CONFLICTO
Restitución de tierras, ¿gota a gota?
Sentencias llegan casi a 1.000, pero el proceso tiene cuellos de botella, según la Fundación Forjando Futuros.
Álvaro Sierra, editor jefe de Semana
26 de marzo de 2014
De las 964 solicitudes que han sido objeto de fallos en el proceso de restitución de tierras, una mayoría aplastante –927– ha sido resuelta en favor de las víctimas. Pero este es un mínimo porcentaje de las 54.000 solicitudes de restitución que se han presentado hasta ahora, sostiene la Fundación Forjando Futuros en un balance de este proceso, que divulga este miércoles.
El reporte, titulado “Restitución de tierras gota a gota” es un análisis de las 372 sentencias que han emitido los jueces de tierras de diciembre de 2011, cuando empezó a funcionar la Unidad de Tierras, a mediados de marzo de 2014. Casi todas fueron promulgadas en 2013, pues en 2012, la Unidad se dedicó a abrir sus 21 oficinas regionales y a poner en pie todo el sistema de restitución.
El 96 por ciento de esas sentencias se falló en favor de las víctimas, a las que se devolvieron 789 predios con un total de 20.694 hectáreas. Según la Fundación, 58 por ciento de esas tierras son baldíos de la Nación.
Forjando Futuros, una ONG que lidera Gerardo Vega y que adelanta, entre otras actividades, la lucha por la restitución de tierras y el apoyo a las víctimas en Urabá y Antioquia, dice que hay “logros importantes pero también grandes dificultades” en el proceso que, a junio de 2021, debe haber restituido a sus legítimos propietarios millones de hectáreas despojadas por la violencia, según los plazos de la ley de Víctimas. Hoy hay más de 54.000 solicitudes por más de 3,4 millones de hectáreas.
Entre los avances, la ONG menciona la institucionalidad construida en los dos años que lleva operando la Unidad, las sentencias que se han emitido y la jurisprudencia que están produciendo los jueces especializados.
Los criterios de justicia transicional, que incluyen presunciones en favor de las víctimas, se están aplicando y han llevado a emitir casi mil sentencias de restitución. Los jueces, además, ordenan formalizar la propiedad, uno de los grandes déficits que arrastra la tenencia de tierra en Colombia.
Además, se señala que los llamados ‘opositores’, es decir, los ocupantes actuales de la tierra, cuentan con garantías procesales para controvertir los reclamos de las víctimas.
Las sentencias han beneficiado casi por igual a mujeres y hombres (695 y 712 beneficiarios, respectivamente), lo que pone de presente un enfoque diferencial, de género, en un ámbito en el que la propiedad ha estado casi exclusivamente limitada al hombre.
Sin embargo, el reporte calcula que las sentencias emitidas corresponden apenas al 1,7 por ciento de las 54.000 solicitudes presentadas. Y, señala que algunos “cuellos de botella” amenazan el cumplimiento de las ambiciosas metas de restitución.
Entre estos se mencionan los siguientes:
Dos terceras partes de las solicitudes de reclamo están en áreas que no han sido microfocalizadas por la Unidad de Tierras. Hasta ahora esta concentra el proceso de restitución en 159 microzonas, en 97 municipios de 15 departamentos. En ellas hay 16.000 solicitudes. De algo más de la mitad, casi 9.000, se ha iniciado el estudio. Y hay demandas de restitución presentadas para 5.135 solicitudes, es decir, un 10 por ciento del total.
Las otras 38.000 solicitudes deberán esperar ser microfocalizadas para que se inicie su estudio.
Forjando Futuros estima, además, que muchas víctimas no han hecho su solicitud de restitución, por temor a amenazas. La ONG habla de 66 asesinatos de líderes y activistas de restitución desde 2008. El reporte alega que apenas 15 por ciento de las 360.000 solicitudes esperadas han presentado ese reclamo, aunque ya ha habido polémica con el gobierno por ese estimativo.
En el informe se afirma también que hacen falta más procesos de restitución colectiva y administrativa, que podrían agilizar mucho el proceso. En casos de despojo masivo se pueden hacer procesos colectivos, sugiere, y, cuando no haya opositor y el predio sea baldío, se podría adelantar la restitución por vía administrativa.
En su más reciente Informe de Gestión, de enero pasado, la Unidad de Tierras reconoce dificultades, como las pobres condiciones de seguridad en muchas de las zonas priorizadas para restitución, donde minas antipersonales o la presencia de grupos ilegales afectan el proceso, y la escasa información catastral y de registro de la propiedad y la alta informalidad en la tenencia de la tierra.
La Unidad, sin embargo, reivindica que el proceso arrancó y que los jueces de tierras están emitiendo sentencias que devuelven sus tierras a las víctimas, incluso en casos emblemáticos que permanecieron sin solución por años, como el de algunas fincas en Córdoba de los hermanos Castaño, los líderes paramilitares.
El informe de la Fundación Forjando Futuros pone sobre la mesa, una vez más, un debate necesario sobre la marcha de la restitución de tierras, uno de los mecanismos más importantes de reparación a las víctimas y para poner fin a la injusticia de décadas en el mundo rural colombiano.
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