ENTREVISTA

“Vamos a dejar hasta el último fusil”

‘Carlos Antonio Lozada’, miembro del secretariado de las FARC, explica la posición de este grupo insurgente sobre la concentración en zonas de ubicación, el cese del fuego, la dejación de armas y el tránsito a la política.

Marta Ruiz, enviada especial de SEMANA a La Habana
27 de marzo de 2016
Carlos Antonio Lozada, miembro de la Subcomisión del fin del conflicto. | Foto: AP

Semana.com.: El pasado 23 de marzo, además de la frustración porque no hubo acuerdo final ni cese al fuego, las declaraciones del Gobierno dejaron la sensación de que ustedes le están mamando gallo a la dejación de armas…

Carlos Antonio Lozada: Eso no es cierto. No se corresponde con la verdad. Hace más de un mes y medio le entregamos a la subcomisión técnica del Gobierno nuestra propuesta de dejación de armas donde no queda absolutamente ninguna duda sobre lo que va a pasar con el armamento. Nadie puede creer que luego de pactado un mecanismo de monitoreo y verificación vamos a jugar con eso. La propuesta nuestra es seria y consistente y no pueden quedar dudas de que las FARC van a dejar hasta el último fusil.

Semana.com.: ¿En qué consiste esa propuesta?

C. A. L.: Consiste en que en el momento que acordemos, no se sabe si de una vez o por etapas, la totalidad de las armas van a ser dejadas en manos de un tercero, sea un grupo de países o una organización internacional. Todo verificado por el componente internacional del mecanismo tripartido de monitoreo que ya fue pactado.

Semana.com: El Gobierno considera que una vez ustedes lleguen a la zona de ubicación deben dejar los fusiles en un contenedor bajo vigilancia de los verificadores. ¿Comparten esa visión?

C. A. L.: Nosotros creemos que esto se tiene que hacer por etapas. Un primer momento corresponde a la destrucción de materiales explosivos e inestables, lo que se hará incluso antes de llegar las zonas de ubicación. En un segundo momento, quedaría guardado y bajo custodia el armamento de apoyo y de uso colectivo como ametralladoras y morteros. Conservaríamos las armas de defensa individual para la seguridad mientras estamos en los campamentos ubicados dentro de las zonas, para ir dejándolos de manera paulatina, por grupos, a medida que se avance en una serie de temas pendientes, hasta que se deje el último fusil.

Semana.com: ¿Cuáles son esos temas pendientes?

C. A. L.: Hay temas pendientes en todos los acuerdos, como la elección de los magistrados del tribunal especial de paz y los términos y el momento en que entraría a operar la ley de amnistía. Es necesario ir sincronizando esto en el tiempo y al respecto hay una propuesta muy clara en la mesa.

Semana.com: El Gobierno cree que ustedes no deben portar armas en las zonas.

C. A. L.: En eso no hay diferencias. Fuera de los campamentos y dentro de las zonas, los guerrilleros deben estar sin armas ni uniformes. Insisto en que las armas no son el motivo de la discordia.

Semana.com.: Entonces ¿qué fue lo que tanto les molestó del documento que presentó el Gobierno y que ‘Timochenko’ considera un llamado a la rendición?

C. A. L.: El documento que generó el problema abarca tres aspectos: cese al fuego, dejación de armas y una parte del  proceso de reincorporación. Causa molestias por el lenguaje, que llama a la rendición, al sometimiento. Algo que no se compadece con el momento y lo avanzadas que están las conversaciones. Además, en materia de cese al fuego se desconocen aspectos ya acordados como el para qué son las zonas.

Semana.com: Y según lo acordado, ¿para qué son?

C. A. L.: Pues son para verificar el cese al fuego y de hostilidades, para la dejación de armas y para iniciar el proceso que nos permita hacer el tránsito de movimiento insurgente a movimiento político legal. Las zonas no son para confinar a las FARC ni para aislarlas de la sociedad civil.

Semana.com: Explíquese…

C. A. L.: Este es un proceso de paz que busca hacer posible el ejercicio de la política sin armas, por parte nuestra y del Estado. Por eso no se puede creer que mientras esté en vigencia el cese al fuego definitivo, las FARC van a estar aisladas de la población civil, cuando se trata precisamente de una transición de movimiento armado organización política legal.

Semana.com: Pero ese es el problema justamente… estar haciendo política en medio de la población, con los fusiles…

C. A. L: Como ya dije, en la propuesta está contemplado que los guerrilleros no saldrían ni armados ni uniformados de los campamentos. Lo harán de civil y desarmados. Las zonas son para concentrar no a los guerrilleros sino el armamento bajo la vigilancia de la ONU. Ahí no hay lugar para engaños. Lo que pasa es que el Gobierno quiere ocultar las verdaderas razones del problema.

Semana.com: ¿Cuáles son?

C. A. L.: El temor de que salgamos a hablar de nuestras visiones del proceso de paz y del país. Que entremos a incidir en la coyuntura política. Y eso es contradictorio porque el proceso de paz debe posibilitarnos el ingreso a la política.

Semana.com.: ¿No está siendo muy conspirativo?

C. A. L.: El Gobierno está preso de dos miedos. Uno a la ultraderecha, que se opone al proceso, y otro a la perspectiva de que nosotros nos convirtamos en una alternativa política real al régimen. Quiere que se acabe la guerra, pero no quiere que le disputemos la conducción del país a la clase dominante.

Semana.com.: Pero hasta que no haya dejación de armas definitiva se configura una combinación de formas de lucha…

C. A. L.: No hay combinación porque nosotros estamos en tránsito de una guerra de 50 años, y eso no se da de un día para otro. El proceso de dejación de armas requiere plenas garantías, nosotros no podemos salir a hacer política en medio de esta matazón de dirigentes sociales. El Estado tiene que ser consistente en su propuesta; así como aún subsisten unos riesgos para nosotros ingresar a la política, así mismo que una vez las armas estén bajo vigilancia internacional nosotros podamos ir desarrollando las tareas propias del proceso de paz y el alistamiento para convertirnos en movimiento político.

Semana.com.: De La Calle dijo que no permitiría zonas grises...

C. A. L.: No se trata de crear zonas grises sino de entender que esto es un proceso de tránsito. Nosotros también podríamos argumentar que mientras no desaparezca el último paramilitar no tenemos suficientes garantías de seguridad. Pero hemos comprendido que el desmonte de esos grupos requiere tiempo y unas etapas. Lo mismo la transición que tendrán que vivir las Fuerzas Armadas de una concepción de lucha contrainsurgencia a una de soberanía y defensa del territorio. Eso no va a ser un proceso de un día para otro.

Semana.com.: ¿Ustedes tienen claro que la subcomisión no toma decisiones?

C.A.L: Por supuesto. Allí estamos reunidos unos altos mandos activos de las Fuerzas Armadas y unos comandantes guerrilleros construyendo un acuerdo técnico de orden militar, sobre cese al fuego y dejación de armas. Es un documento que se ha ido construyendo en medio de un trabajo muy arduo y complejo.

Semana.com.: ¿Y ese documento ya lo conoce la mesa?

C. A. L.: Aún no se ha entregado y nosotros estamos claros de que debe ser revisado por la mesa. Pero lo que nos desconcertó es que en un intermedio, cuando aún no se ha terminado el trabajo, se quiera darle un giro a lo consensuado.

Carlos Antonio Lozada en La Habana Foto: SEMANA


Semana.com: En el país había el convencimiento de que el tema del cese estaba muy avanzado…

C. A. L: Yo tenía el mismo convencimiento. En el último ciclo logramos encontrar con los generales la puerta de entrada a un tema tan espinoso como las zonas. Logramos tres definiciones muy importantes y eso nos hizo sentir que estábamos cerca del acuerdo.

Semana.com.: ¿Cuáles son esos consensos?

C. A. L.: Cómo va a ser el repliegue de los guerrilleros a las zonas; cómo será el despliegue de las Fuerzas Militares para lograr esa movilidad. Y los objetivos y características de las zonas.

Semana.com: ¿A 31 de diciembre del 2016 estaría culminada la dejación de armas?

C. A. L.: Eso va a depender de la Mesa. Esa no es una decisión unilateral, está  vinculada a compromisos que adquiera el Gobierno en materia de garantías de seguridad no sólo para las FARC, sino para los territorios y las personas. También la seguridad jurídica. Si logramos sincronizar estos aspectos, se hará la dejación definitiva de armas.

Semana.com.: Otro punto de controversia es el levantamiento de las órdenes de captura. El Gobierno cree que la rebelión termina con la dejación de armas y ustedes que termina con la firma del acuerdo….

C. A. L.: Es que es así. Después de que firmemos el acuerdo se acaba la confrontación. Allí hay una decisión irreversible de cesar la rebelión. En la propia Ley de Orden Público dice que a quienes lleguen a las zonas se les levantarán las órdenes de captura.

Semana.com.: Sí, pero sólo dentro de las zonas…

C. A. L.: Nosotros creemos que en esa situación de transición un número determinado de miembros de las FARC –todavía no sabría decir cuántos– deben estar en condiciones de salir a cumplir tareas del proceso. Uno de los puntos de debate que hemos tenido es que no nos parece justo, ni se compadece con un proceso como este, que los miembros del Gobierno asistan todo el tiempo a foros a debates a exponer su visión del proceso de paz y a nosotros se nos niegue esa posibilidad. Eso hace muy antidemocrático el proceso de pedagogía del país.

Semana.com: Pero el Gobierno no descarta esas salidas específicas… lo que no parece gustarle es que haya 10.000 guerrilleros sueltos sin haber dejado las armas definitivamente…

C.A.L: Eso de ver a todos los guerrilleros para arriba y para abajo no va a suceder. Pero si están allí o salen debe ser una decisión política nuestra, no una imposición del Gobierno o el capricho de un funcionario de turno. Es una cuestión de dignidad. Ahora, nosotros como dirección garantizaremos que esas salidas sean para cumplir tareas del proceso de paz. Obviamente todo esto sometido al mecanismo de monitoreo y verificación.

Semana.com.: ¿Cómo es eso que ustedes quieren amnistía inmediata luego de la firma del acuerdo?

C. A. L.: La Jurisdicción Especial de Paz estableció una ley de amnistía, lo que falta es precisar los delitos conexos a la rebelión. De acuerdo con el DIH, al finalizar las hostilidades el Gobierno está obligado a dar la más amplia amnistía a los combatientes, no soolo a los guerrilleros, sino incluso a los combatientes de los agentes del Estado.

Semana.com.: ¿O sea que usted está de acuerdo con el general Rito Alejo del Río?

C. A. L.: No es que esté de acuerdo. Es que eso dice el Derecho Internacional Humanitario. Es la ley y la ley opera gústele a uno o no.  Una vez entren en vigencia el acuerdo y el cese de hostilidades, debe entrar en vigencia la amnistía. No se puede volver un objeto de trueque. No se puede volver que si ustedes se portan bien se la doy…

Semana.com.: Puede que el DIH lo diga, pero una amnistía sin dejar las armas de manera definitiva les quita a ustedes toda legitimidad política…

C. A. L.: Todos  los delitos, mientras no sean de guerra o lesa humanidad, deben ser amnistiados. Una ley de amnistía no deslegitima sino que, por el contrario, reconoce las razones política para el alzamiento armado.

Semana.com.: ¿Están preparados los guerrilleros de base para el desarme?

C. A. L.: De los acontecimientos más importantes que han ocurrido a lo largo de estos cuatro años, de los que más han contribuido a construir confianza han sido estos viajes a los campamentos a hacer pedagogía. En el caso de la insurgencia era impensable que miembros de dirección nacional se trasladen con el consentimiento del Gobierno y la seguridad brindada por parte de las Fuerzas Armadas. A esos encuentros no sólo hemos asistido los miembros de las FARC que estamos en La Habana sino miembros de la dirección de los bloques a participar en el proceso de pedagogía.

Semana.com.: ¿Y que han encontrado?

C. A. L.: Hemos constatado el pleno respaldo a lo que hemos hecho en La Habana y eso nos llena de confianza y seguridad de que estamos haciendo las cosas bien. Es motivante ver que esos muchachos que estaban comprometidos a jugarse la vida en la guerra, hoy en día estén pensando cómo elevar su nivel político y cultural, en un contexto donde ya no serán las balas sino las ideas el factor fundamental.

Semana.com.: ¿Y los mandos medios? ¿Esos que manejan la caleta con plata, que tienen poder?

C. A. L.: La caleta de plata no sé dónde estará. Eso es otro de los sofismas. No hay un mandos nuestro en este momento al que se pueda decir que se haya enriquecido.

Semana.com.: Pero hay casos…

C. A. L: No voy a negar que haya habido casos de corrupción, gente que se ha volado con dinero. Pero nosotros vamos a salir de una confrontación de 50 años, igual que como entramos: con lo que cargamos en la mochila.

Semana.com.: ¿Incluso el ‘Paisa’ y ‘John 40’?

C. A. L: Ellos hacen parte de las FARC y llegado el momento, el país va a conocerlos y oírlos.


Equipo negociador de las FARC en La Habana. Foto: SEMANA

Semana.com.: Se esperaba que el 23 de marzo por lo menos se anunciara una hoja de ruta. ¿Ya existe un borrador?

C. A. L.: Nosotros entregamos una hoja de ruta que la tiene en las manos también el presidente. La hoja de ruta contiene los hitos fundamentales que se deben desarrollar, casi todos contenidos en los puntos 3 y 6 de la agenda, y otros temas que han ido quedando pendientes. Habría que convertir eso en cronograma.

Semana.com.: Ustedes tienen una gran sed de salir a la política  ¿No cree que les falta un mayor reconocimiento de sus errores?

C. A. L.: La política nos creará escenarios  para asumir esas responsabilidades, analizándolas en el contexto en el que se dieron. Y lo haremos con toda entereza y dignidad, con respeto por las víctimas.

Semana.com: ¿Y en lo individual? Usted, Carlos Antonio Lozada, ¿qué tiene que reconocer?

C. A. L: No se trata de algo personal. Todo se ha dado en el contexto de una confrontación  y de unas políticas de la organización. Lo personal queda para nuestra propia conciencia. Lo que sí puedo decirle es que duermo tranquilo.