Los alimentos que no llegan a niños en Guaviare por presunta culpa de las FARC

En medio del proceso de paz y de los supuestos gestos de buena voluntad prometidos por las FARC, surge una delicada denuncia que proviene de una de las entidades más serias del Estado: la Defensoría del Pueblo.

Este miércoles, representantes de la entidad advirtieron que el contratista que provee los alimentos a cinco instituciones educativas de la zona rural de Miraflores (Guaviare), es extorsionado por presuntos miembros de las FARC para poder entregar las provisiones. Se trata de una presunta actuación indignante de este grupo guerrillero, pues está de por medio el sagrado derecho de los niños. 

La Defensoría reveló que fue el empresario quien dio a conocer la situación a través de una misiva dirigida a la Gobernación de Guaviare el pasado 14 de abril. Allí, aseguró que guerrilleros apostados sobre el río Urilla impidieron el paso de una embarcación de su empresa, en la que transportan productos perecederos, los combustibles para prepararlos, elementos de aseo y otros insumos para los estudiantes.

El objetivo de impedir el paso era uno: obtener el pago de una suma considerable de dinero por parte del contratista. Esos hechos se presentaron, dijo la Defensoría, en un sitio conocido como El Zancudo, en la vereda La Unión del municipio de Calamar.

De acuerdo con su relato, los hombres estaban fuertemente armados y se identificaron como miembros de las FARC-EP. Como los transportadores no cedieron, los guerrilleros los obligaron a hacer el retorno y los alimentos no pudieron llegar a su destino.

Lo más preocupantes es que, según manifestó el contratista en su misiva, antes de poder retornar fueron retenidos por mucho tiempo y los víveres perecieron y tuvieron que ser desechados.

“Los presuntos guerrilleros habrían manifestado que, de no efectuarse el pago por ellos exigido, se impediría el acceso del operador a todas las instituciones educativas localizadas en su área de influencia (…) Se piden medidas urgentes para garantizar el derecho a la educación y el acceso a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes”, explicó la Defensoría.

Según el organismo, las instituciones afectadas serían la Iltilla La Reforma, Caño Tigre, Caño Giriza, Puerto Córdoba y Cristo Rey, todos en zona rural de Miraflores. Y aunque la empresa dispuso un plan de contingencia para proveer los víveres frescos durante cuatro días, “la continuidad en el suministro de los alimentos está en riesgo, como también la integridad y bienes del operador”.

Por esta situación, la Defensoría propuso adelantar un consejo de seguridad que fue convocado para la tarde de este miércoles. Al término del encuentro se conocerán las medidas que tomarán y se establecerá si en realidad son las FARC las responsables de este lamentable episodio.