que empezaron a padecer menores de edad que recibieron la vacuna contra el virus del papiloma pasó al olvido sin que se esclareciera si su aplicación fue la causante de esa problemática. Sin embargo, una tutela que fue escogida para revisión por la Corte Constitucional promete develar el misterio.

La demanda fue interpuesta por la familia de una niña de Cali (Valle) que hoy padece una enfermedad ósea que aparenta ser la consecuencia de la vacuna. La pequeña ha sido valorada por especialistas de diversas áreas que no han logrado precisar con certeza lo ocurrido. Por eso, la corporación les pidió a las autoridades que ofrezcan explicaciones sobre las consecuencias de la aplicación de la vacuna.

En el 2012 el Gobierno lideró una campaña para prevenir el cáncer de cuello uterino. Con esa intención, las autoridades de salud establecieron un plan a gran escala que garantizó la aplicación gratuita de la vacuna contra el virus del papiloma humano en todo el país. Niñas menores de 12 años empezaron a recibir la dosis en todas las regiones de Colombia.

No obstante las nobles intenciones de las autoridades, los resultados de la campaña no fueron todo lo exitoso que se esperaba. Un brote de enfermedades crónicas de niñas que recibieron la vacuna en Carmen de Bolívar (Bolívar) encendió las alarmas a mediados del 2013.

Casos como estos se empezaron a conocer en distintos lugares de Colombia. Así le ocurrió a la menor de Cali (Valle), que fue otra de las beneficiarias del plan único de vacunación. Luego de la tercera dosis, que se le aplicó en marzo del 2013, empezó a experimentar fuertes dolores musculares que la obligaron a ella y a su familia a consultar diferentes estamentos de salud.

Dado que ninguno de los médicos que examinó a la pequeña logró ofrecer un diagnóstico claro de lo que estaba ocurriendo, acudieron a profesionales de The Great Plains Laboratory Inc en Lenesa, en Kansas (Estados Unidos). Según los investigadores de esa institución, las dolencias físicas de la menor habían sido ocasionadas por la presencia en su organismo de metales pesados como plomo, aluminio, cadmio y plata.

Otro galeno consultado por la familia en el Hospital Universitario del Valle explicó que las vacunas contra el virus del papiloma humano son coadyuvantes del aluminio, lo que reforzaría esa tesis. Al final, la niña fue diagnosticada por su EPS como portadora de fibromialgia juvenil, una enfermedad que causa dolores en los huesos, ocasiona fatiga severa, alteración del sueño y otros síntomas.

Ante la supuesta evidencia científica de la relación entre los daños en la salud de la pequeña y la aplicación de la vacuna, su familia exige un tratamiento integral para ella. Además, busca que el Ministerio de Salud y demás entidades se vean obligadas a establecer un protocolo que rija el suministro de las dosis, no sin antes aclarar cuáles son los riesgos del procedimiento. Así lo plasmaron en su demanda.

Antes de decidir cuáles son las responsabilidades de estas entidades, la Corte instó a organismos de vigilancia y control a establecer cuáles son los efectos colaterales de la vacuna. De ahí que le pidiera al Invima certificar las condiciones sanitarias del producto. Posteriormente, el ente de control a alimentos y medicamentos debe enviar una muestra representativa a la Secretaría de Salud de Bogotá. Esa institución debe practicar una prueba toxicológica que permita a la Corte cerciorarse de los efectos negativos de la vacuna en los organismos de las niñas.

Adicionalmente, la Corte le pidió a Instituto Nacional de Salud, a la Asociación Colombiana de Reumatología y al Instituto Nacional de Cancerología que informen si hay estudios que demuestren los efectos negativos y contraindicaciones de la vacuna contra el virus del papiloma humano.

Para el tribunal, la academia también debe participar en el análisis de este expediente. Por eso, les solicitó a las universidades Nacional, Javeriana, de Antioquia, de los Andes, Industrial de Santander y del Valle que indiquen si existen estudios que evidencien la presencia de metales en las dosis y los efectos que generarían en la salud de las personas.

La misión del organismo judicial es establecer si las autoridades de salud violaron el derecho fundamental a la salud de las niñas por no haber advertido previamente sobre los presuntos efectos negativos en la aplicación de la vacuna.