La maratón por firmar la paz el 23 de marzo

Para lograr que se firme un acuerdo de paz antes del 23 de marzo la Mesa de La Habana tendrá que trabajar sin descanso por lo menos hasta la Navidad. La promesa que se hicieron el presidente Santos y el máximo jefe de las Farc, Timoleón Jiménez, en septiembre pasado, se está diluyendo ante la demora en el cierre del punto de justicia, que se daba por terminado hace dos meses cuando se produjo ese encuentro. La realidad es que hoy sigue abierto y tiene virtualmente paralizado el resto de la negociación.

Esta semana, cuando se cumplieron tres años del comienzo de los diálogos, tanto el gobierno como la guerrilla se pronunciaron con aprensión sobre el plazo fijado. El jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, dijo que “el proceso ha tomado más tiempo de lo esperado (…) Ya es hora de terminar (…) Nos encontramos en la recta final, aunque tampoco podemos negar que estamos ante los temas más complejos y no los vamos a acordar de cualquier manera (…)”. En la misma dirección se pronunció su contraparte, Iván Márquez, quien en entrevista con el diario español El País, dijo que “aunque hay aún temas complicados, aún es posible llegar al acuerdo final en marzo. Pero seguramente nos podemos extender un poquito más, los temas a discutir son complejos, de verdad”.

¿Por qué la demora?

Cuando Santos y Timochenko le anunciaron al país que la paz se firmaría en seis meses, es decir el 23 de marzo, la fecha sonaba difícil pero razonable porque se daba por cerrado el punto de la justicia. Pero surgieron diferencias de interpretación tan profundas sobre lo acordado, que la Mesa lleva dos meses intentando resolverlas y terminó en una revisión de casi todos los 75 puntos del acuerdo. Hay asuntos que se han complicado, como la interpretación sobre si los presidentes podrían comparecer ante la jurisdicción especial de paz o mantienen su fuero frente a eventuales delitos internacionales. La amnistía, que parecía el tema más fácil, también se ha enredado porque han surgido diferencias sobre los alcances que debe tener el delito político. Y, por supuesto, aún no se logran unificar criterios sobre qué quiere decir restricción de la libertad.

Esta demora en el acuerdo de justicia ha tenido efectos colaterales indeseados. La subcomisión del fin del conflicto, que iba muy rápido, está prácticamente paralizada a la espera de que la Mesa cierre por fin el punto de las víctimas –que incluye justicia y reparación– pues lo que sigue –cese del fuego y hostilidades, desarme y las garantías de no repetición– tiene que ver directamente con dónde se ubicarán en el futuro los jefes guerrilleros, algo que depende también del acuerdo de justicia. Solo cuando estos temas se acuerden en la Mesa se podrá hacer la solicitud conjunta de verificación al Consejo de Seguridad de la ONU, algo que el propio gobierno considera que no se alcanzará a hacer este año. Una vez hecha la solicitud, su aprobación y puesta en práctica se tomaría por lo menos tres meses.
 
También se suele olvidar con frecuencia que hay un sexto punto en la agenda, sobre el que la Mesa todavía no ha dicho una palabra y en el que, en cambio, hay posiciones encontradas. Se trata de la refrendación e implementación de los acuerdos. Tanto frente a la comisión legislativa y las facultades presidenciales, como frente al plebiscito, las Farc han expresado su desacuerdo por tratarse de medidas que el gobierno está impulsando de manera unilateral. Insisten en una Constituyente, que el gobierno niega de plano. Como todas estas son cuestiones de gran calado político, así las delegaciones trabajen día y noche, será difícil que la negociación se cierre en estos cuatro meses.

Otra explicación para la lentitud de la Mesa es que quienes redactan los acuerdos –casi siempre Sergio Jaramillo, por el gobierno, y Jesús Santrich, por las Farc– son perfeccionistas y se toman horas discutiendo cada término y cada coma. No obstante, esto permite que los documentos finales sean de calidad y evitará que en la implementación surjan nuevos conflictos alrededor de la semántica. Más aún si se tiene como espejo la experiencia del acuerdo de justicia, cuya redacción se hizo de manera tan veloz que dejó un margen de ambigüedad que hoy tiene enredado todo el proceso. Con razón dicen las abuelas que de las carreras no queda sino el cansancio.

Una última razón es que toda negociación necesita pausas. Las partes deben hacer consultas con sus bases o con expertos y tomar decisiones no siempre es un proceso expedito. Por otro lado, ambos lados de la mesa necesitan asimilar los contenidos y las estrategias de la contraparte. Y, finalmente, porque los negociadores son seres humanos, y están hace tres años en un ritmo agotador física y emocionalmente. Necesitan pausas, como cualquiera.

¿Estrategia de negociación?

Ahora, sobre todo Santos siente la presión del tiempo, pues a diferencia de Timochenko tiene un final de periodo en el horizonte, una opinión pública implacable y una oposición que no escatima oportunidad para sembrar desconfianza en el proceso de paz. Por eso, el presidente sigue enviando el mensaje de que la fecha no se mueve. A su vez, Humberto de la Calle ha dejado en el ambiente la idea de que la lentitud se debe a la falta de decisiones políticas de las Farc.

Otra cosa piensan los guerrilleros. Timochenko dijo esta semana en una carta abierta al presidente, que las dilaciones y aplazamientos provienen de la delegación del gobierno y se pregunta si “la dilación de ahora apunta a arrinconarnos a última hora para forzarnos a aceptar imposiciones”. En respuesta, Santos propuso un cónclave de la Mesa hasta que salga humo blanco en los principales puntos pendientes, y envió a su hermano Enrique para explorar con los guerrilleros cómo acelerar más. También para revitalizar la confianza.
Que el plazo no se cumpla seguramente no rompería la negociación pero tendría consecuencias graves tanto para las Farc como para Santos. Para las primeras, porque la opinión pública las señalaría como responsables y se rompería la poca confianza que han ganado en los últimos meses. Para el presidente tendría un alto costo político, dado que junto al acuerdo de justicia –que no era tal– la gran noticia que recibió el país desde Cuba fue una fecha cercana para la firma de un acuerdo final. Moverla lo haría ver como un presidente que improvisa y que marcha al ritmo de las Farc. Santos no puede pagar ese costo en medio de una campaña para refrendar los acuerdos.

La pregunta que se hace Timochenko en su carta es la que se hace todo el país: “¿Y qué pasaría si llegado el 23 de marzo no hubiera acuerdo final? ¿Echaríamos por la borda lo trabajado y alcanzado durante tanto tiempo?”. Es absurdo pensar que si el 23M no hay acuerdo, el proceso de paz se acabará. Eso seguramente no pasará. “No sería justo ni conveniente”, como dice el jefe de las Farc. Pero tampoco se puede defraudar la esperanza de un país que cree que el 24 de marzo amanecerá, por fin, sin guerra.