Del dicho al hecho

Carlos Castaño cada vez habla más sobre la necesidad de ganarse el reconocimiento político. Lo repite en sus entrevistas y en editoriales que publica en su página de Internet. Sin embargo sus palabras y las de otros jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que firman los comunicados, van en clara contravía de sus sangrientas acciones militares. Esto volvió a quedar en evidencia con el asesinato del dirigente de la Unión Sindical Obrera (USO) Aury Sará Marrugo.

El crimen del sindicalista petrolero y su guardaespaldas, Enrique Arellano, se produjo el miércoles de la semana pasada. Fue después de que las AUC publicaran un editorial en su página de Internet titulado: ‘Estamos cambiando’. Este es básicamente un ‘manual de normas’ que se aprobó en la cuarta conferencia nacional de autodefensas y que, según sus propias conclusiones, invita a la autocrítica porque no pueden seguir cometiendo “una serie de prácticas esencialmente violatorias del DIH muchas de ellas rayanas con el terrorismo”. Castaño argumenta que llegó a esta posición no sólo por su evolución política sino por los cambios producidos en el mundo a partir del 11 de septiembre.

En este texto dice: “La utilización de armas de largo alcance o de efectos desastrosos sobre las personas, en los procedimientos de ejecución por fuera del combate, quedan absolutamente prohibidas”. Es decir, una orden opuesta a la forma como fueron asesinados el dirigente sindical y su escolta. Los cuerpos de las dos víctimas, que habían sido secuestradas por los paramilitares en Cartagena, fueron hallados a las 5 de la mañana del miércoles en la zona rural del municipio de Marialabaja (Bolívar). “Mucha tortura, no aguantaron tanta tortura”, dijo sobre el estado de los cadáveres un familiar del sindicalista que acudió a su reconocimiento. El CTI informó, además, que Sará Marrugo recibió cuatro disparos en la cabeza y Arellano dos.

En el mismo editorial, en el que se refleja el “pensamiento de las AUC”, se dice que “queda entonces expresamente prohibido incurrir en las masacres” que para los paramilitares es una acción “por fuera de combate, en la que se ejecuten más de tres personas en idénticas condiciones de espacio y tiempo”.

Es decir, contrario a lo que, según la Policía, fue hecho por los paramilitares en la vía entre Sogamoso y Labranzagrande (Boyacá), también en la semana pasada, exactamente el sábado primero de diciembre. Según un informe de la Defensoría del Pueblo sobre este caso, “ninguna de las 15 víctimas hacían parte de los actores armados” sino que se trataba de “civiles inocentes”. Todos fueron bajados del bus en el que se movilizaban, arrodillados en la carretera y fusilados con sendos tiros en la cabeza.

La acción fue de similares características a la efectuada el 18 de noviembre en Corinto, norte del Cauca, cuando los paramilitares ya habían anunciado por los medios que quedaban abolidas las masacres. Allí murieron 12 personas. “A ellos no les importó que hubiera niños. Sólo se limitaron a disparar en la cabeza y el corazón a los que ellos iban llamando”, dijo un testigo de este hecho que, al igual que la masacre de Labranzagrande, pasó casi inadvertida en el país pues fueron cometidas durante el fin de semana.

En el caso de Sará Marrugo, que tuvo un desenlace que conmocionó al país, el cubrimiento fue mayor. El sindicalista, de 39 años, casado con Gleny Vargas, padre de tres hijos, dos niñas y un varón, y trabajador desde hacia 17 años de Ecopetrol, era “un obrero dedicado plenamente a su actividad sindical y no formaba parte de ningún grupo armado”, según el ministro de Trabajo, Angelino Garzón. Su secuestro se produjo a las 8:30 de la mañana del viernes primero de diciembre al salir de su casa en Cartagena por un comando que se movilizaba en tres vehículos. El lunes 3 de diciembre Castaño emitió, a través de su página en Internet, un texto titulado ‘Muy breve al oído de Gómez Alzate’. En éste el jefe paramilitar amenazó al Alto Comisionado de Paz y reivindicó el secuestro del dirigente sindical de la USO, a quien acusa de ser “comandante máximo del Frente Jaime Bateman Cayón del ELN. Que en la práctica son tan sólo 80 cuatreros dedicados al secuestro en las carreteras entre los departamentos de Sucre y Bolívar”.

Pese a la dureza del comunicado Castaño abrió la posibilidad de respetarle la vida cuando dijo que el sindicalista había sido encontrado “culpable por el tribunal que lo ha juzgado, de múltiples delitos, entre ellos, secuestro, abigeato, extorsión y terrorismo. Sin embargo estaríamos dispuestos a permitir que sea juzgado y pague su condena ante el Estado con base en la legislación colombiana”. No obstante, el dirigente petrolero fue asesinado escasas horas después.

Con su caso se eleva a 147 el número de sindicalistas muertos violentamente en Colombia en lo que va corrido de 2001. En los últimos tres años han sido asesinados 300, de los cuales sólo cuatro casos han terminado juzgados. Es por eso que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) habla de que en Colombia hay un “genocidio sindical”. Castaño asesinó al sindicalista pese a la solicitud del alto comisionado para la Paz, Camilo Gómez, quien ante el emplazamiento del paramilitar respondió: “El gobierno reitera que siempre ha estado dispuesto a propiciar espacios humanitarios para lograr que un secuestrado retorne a la libertad”.

Algunos analistas consideran que la distancia entre el discurso de las AUC y los hechos puede estar evidenciando una división entre los paramilitares. Así lo afirmó el ministro del Interior, Armando Estrada Villa, “que no le mienta más al país: la división de su organización es un hecho”. El jefe de la cartera ministerial explicó que, “no se entiende que por un lado las AUC le envíen un comunicado al gobierno solicitando la presencia del alto comisionado para la paz, Camilo Gómez, con el fin de entregarle al dirigente sindical, y que luego se encuentre su cadáver. Realmente ahí se demuestra la división dentro de esos grupos así sus dirigentes no quieran reconocerlo”.

El crimen del sindicalista seguramente tendrá además un efecto negativo sobre la reanudación del diálogo del gobierno con el ELN. Otra vez aquí hay una contradicción pues el mismo Castaño ha dicho que las negociaciones con los ‘elenos’ deben terminar en una firma de paz. Los discursos y anuncios de cambio por parte de las AUC no serán suficientes para que el país y el mundo las dejen de catalogar como terroristas. Se necesita que, en efecto, cesen las acciones que el presidente Andrés Pastrana llamó “cobardes y sádicas”. Dijo además el primer mandatario que con el asesinato de Sará Marrugo, “las autodefensas han demostrado una vez más ante el país y ante el mundo su condición de terroristas y su total desprecio por la libertad y la vida de los colombianos”.