Se recrudece la violencia en Tumaco: ya son cuatro indígenas awá asesinados

El asesinato el viernes pasado del líder indígena awá Camilo Roberto Taicus Bisbicusm, en Tumaco, encendió otra vez las alarmas sobre el recrudecimiento de la violencia en el municipio nariñense. Taicus había retirado una gran suma de dinero del banco y se dirigía a su casa en el resguardo Hojal la Turbia, cuando una moto interceptó el taxi en el que se transportaba y le dispararon.

Este lunes, mientras la comunidad celebraba el funeral del líder y maestro awá, una nueva mala noticia los sacudió: otros dos indígenas awá habían sido asesinados mientras se desplazaban desde el corregimiento de Llorente (Tumaco) hacia el resguardo Hojal La Turbia. Se trataba de los hermanos Luciano Pascal García (23 años) y Alberto Pascal García (21), quienes hacia las 10 de la mañana fueron atacados con arma de fuego desde una motocicleta. Los jóvenes hacían parte de la guardia indígena de su comunidad.

Y hay un caso más. Según Rider Pai Nastacuas, consejero mayor de la Unidad Indígena del Pueblo awá (Unipa), el pasado domingo un grupo de hombres llegó hasta el corregimiento El Diviso, en el municipio Barbacoas (a 154 kilómetros de Tumaco) y se llevó a la fuerza al indígena awá Diego Alfredo Chirán Nastacuas (24 años). Este lunes apareció su cuerpo sin vida con signos de tortura y siete impactos de bala.

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“Se oye que se están reestructurando unos grupos aprovechando el proceso de paz y eso es grave. El Gobierno no le ha puesto la mirada a esta región, no ha dicho cómo va a responder por la seguridad de la gente”, aseguró Rider Pai Nastacuas.

En el último mes los llamados de auxilio desde el suroccidente del país al Gobierno Nacional han sido reiterados y enfáticos. El 4 de agosto la alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, le envió directamente al presidente Juan Manuel Santos una carta pidiéndole apoyo para “frenar la escalada de violencia e inseguridad que vive Tumaco y los municipios vecinos, incrementada súbitamente”.

Además la funcionaria alertó sobre “la posible presencia de un nuevo grupo ilegal que habría ingresado al casco urbano para cubrir los espacios dejados por los integrantes de las Redes de Apoyo al Terrorismo (RAT) de las FARC, quienes aspiran a continuar con el cobro de extorsiones y el manejo del narcotráfico”. Angulo señaló que desde enero hasta principios de agosto, se presentaron 77 homicidios en Tumaco: 37 en el casco urbano y el resto en las zonas rurales.

Luego de describir el “panorama cruel y desolador” de su municipio, la alcaldesa le pidió al presidente, “encarecidamente”, intervenir y acompañar a Tumaco “para que una vez firmado el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y durante el proceso (…) podamos vivir en un ambiente verdadero de construcción pacífica y de desarrollo integral”.

Días después (el 12 de agosto), la Iglesia alzó la voz. La Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco, a través de un comunicado público, expresó su “gran preocupación por los hechos violentos que han ocurrido en Tumaco en lo que va corrido del año”.

La Diócesis fue más directa en sus señalamientos. Habló de amenazas a los pobladores a través de panfletos firmados por grupos que se autodenominan “Organización Sicarial del Pacífico”, “Gente del orden” y “AUC”. “Muchas personas afirman que un nuevo grupo armado ha llegado a Tumaco y ha generado enfrentamientos con los grupos que ya estaban en los barrios”, señala el comunicado.

Ahora la Defensoría del Pueblo advierte sobre el “recrudecimiento de la violencia en el suroccidente colombiano”. Este lunes, a través de un comunicado, la entidad lamentó la muerte de los cuatro indígenas awá y alertó sobre el homicidio de otras tres personas en la vereda La Herradura del municipio de Almagueren (Cauca).

“Tres campesinos de la zona, identificados como Nereo Meneses, Marco Meneses y Ariel Sotelo, se dirigían en un vehículo hacia el mercado Yacuanas, encontrándose con un supuesto retén ilegal de seis hombres fuertemente armados sin brazaletes ni identificación, quienes los habrían conducido a la vereda Monteoscuro, donde fueron encontrados boca abajo y con impactos de arma de fuego”, señaló la Defensoría.

Además reiteró las denuncias sobre el desplazamiento de 45 familias de Santa Bárbara de Iscuandé (Nariño), que abandonaron su territorio por enfrentamientos de la fuerza pública con el ELN. “La Defensoría del Pueblo condena estas expresiones inaceptables de violencia selectiva y solicita a las autoridades competentes adelantar con urgencia las investigaciones necesarias”.

Lo que hoy está sucediendo en Nariño y Cauca es una advertencia de lo que puede ocurrir en el país después de la desaparición de las FARC como grupo ilegal alzado en armas. Ya la academia, los políticos, los expertos y las organizaciones sociales han señalado que el nuevo reto será el reacomodamiento de las organizaciones criminales, que buscarán llenar los espacios que deja la guerrilla y pelearse los territorios que las FARC dominaban. Tumaco, el municipio con más coca del país, además cobra relevancia de cara al posconflicto pues las autoridades lo habían anunciado como el piloto de la nueva estrategia contra los cultivos ilícitos. Queda en el aire la pregunta de cómo va a actuar el Gobierno frente a los llamados desesperados de los tumaqueños.