Corte Penal Internacional desaprueba trato distinto a militares en la JEP

El Centro Internacional para La Justicia Transicional, una ONG que ha apoyado más de 20 procesos transicionales en el mundo, trajo a Colombia a James Stewart, vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), quien es reconocido internacionalmente por su experiencia en los tribunales internacionales de Ruanda y Yugoslavia. “Si tenemos algún mensaje para transmitir en esta ocasión es este –declaró Stewart–: permitan que los magistrados de la JEP hagan su trabajo. Apóyenlos en todos los aspectos necesarios”.

Stewart advirtió que la Fiscalía de la CPI ve con malos ojos el proyecto de acto legislativo que impulsaba la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. Ese proyecto, originalmente, planteaba introducir en la JEP salas especiales para el juzgamiento de miembros de las Fuerzas Armadas, las cuales actuarían como órgano de última instancia y podrían anular cualquier decisión tomada por otras secciones de la justicia transicional y de instituciones fuera de ella. El Congreso ya había aprobado la suspensión del juzgamiento de militares por 18 meses para dar plazo suficiente a la instauración de un proceso diferenciado en beneficio de los militares.

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Sin embargo, el pasado miércoles el proyecto de Valencia fue aprobado en la Comisión Primera del Senado bajo la condición de que se limitará a la inclusión de 14 nuevos magistrados que no serán una sección especial sino que deberán sumarse a la arquitectura de la JEP, tal como hoy existe.

Aunque en el Congreso se firmó un acuerdo, el mismo habilita al uribismo para poder insistir con su propuesta de cambios estructurales a la JEP a través de otras iniciativas. “Sería necesariamente vista de manera negativa la creación de una sección y un procedimiento separado para las fuerzas militares, que cree un mayor retraso en la realización de la justicia para casos que requieren atención urgente”, dijo al respecto el Vice-fiscal de la CPI.  

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Desde hace 10 años, bastante antes de que hubiera acuerdo entre el gobierno y las FARC, Colombia entró a examen preliminar por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esto quiere decir que la CPI considera que en nuestro país han ocurrido crímenes de su jurisdicción y que observa atentamente las medidas que toma y deja de tomar el Estado para judicializarlos. En caso de que la Corte llegara a la conclusión de que el Estado en Colombia es incapaz de procesar esos delitos o simplemente le falta voluntad para hacerlo, el tribunal estudiaría la posibilidad de intervenir para que esas atrocidades no queden impunes.

Pero no parece ser ese el caso pues Stewart aseguró que la operación de la JEP hasta el momento ha sido “impresionante”. Aplaudió que la jurisdicción de paz ya tenga fijadas su prioridades y que sus magistrados estén “apasionadamente comprometidos” con su misión. “Qué más puede uno pedir”, preguntó. Su intervención se dio en el foro titulado “Complementariedad: Papel de los tribunales nacionales y la CPI en el enjuiciamiento de crímenes internacionales”.

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Allí el vicefiscal recibió un cuestionamiento de un miembro del público, que le preguntó si tener asiento en el Congreso era una pena proporcional para un criminal de guerra o de lesa humanidad, en alusión a las curules que ocupan hoy una decena de ex integrantes de las Farc. Stewart señaló que ese es un punto de insatisfacción genuina y que el tribunal internacional lo entendía. Agregó que no consideraba apropiado comentar sobre el asunto “más allá de decirles a quienes albergan esta preocupación: los escucho”, concluyó.