Defensoría alerta por incremento de la violencia en Tumaco

Soldado avisado no muere en guerra. Y por eso desde que se anunció la dejación de armas de las Farc, las mirada se centró en los esfuerzos que tenía que hacer el Gobierno para ocupar los territorios que abandonó la guerrilla antes de que le fueran arrebatados por el ELN y las bandas criminales.

Este fin de semana le llegaron refuerzos al vicepresidente Óscar Naranjo, quien se ha convertido en el hombre clave del gobierno en los territorios más difíciles como Tumaco. Fueron traslados más de 2.000 "militares armados, equipados y entrenados para combatir las amenazas en Nariño.

Las fórmulas se agotan. La disputa por el control territorial entre el ELN, las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas siembran el terror en los municipios de Policarpa, Barbacoas y Roberto Payán. El último episodio que enluta a la zona ocurrió este fin de semana. En Policarpa fueron asesinadas cuatro personas y otras tres fueron llevadas amarradas y hasta ahora se desconoce su paradero.

"En tan solo seis días, entre el 29 de diciembre de 2017 y el 03 de enero de 2018, se registraron 14 homicidios en Tumaco, la mayoría de personas jóvenes", informó la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado. De hecho, el pasado dos de enero fueron asesinados dos menores de edad de 13 y 14 años.

Este escenario de confrontación también provoca graves consecuencias humanitarias, como restricciones a la movilidad de los pobladores a determinadas horas de la noche; amenazas contra líderes sociales, autoridades étnicas, defensores de derechos humanos y autoridades locales; reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes; extorsiones; confinamientos de la población, desplazamientos forzados individuales y masivos, siembra de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados.

Según informó la ONU, a mediados de diciembre, más de 200 personas se desplazaron de sus territorios. A la cabecera municipal de Magüí Payán (Nariño) llegaron 138 personas que se suman a 71 que se desplazaron inicialmente tras la masacre del 27 de noviembre en zona rural de ese municipio, indicó la Organización de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

Por eso, para la Defensoría "el reforzamiento de la presencia militar y policial es un factor que permitirá fortalecer la seguridad y la investigación de los hechos violentos ocurridos en ese territorio. Sin embargo, la grave problemática humanitaria y social de esa región requiere una respuesta integral del Estado para superar las condiciones de vulnerabilidad de la población que carece del acceso a los derechos a la educación, salud, trabajo, agua potable y saneamiento básico, entre otros", concluyó.