La desmotivación del personal del CTI asignado a la Corte Suprema

Desde hace meses que las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia no producen noticias de alto impacto. Muchos culpan a los magistrados de estar más interesados en polémicas que no tienen que ver con la administración de justicia, pero lo cierto es que la Sala Penal de hoy enfrenta serias dificultades para poder avanzar en sus indagaciones.

A parte del déficit de investigadores, Semana.com conoció testimonios del personal del CTI que trabaja para la Corte en los cuales se evidencia un enorme descontento por sobrecarga de labores, falta de recursos y varias promesas incumplidas, cuestiones que tienen al personal laborando en condiciones de verdadera frustración.

La Corte cuenta con un grupo de trabajo de 22 profesionales del CTI que adelantan todas las tareas relativas a la recolección de elementos materiales de prueba. Son los que nutren las investigaciones que se adelantan contra los congresistas, a través de diligencias de allanamiento, interrogatorios y demás.

Hasta hace algún tiempo esa célula era conformada exclusivamente por profesionales de gestión que ocupaban exactamente el mismo rango. Con la reestructuración de la Fiscalía, se dispuso la creación de cinco cargos de investigador experto que ocuparían un rango más alto en el equipo, como una especie de coordinadores.

Según ellos, la promesa para los integrantes del equipo era que, con la creación de la Universidad del ente investigador, tendrían la oportunidad de reforzar sus conocimientos como investigadores, lo que les permitiría aspirar a ascender hacia esas nuevas plazas, mejor remuneradas.

Sin embargo, dicen, nada de eso se cumplió. Nunca recibieron las capacitaciones y, por supuesto, tampoco pudieron ocupar esos cinco nuevos espacios que fueron llenados por personal ajeno a ese grupo de trabajo del CTI que labora para la Corte Suprema.

Lo peor de todo, según los afectados, es que hay muchos casos en los cuales quienes se quedaron con esos cargos no tienen todo el conocimiento que se requiere para adelantar muchos procedimientos y son ellos, como inferiores funcionales, quienes deben explicarles a los investigadores expertos cuáles son los requisitos de ciertas labores de inspección. 

Pero eso no es todo. La falta de los recursos necesarios para cumplir las labores de este grupo investigador ha sido tan agobiante que, dicen, ha habido casos en los que tienen que sacar dinero de sus bolsillos para poder cubrir los gastos de traslados internos de los testigos que son contactados para declarar fuera de Bogotá, en áreas apartadas de la geografía nacional.

Para colmo de males, la mayor parte de sus actuaciones deben adelantarse en zonas donde los grupos al margen de la ley son los que mandan la parada. Muchas veces deben trasladarse a algunos de los lugares más recónditos y amenazados de departamentos como Arauca o Córdoba y no cuentan ni siquiera con la asistencia de personal de seguridad, pues no tienen escoltas.

Al final, muchos de estos 17 profesionales de gestión sienten que son más los riesgos y los sacrificios que tienen que pasar que la remuneración y los incentivos que les corresponde or prestar sus servicios. Y, aunque dicen seguir comprometidos con la Corte, no ocultan su creciente desmotivación.