Crece negocio de los votos

La bola de nieve de las denuncias de fraude en las elecciones del 14 de marzo sigue creciendo. La situación se ha vuelto tan dramática que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marco Emilio Hincapié, tuvo que trasladar su oficina a Corferias para supervisar el recuento de los votos.

SEMANA denunció en ediciones pasadas escandalosos hallazgos en Jamundí, Cerrito y Cartago (Valle), Soledad (Atlántico) y Magangué (Bolívar). Y al CNE le han llegado quejas sustentadas de otros nueve departamentos, Córdoba, Magdalena, Chocó, Sucre, Cauca, Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Santander. Por esta razón los magistrados ordenaron el traslado de los votos a Bogotá para hacer el recuento. En el pabellón número siete de Corferias están trabajando intensamente cerca de 100 personas para tratar de dilucidar el tamaño del fraude y, según Hincapié, como van las cosas no será fácil determinar quiénes integran el Congreso que se estrena el próximo 20 de julio.

Andrés Guerra Hoyos, candidato del Partido de la U al Senado, presentó la última denuncia. El hijo del otrora cacique liberal Bernardo Guerra, con cuadros estadísticos en mano, muestra cómo a las 3:30 de la madrugada le "robaron", dice, la curul.

A esa hora, con el 90 por ciento de las mesas escrutadas, Guerra estaba elegido. Pero en el boletín siguiente que apenas escrutó el 1,4 por ciento más de los votos, el candidato Jorge Ballesteros, que estaba 15 puestos por debajo de él, en la lista de la U, dio un salto que no tiene explicación estadística posible: de 16.000 votos que tenía pasó a 33.500. Es decir, al contar un porcentaje de apenas el 1 por ciento de la votación total, le aparecieron votos de los que había recogido en el 90 por ciento restante. Algo similar ocurrió con Fuad Rapag, de Magdalena, también de la U, que creció de 18.860 votos a casi 33.000 con el conteo del 6 por ciento de las mesas.

Pero más allá de estos extraños casos de crecimiento de votos, lo más escandaloso es lo que reveló el mismo Andrés Guerra a SEMANA. "En un café de la calle 116 en Bogotá, un 'lobbysta' que hace contactos con funcionarios electorales me dijo que había una bolsa común de 1.200 millones hecha por candidatos de Chocó, Magdalena y Guajira para sostener el fraude en el recuento. Él me insinuó que si yo podía ofrecer más. Pero de una le dije que ni los tenía ni me interesaba".

Esa declaración se suma a un explosivo documento que tienen en sus manos tanto el registrador, Carlos Ariel Sánchez, como el presidente del CNE. Se trata del cruce de datos de los E-14 (el formato que utilizan los jueces de cada mesa para registrar el número de votos de cada candidato) y el E-24 (que consolida los datos para cada candidato en las mesas de cada departamento) que muestran el tamaño de la irregularidad.

En el caso de Astrid Sánchez Montes de Oca, también de la U, las tablas muestran que en el Chocó le aparecieron como por arte de magia 10.539 votos. Es decir, votos que no aparecían en los E-14 y luego sí en los E-24. Prácticamente en cada una de las 330 mesas del Chocó le pusieron votos de más. Y en algunos casos hasta más de 100 por una mesa. Astrid es parte de un clan familiar cuestionado: a su hermano Patrocinio, gobernador del Chocó, lo destituyeron hace poco y su hermano Odín, congresista, está detenido por parapolítica. En esas mismas tablas aparece que en el Magdalena le pusieron 6.000 votos a Fuad Rapag.

El fraude electoral sigue siendo escandaloso. Más allá del caso concreto de Guerra, que se parece al de congresistas como Rodrigo Lara, hoy en el limbo, ya comenzaron a denunciar otros como Juan Carlos Vélez, que tiene su puesto asegurado pero denunció a SEMANA que se le perdieron 7.000 votos.

Los implicados no han querido referirse al tema. El magistrado Hincapié, con una evidente preocupación, decía: "El sistema electoral hizo agua, no da las garantías suficientes".