Bellavista: vergüenza nacional

El capitalismo más salvaje de Colombia está en la cárcel de Bellavista, donde el hacinamiento y las condiciones inhumanas hacen que la mayoría de los presos tengan que pagar para sobrevivir. Un mes allí puede ser más caro que vivir en un buen apartamento en Medellín. Un camarote cuesta entre 2 y 7 millones de pesos mensuales; estar en el zarzo de las celdas desde 800.000 hasta 2 millones de pesos; hacerse con un lugar en los pasillos –lo que adentro se conoce como la carretera– vale 30.000 pesos semanales. Y eso solo por garantizar un espacio para tener un cambuche, un sitio para dormir: el metro cuadrado más caro del país.

Después viene el verdadero negocio, pues hay que pagar por todo: por comer, por usar los baños, por estar en el patio, simplemente por vivir. Allí, en un establecimiento protegido y de propiedad del Estado, todo tiene un precio. Por un giro bancario se cobra el 10 por ciento del valor total, si alguien quiere vender frituras debe pagar un impuesto de entre 10.000 y 20.000 pesos semanales. Y eso sin hablar del gran negocio de las drogas: un cigarrillo de marihuana normal vale 2.000 pesos, uno de creepy 5.000 y una bolsa de cocaína 5.000 pesos. Las ganancias no deben ser nada despreciables en una cárcel que alberga 4.705 reclusos, aunque solo caben 1.700.

Pero como no todos los presos tienen acceso al dinero en efectivo, los caciques y combos que dominan esta prisión han hecho un negocio con los pines que el Inpec tiene en la penitenciaría para hacer llamadas o comprar gaseosa en las tiendas de los patios. Así, por un cigarrillo de marihuana hay que entregar un pin de 3.000 pesos. Para que alguien haga el aseo del cambuche, hay que entregar un pin de 5.000 pesos, lo mismo que por un corte de pelo. Y el entretenimiento también tiene su precio: un televisor se puede conseguir semanalmente desde 15.000 pesos el más pequeño hasta 70.000 el más lujoso. Y frente al calor sofocante, tener un ventilador cuesta entre 15.000 y 25.000 pesos. Además, como el servicio de comedor no es el mejor, algunos reclusos pagan de 5.000 a 10.000 pesos para que otros bajen hasta el llamado bongo y les hagan una mezcla de arroz y papas, que luego comerán con las viandas que sus familiares les llevan cada ocho días y que guardan en una nevera por 10.000 pesos.

En cada patio hay lo que internamente llaman una casa, manejada por el cacique y su séquito de servidores, entre los que están los coordinadores de pasillos, que mantienen el orden en las celdas, ofrecen los servicios y posibilitan las consignaciones. Una fuente consultada por SEMANA aseguró que “gran parte del dinero se queda en el mantenimiento del patio: aseo, pintura. A la guardia del Inpec hay que darle a diario más de 300.000 pesos por turno a la semana, sin contar cuando dan permiso para hacer el chamberlein –licor a base de alcohol etílico–. También hay que pagarles a los guardias porque ellos ingresan muchos productos”. Afuera alguien siempre se beneficia, el que provee las drogas, que son la mayor renta de la cárcel y la razón por la que se ofrecen todas las comodidades.

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, tras una visita en la que salió consternado, decidió pedir a la Corte Constitucional cerrar esa penitenciaría en la que el hacinamiento es del 283 por ciento. “Vivir allí es insoportable para cualquier persona. No hay dignidad, los presos duermen en el suelo, en baños, en ‘zarzos’ y busetas. Es lo más indignante que he visto en mi vida”, dijo al salir.

Pero poco se ha dicho que este hacinamiento termina por beneficiar a las estructuras criminales que controlan la cárcel desde hace años, pues solo 40 guardias por turno vigilan a todos los presos, lo que arroja una relación de uno por cada 117 internos. Por eso funcionan paraestados carcelarios, como el del patio 4 en el que un solo dragoneante vigila a 1.700 reclusos

Carlos Contreras, director de la Cor-poración Construyendo Nuevos y Mejores Caminos , que promueve los derechos humanos en las cárceles del país, denunció esta crítica situación desde hace varios meses, y advierte que con trasladar 1.200 presos, la propuesta del Inpec para mejorar la cárcel, nada se va a solucionar. “El patio quinto está cerrado y es un lugar que se puede ampliar y reacomodar ahí a la población carcelaria. Las autoridades pretenden llevar presos para otras cárceles del país, lo que ocasiona un problema a las familias. Y un dato anexo, el 42 por ciento de las personas son sindicadas”.

Lo preocupante es que la crisis de Bellavista está afectando a la ciudad, pues han convertido en cárceles a las estaciones de Policía del Área Metropolitana. Más de 620 detenidos, algunos de ellos ya condenados, llevan más de nueve meses en los calabozos a la espera de ser trasladados a este u otro penal. Según datos de la Policía, más de 150 uniformados están ocupados en cuidar presos cuando deberían estar patrullando las calles de la ciudad.

Además, el terrible hacinamiento ha hecho que muchos condenados, incluso algunos peligrosos, tengan casa por cárcel. Lo complejo es que como no hay suficientes guardas es poco el control que se les puede hacer. Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad, ya ha dicho que este problema les ata las manos a las autoridades, pues no hay a dónde trasladar a los nuevos capturados y sugirió al gobierno nacional que puede ser pertinente una alianza público-privada para construir nuevas cárceles.

Y es lógico que Gutiérrez se preocupe, pues su política más fuerte, que le ha valido una popularidad del 94 por ciento, es la persecución de las estructuras criminales que asedian el Valle de Aburrá. “La situación es muy grave y lo advertimos hace varios meses, estamos perdiendo operatividad con los policías, ocupados haciendo el trabajo del Inpec. Y en el búnker de la Fiscalía hay más de 70 presos, incluso condenados. Esta es una queja recurrente de los alcaldes de las ciudades capitales”, dice Gutiérrez, quien considera que Bellavista es la mata de la criminalidad en la ciudad, pues está comprobado que la mayoría de las extorsiones telefónicas en el país salen de las cárceles. “Aquí tiene que haber cárceles reales y un verdadero programa de resocialización porque los delincuentes están saliendo a las calles a hacer lo mismo”, concluye.