El blindaje a los cerros orientales

Esta semana se puso punto final al limbo en el que estaban los cerros orientales de la capital desde hace más de ocho años. El Consejo de Estado hizo pública su decisión de prohibir nuevas licencias de construcción en la reserva natural más importante que tienen los bogotanos. Sin embargo, aunque el fallo es muy importante, deja muchas dudas abiertas. 

La decisión del alto tribunal es más lógica que revolucionaria. El actual pulso por los cerros se creó en 2005 cuando el Ministerio de Ambiente sacó una resolución para levantar la reserva en casi 1.000 hectáreas de ese pulmón. Más de la mitad de esa extensión ya había sido construida o tenía algún tipo de asentamiento. Un grupo de ciudadanos que estaba en contra de esa decisión decidió interponer una acción popular pues consideraban que, por su importancia ecológica, los cerros debían protegerse por encima de cualquier interés económico.  

Los amantes de los cerros alcanzaron a recoger miles de firmas y las presentaron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en 2006 emitió un fallo ordenando anular la decisión del MinAmbiente. El caso fue apelado ante el Consejo de Estado.  

La orden del tribunal de Bogotá estaba en consonancia con una decisión histórica. En 1977, el Inderena dispuso que por el bien de la capital 14.000 hectáreas de los cerros orientales debían constituirse como reserva forestal. En las últimas décadas, desde el Concejo de Bogotá hasta el Ministerio de Ambiente han emitido resoluciones para levantar esa reserva. Por esta razón, poco a poco constructores, mineros y comerciantes se han ido apoderando de los cerros. 

Lo que hizo el Consejo de Estado esta semana fue dejar en firme la decisión del ministerio de levantar la reserva en 1.000 hectáreas de los cerros. La decisión es más lógica que verde porque en este momento el área en litigio cobija seis localidades capitalinas, 65 barrios y 100.000 habitantes. Muchos de estos no podían tener acceso a servicios públicos pues como vivían en una reserva forestal el Distrito no podía invertir en esa infraestructura. 

Por esta razón, el fallo realmente no le pone freno de tajo a la construcción en el pulmón de la ciudad. Aunque no se conoce el texto final de la sentencia, se dice que esta prohibirá nuevas licencias de construcción en las 14.000 hectáreas de la reserva de los cerros pero que dejará en firme las 1.000 hectáreas que había levantado el ministerio en 2005. 

Esta decisión fue un gran alivio para quienes ya tenían proyectos allí, pues estableció que nada de lo que esté ya construido será derrumbado, como se especuló. Por eso, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, fue uno de los primeros en reaccionar positivamente. “Creemos que se está protegiendo un ecosistema estratégico para la ciudad”, dijo.

 

No obstante, hay dos puntos de la sentencia que pueden ser difíciles de poner en práctica. El primero es la orden que da el Consejo de Estado al Distrito de adecuar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) a su decisión. Como se sabe, el POT ha suscitado los más intensos debates y el concejo no lo aprobó. Tanto, que el alcalde Gustavo Petro lo expidió por decreto. 

El segundo punto tiene que ver con la imposición de una clase de impuesto ecológico para quienes viven en los cerros. Esta fue una medida que se tomó en lugar de ordenar otras más drásticas como demoliciones, pero no se sabe aún el alcance ni la modalidad. 

En la alta corte se dice que podría ser por vía de una compensación o de aumentar un impuesto ya existente, que tendrían que pagar todos los habitantes de los cerros sin importar su estrato. Sin embargo, de la claridad que pueda tener el Consejo de Estado cuando publique esta sentencia dependerá que la decisión de proteger los cerros pueda ser una realidad más allá del papel.