¿Crimen de Estado?

El testimonio fue tan aterrador como sorpresivo. Hace unos meses se presentó a la Fiscalía un señor que quería compartir con la justicia los 20 días de infierno que vivió en noviembre de 1985 en manos de militares colombianos. Había sido detenido el 7 de ese mes en Zipaquirá, como parte de las operaciones que adelantó la Fuerza Pública para buscar posibles cómplices de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Se le acusó de ser el responsable del ingreso de las armas que utilizaron los guerrilleros. Fue llevado a las caballerizas de la Brigada XIII y allí lo torturaron. En su relato ante la justicia describió cómo le pusieron "cables eléctricos en los genitales" para que confesara su participación. No pudo, a pesar del dolor, ya que era ajeno al hecho. Después de casi tres semanas, sus interrogadores aceptaron su versión, no sin antes advertirle que si los denunciaba, su vida no valdría "ni tres pesos". Le reiteraron esa amenaza en los meses siguientes. Sabían dónde vivía y quiénes eran sus familiares. Ante eso, optó por el silencio. Decidió contar su historia cuando vio que por primera vez -22 años después de la tragedia- la justicia parecía por fin interesada en investigar a fondo las actuaciones de la Fuerza Pública.

Ese testimonio es apenas una de las pruebas avaladas por la Fiscalía General que sirvieron como base para ordenar la captura del coronel retirado Alfonso Plazas Vega por su presunta corresponsabilidad en la desaparición forzada de dos ciudadanos colombianos: la guerrillera Irma Franco y el civil Carlos Rodríguez. Sobre Cristina del Pilar Guarín, otra desaparecida, aplazó la determinación para cotejar una nueva prueba de reconocimiento. La Fiscalía ha logrado comprobar que esas personas salieron vivas del Palacio de Justicia y fueron llevadas por soldados a la Casa del Florero. Todo está contenido en una providencia de más de 150 páginas a la cual SEMANA tuvo acceso. Hay testimonios inéditos, documentos oficiales reveladores y declaraciones de testigos que durante años fueron sepultadas en los polvorientos archivos de la impunidad, pero que hoy la justicia valora de una manera muy diferente.

La providencia es explosiva: habla de ejecuciones extrajudiciales y torturas, y pone en tela de juicio la historia oficial de esos dos días que estremecieron a Colombia. Cuenta cómo desde antes la Fuerza Pública sabía de la toma. Cómo se inició el incendio que arrasó el edificio. Presenta su propia interpretación de por qué la retoma se hizo de una manera tan avasalladora. Cuestiona con documentos y otras evidencias la afirmación del gobierno y de los militares de que se hizo todo lo posible para proteger las vidas de los rehenes. Fue, según la Fiscalía, más una acción de aniquilamiento que una operación de rescate. Explica en blanco y negro cómo era el manejo de los detenidos y no deja dudas sobre las desapariciones.

Cada afirmación de la providencia está sustentada en documentos, testimonios y otros elementos probatorios. Aplicando el sentido común -el que busca encuentra-, la Fiscalía se embarcó a escarbar durante dos años cada rincón de las guarniciones y oficinas militares. A revisar declaración tras declaración. Y descubrió de todo. SEMANA reconstruyó los principales hallazgos de la Fiscalía.

El Ejército sabía que se venía una toma

Un primer dato sorprendente: desde agosto de 1985 -tres meses antes de la toma-, los organismos de inteligencia sabían que el M-19 planeaba una operación contra el Palacio de Justicia, el Congreso o el Palacio de Nariño. Esto desmiente la versión oficial de que el Ejército sólo se enteró en octubre cuando recibieron un anónimo y capturaron a unos guerrilleros con planos del Palacio de Justicia. En sus averiguaciones, la Fiscalía encontró que el Ejército conocía mucho más del operativo guerrillero que lo que ha aceptado públicamente y esto fue compartido entre sus fuerzas. En otras palabras, hubo tiempo para preparar una respuesta militar a una eventual acción del M-19.

Uno de los grandes interrogantes del Palacio es por qué fue tan burda la operación de retoma, si la Fuerza Pública tenía tanta información de antemano. Según la providencia de la Fiscalía, la exageración del uso de la fuerza tiene sus orígenes en esa guerra a muerte que le había declarado el Ejército al M-19, en particular desde el robo de armas del Cantón Norte en 1979, y agravado a través de los años. Los guerrilleros, incluso, intentaron matar al comandante del Ejército, Rafael Samudio, semanas antes de la operación.

"La orden era acabar con todo"

En el denominado 'Plan Tricolor' de la Fuerzas Militares, que fue activado ese 6 de noviembre, la directiva era clara ante cualquier acción guerrillera: "No podrán concederse treguas, ceses al fuego o suspensión de operaciones". Según se desprende de las pruebas y los documentos recopilados por la Fiscalía, había una decisión desde las más altas esferas de eliminar por cualquier medio al M-19. Como le dijo a la justicia un soldado que participó en la recuperación del Palacio, "la orden era acabar con lo que hubiera adentro".

En una oficina del Palacio de Justicia se encontraban dos guerrilleros gravemente heridos y desarmados. Según una empleada de aseo, "los soldados les dijeron a los dos muchachos que se pararan. Uno de ellos, el que estaba herido en la espalda, le dijo 'compa, yo no me puedo parar, ayúdame'. Y cogieron los soldados y mataron a los guerrilleros".

La retoma violenta del Palacio estaba calculada

La Fiscalía también ha encontrado evidencia de que el Ejército y la Policía utilizaron medios (tanques, armas, granadas) que incrementaron el riesgo de muerte de civiles. Cuestiona, en particular, el bombardeo de la fachada del Palacio, que, según concluyó un juez penal militar, fue "para evitar el sofocamiento (por el humo del incendio) de las personas que se encontraban en el recinto". Para la Fiscalía, el objetivo era único: apoyar las acciones de las tropas en el interior.

La providencia de la Fiscalía refuta otra conclusión de la justicia penal militar: que los rockets y explosivos fueron utilizados para "lograr la evacuación sin lesionar con ello a los rehenes". Un testimonio, en particular, impactó a la Fiscalía. Fue tomado de uno de los sobrevivientes del baño entre el segundo y el cuarto piso del Palacio y aunque se conoce desde la primera investigación de los años 80, sólo ahora es valorado en su verdadera dimensión por la justicia.

"Los magistrados habían optado por llegar a la puerta. Gritaban quiénes eran y pedían que cesaran los disparos. Sus gritos iban dirigidos al Ejército", dijo Héctor Darío Correa, de la Sala Constitucional de la Corte. Incluso uno de ellos decía que tenía cinco hijos y rogaba que no lo mataran. "Algo explotó y dejó un boquete en una de las paredes. Por allí entró una granada, que dio exactamente en los pies del magistrado que gritaba que no lo mataran", afirmó el jurista.

Para la Fiscalía, que revisó miles de documentos militares, el accionar de la Fuerza Pública iba en línea con las directrices de sus comandantes. Había que derrotar al enemigo como fuera. Cada unidad tenía explícitas sus funciones. Y esto se aplicó al pie de la letra en la operación de retoma del Palacio, incluido en el trato de los detenidos. Durante años, el coronel Plazas buscó minimizar ante la justicia su participación en el operativo y negó tajantemente que tuviera algo que ver con el manejo de las personas que salieron con vida del Palacio.

"Plazas tuvo el control de la operación final"

Con base en testimonios y escritos oficiales, la Fiscalía pudo comprobar que el coronel Plazas jugó un papel fundamental en la elaboración de la lista de los detenidos e incluso en las entrevistas de los mismos en la Casa del Florero. Y por ende, sería responsable de aquellos que llegaron allí y luego desaparecieron.

La Fiscalía tiene certeza de que una de esas personas fue la guerrillera Irma Franco. Más de 40 personas la vieron con vida y detenida en el segundo piso de esa casa. Incluso se encontró un documento en las bóvedas del B-2 que, según la Fiscalía, contendría información entregada por Franco a los militares.

Igual convicción tiene sobre Carlos Rodríguez, el administrador de la cafetería del Palacio, quien es visto en un video de la televisión española, y de Cristina del Pilar Guarín, quien también aparece en imágenes y ha sido reconocida por sus familiares. Pero las pruebas van más allá. El soldado Yesid Cardona, cuya declaración se había extraviado, volvió a presentarse ante la justicia este año y contó que de la cafetería "saqué como 10 personas. Porque no había muertos ni heridos. Todos estaban vivos. Estaba una señora que era empleada de la cafetería con el señor que era el administrador. Yo los entregué por la puerta del tanque para que los llevaran a la Casa del Museo del Florero".
 
Las torturas y las desapariciones

Según estableció la Fiscalía, todas las personas que trabajaban en la Casa del Florero sabían que en el segundo piso estaban los sospechosos. Un abogado que fue detenido por unos días dijo que él estuvo allí con al menos otras seis personas. Todos fueran llevados después a la brigada donde "hicieron varios interrogatorios". No fueron los únicos.

En su providencia, la Fiscalía afirma que "muchas personas fueron enviadas a la Brigada XIII y en particular al B-2 y a la Escuela de Caballería y no fueron remitidas mediante escrito. Ocultaron y desaparecieron a estas personas hasta el día de hoy en que no se sabe su paradero, ni realmente qué sucedió con ellas". Por muchos años, los militares negaron la presencia de detenidos en la brigada y utilizaron como prueba que no existía registro alguno de ellos.

La Fiscalía también acepta como ciertas las denuncias de torturas de varias personas en una edificación de esa brigada, por ser parte del modus operandi del momento. El mismo comandante de las Fuerzas Militares de entonces, el general Rafael Samudio, le reconoció a la Fiscalía que eran otras épocas. "No existían los procedimientos o las regulaciones que se han dado posteriormente. Como, por ejemplo, que los interrogatorios no los deben practicar encapuchados, que debe estar presente un agente del Ministerio Público", dijo Samudio. Dada la gravedad de las denuncias y por ser la tortura un delito de lesa humanidad, en la providencia se compulsan copias a otro fiscal para que determine si se amerita o no la apertura de una nueva investigación. ?.

Hubo encubrimiento de la Fuerza Pública

Cuando la Comisión de la Verdad entregó su primer informe, a finales del año pasado, una de sus más llamativas observaciones fue su crítica al Ejército por no haber permitido un fácil y rápido acceso de las autoridades judiciales al edificio. Incluso describió manipulación de cuerpos y del sitio, entre otras acciones. La investigación de la Fiscalía no sólo apoya esa afirmación, sino que agrega elementos nuevos y preocupantes. Según la Fiscalía, hay evidencia de que el Ejército utilizó munición que le decomisó a la guerrilla durante la operación. Y curiosamente, los informes de inteligencia de la brigada sobre el M-19, de agosto a diciembre de 1985, desaparecieron.

También hay pruebas de que el incendio del Palacio se produjo por un disparo, posiblemente de un rocket lanzado desde la plaza y que encendió la biblioteca. La responsabilidad del incendio ha sido una de las grandes preguntas del holocausto -desde el primer momento se acusó a la guerrilla del hecho- y, sin duda, la versión de la Fiscalía generará un nuevo debate.

Pero posiblemente ninguno como el que se produciría si se confirmaran plenamente la autenticidad y el alcance de un documento que la Fiscalía halló en sus múltiples pesquisas. Es un memorial sin firma del coronel Plazas, dirigido a su superior, el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante del Ejército. En él, el coronel hace un informe detallado de la operación de retoma del Palacio y al final -bajo el título 'Estrategia política'- plantea cómo había que comunicarle al pueblo colombiano los hechos. Según conoció SEMANA, recomienda hacer énfasis en la relación del narcotráfico con el M-19.

Aunque la Fiscalía ha confirmado con otras pruebas la mayoría del contenido del documento y Plazas lo ha calificado de "borrador", el coronel ha negado la parte final del mismo.

Plazas no es el único detenido. Se encuentran también privados de la libertad el coronel retirado Edilberto Sánchez, el mayor retirado Óscar William Vásquez Rodríguez y los sargentos retirados Luis Fernando Nieto y Antonio Rubai Jiménez. La Fiscalía ya cerró la investigación contra Sánchez, quien como comandante del B-2 de la Brigada XIII, era el principal responsable de la Casa del Florero.

Pero sin duda el caso de Plazas ha generado mayor interés, posiblemente porque los colombianos aún recuerdan su frase -"estoy defendiendo la democracia, maestro"-.

En menos de dos años, la Fiscalía General de Mario Iguarán ha avanzado más que todos sus antecesores en el esfuerzo por conocer la verdad del Palacio. Ha contado con el respaldo incluso del alto mando militar, que ha facilitado el acceso de los investigadores judiciales a todas sus instalaciones. Parecería que por fin hay una luz al final del túnel de esa pesadilla nacional.