Cuestión de óptica

Una vez más, el gobierno polemizó con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por el informe anual que hizo público la semana pasada. El vicepresidente Francisco Santos, el vocero oficial en esta materia, dijo que el documento era muy injusto y simplista. Tras leerlo concluyó: "Me sentí como Sísifo". En la mitología griega, Sísifo fue un mortal al que los dioses condenaron a permanecer en el infierno, por las continuas bromas que les gastó en vida. Su castigo eterno consistió en empujar una roca cuesta arriba, hasta la cima de una montaña, sólo que al llegar a la cumbre la piedra volvía a caer por su peso de tal forma que el trabajo de Sísifo parecía inútil y sin esperanza. A esto se refería el vicepresidente Santos. Opina que la oficina del Alto Comisionado no reconoce a cabalidad los esfuerzos ni está satisfecha con los cambios que ha hecho el actual gobierno para mejorar la situación de los derechos humanos en Colombia.

Fue el mensaje principal del informe del Alto Comisionado lo que produjo la reacción de Santos: que la situación de derechos humanos es crítica, pero más frustrante aún, que diga que sigue igual. En esto tiene razón el Vicepresidente, puesto que con esta conclusión les resta la verdadera importancia que tienen los avances significativos que en materia de protección de la población ha hecho el gobierno.

Una cosa es concluir que hay mejoría pero persisten los problemas y otra muy diferente, que todo sigue igual. En otras palabras, que no se ha hecho nada o lo que se ha hecho no ha servido.

Los voceros del gobierno creen que la oficina del Alto Comisionado se quedó corta en su reconocimiento de los logros. "Les cuesta trabajo reconocer lo bueno", dice el vicepresidente Santos y agrega que en el documento para cada elogio hay un 'pero'. A manera de ejemplo cita el caso de los sindicalistas. Entre 2002 y 2003, el número de estos que fue asesinado se redujo en 57 por ciento. Esto es un hecho. El informe lo reconoce así, pero le agrega el comentario que molestó al gobierno: "A pesar de la disminución en los homicidios de los sindicalistas, la situación de los defensores de los derechos humanos y de estos siguió siendo crítica". La acumulación de detalles de este estilo a lo largo de todo el informe sacó de quicio al gobierno, que para defenderse presentó sus propias cifras y apreciaciones al respecto.

Pero la gota que rebosó la copa fue el tema de las recomendaciones y las referencias negativas a la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe. En la reunión que se llevó a cabo el año pasado en Londres entre el gobierno, 24 países y varios organismos multilaterales, aquel se comprometió a llevar a cabo las recomendaciones del informe de 2002 del Alto Comisionado. En el de este año, la ONU asegura que hasta diciembre del año pasado no hubo "avances significativos en el seguimiento de los compromisos gubernamentales asumidos en Londres". Es más, se desconoció la recomendación de la oficina de no aprobar el Estatuto Antiterrorista. El gobierno, su principal impulsor, logró que el Congreso lo sacara adelante en diciembre del año pasado porque lo considera una de sus herramientas principales en la lucha contra los grupos al margen de la ley. Sobre la petición de la oficina del Alto Comisionado de que no lo hiciera dijo: "Sus recomendaciones se reciben con respeto. Cuando no son atendibles a juicio del gobierno, se discute con franqueza".

Para el vicepresidente Santos, el problema de la oficina es que confunde "autoridad con autoritarismo". Por eso, como manifestaron en un documento de respuesta al informe, sienten que en ocasiones puede deducirse en éste que la política de seguridad "es una amenaza para el ejercicio de los derechos, contrariando la realidad de los resultados y la percepción de quienes habitan el territorio colombiano".

El informe de la ONU, en términos generales, no quiso ver el vaso medio lleno de los esfuerzos sino resaltó el vaso medio vacío de lo que hace falta. Lo que resulta bastante injusto si se ve que los resultados del gobierno en materia de derechos humanos son los más importantes de los últimos años y se han dado en medio de innumerables problemas, con un Estado débil, sin plata y actores armados envalentonados.

Si bien es cierto que el informe minimiza los logros del gobierno Uribe, también lo es que el gobierno maximizó las críticas del informe, y también pudo ser injusto al desconocer que la oficina del Alto Comisionado hace una de las críticas más severas que haya emitido contra los actores ilegales armados, algo que tiene amplias repercusiones internacionales.

La oficina sostiene que los grupos armados al margen de la ley, guerrilla y paramilitares, son en gran medida responsables directos de las violaciones más graves a los derechos humanos.

Además es importante resaltar del informe que algunas de sus críticas le sirven al gobierno de campanazo de alerta sobre políticas que pueden no estar funcionando tan bien como se quisiera. En este punto, en lugar de defenderse, el gobierno haría mejor revisar si es necesario corregir el rumbo.

Por ejemplo, el informe de la ONU dice que las zonas de rehabilitación y consolidación restringieron derechos y libertades fundamentales, y dieron lugar a detenciones masivas y allanamientos a gran escala. Insiste, por observaciones en el terreno, que persisten los vínculos entre funcionarios públicos y paramilitares. Y señala que las Fuerzas Militares han desconocido en algunos casos los principios de distinción, limitación y proporcionalidad en sus acciones. Como sustento de sus afirmaciones, la oficina presenta informes de la Procuraduría que muestran que el año pasado aumentaron las investigaciones disciplinarias a miembros de la Fuerza Pública por hechos relacionados con tortura, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad y allanamiento irregular.

En relación con estas últimas apreciaciones hay que tener en cuenta que las fuentes principales de información del balance de la oficina del Alto Comisionado son instituciones estatales y algunos organismos de la sociedad civil, y los resultados de más de 160 misiones propias al terreno. El análisis de estos datos le proporciona una visión de conjunto de lo que ocurrió en los 12 meses del año pasado.

El único punto que el gobierno consideró muy estimulante es el hecho de que la oficina del Alto Comisionado valorara en forma muy positiva 12 aspectos en los que se notan sus esfuerzos para garantizar y proteger los derechos humanos de los colombianos. Entre ellos, haber garantizado unas elecciones libres el año pasado, el que la Policía hubiese llegado a todos los municipios del país para proteger a la población civil y el destacado papel que está cumpliendo la Procuraduría en la protección de los derechos humanos.

Es de esperar que luego de que pasen las discusiones públicas donde cada cual mire la paja en el ojo ajeno, la oficina del Alto Comisionado y el gobierno se sienten a seguir trabajando, como de hecho lo han venido haciendo durante el último año, para mejorar la crisis humanitaria que atraviesa el país.