La Cancillería informó el jueves que notificó la medida a la embajada de Colombia. El anterior gobierno, del presidente Ricardo Martinelli, que otorgó ese estatus a la exfuncionaria en noviembre del 2010, también había rechazado esa petición en su momento.
"La resolución se basa en que las leyes panameñas y convenios internacionales impiden a Panamá conceder una extradición que ha sido negada anteriormente con los mismos fundamentos y respecto a la misma persona, tal como fue el caso en mención", indica el pronunciamiento oficial panameño.
A la extitular del Departamento Administrativo de Seguridad colombiano se le requiere en su país para que responda ante la justicia sobre las acusaciones de que formó parte de una red de espionaje a magistrados, activistas, periodistas y opositores durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Hurtado perdió el estatus de asilo después que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la medida en mayo.
Varela admitió durante la visita del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a fines de julio, que desconocía del paradero de Hurtado y que en el caso de tomar una decisión sobre su situación, lo haría respetando las leyes nacionales y los tratados internacionales.
Aunque la autoridad migratoria de Panamá asegura que no tiene información de que Hurtado haya salido del país, diversas versiones periodísticas han reportado la posibilidad de que se haya ido a la vecina Costa Rica. Pero las autoridades costarricenses tampoco han confirmado la presencia de la exjefa de inteligencia en su territorio.
Manuel González, canciller de Costa Rica, dijo que su país colaborará en caso de determinar la presencia en suelo costarricense de la exdirectora del DAS requerida en su país por varios delitos.
"Estamos atentos trabajando con las autoridades migratorias y policiales para que podamos brindar la colaboración que nos ha pedido el gobierno de Colombia", puntualizó el jefe de la diplomacia costarricense.