Sin firma en La Habana, ¿y ahora qué?

Después de largas horas de espera, el miércoles santo –día que el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las Farc, Timoleón Jimenez, habían fijado para firmar el acuerdo final– los jefes de las dos delegaciones, Humberto de la Calle y Timoleón Jiménez, hicieron breves declaraciones por separado para anunciar que no se había llegado a nada. De la Calle reiteró que, más que una fecha, busca “un buen acuerdo” y subrayó que “nunca más (habrá) política con armas”. Márquez dijo que insistirán en un pacto para programar una hoja de ruta. Y ambos reconocieron que todavía hay desacuerdos profundos sobre asuntos de importancia. La mesa que estaba preparada para el anuncio de un acuerdo quedó vacía.

Los dos equipos estuvieron enclaustrados durante cinco días hasta altas horas de la noche en la casa del embajador de Noruega, que es una especie de zona neutral usada en momentos difíciles. Intentaron llegar a una hoja de ruta o, a lo sumo, a un comunicado conjunto. Pero solo hubo una noticia tácita: la negociación tomará todavía varios meses.

En realidad, ya nadie esperaba que se cumpliera el plazo fijado hace seis meses. Ya el martes las delegaciones del gobierno y de las Farc tuvieron que resignarse a ver al presidente Barack Obama a lo lejos, en el estadio Latinoamericano de pelota (béisbol) de La Habana. La presencia del carismático presidente de Estados Unidos, sentado en primera fila junto a Raúl Castro, bajo un cielo en el que batían alas cientos de palomas, sellaba el fin de la guerra fría y el comienzo de la reconciliación. Pero ese espíritu no alcanzó a los colombianos que desde costados diferentes del estadio asistían al histórico evento. Esa fue quizá la única salida al aire libre que tuvieron gobierno y guerrilla en los últimos días.

Aunque no hubo foto con Obama, hay que destacar la importancia de que el secretario de Estado, John Kerry, se haya reunido el lunes 21 de marzo con la delegación del gobierno durante dos horas, y con las Farc durante algo más de una hora. Es histórico que el secretariado de esa guerrilla en pleno conversara a puerta cerrada con el hombre que maneja la política exterior de los Estados Unidos, país que aún tiene a las Farc en la lista de terroristas del mundo.

El mensaje de Kerry es que el acuerdo cuenta con todo el respaldo de Estados Unidos, que hay que apurar porque el tiempo de Obama se agota, pues las elecciones presidenciales de ese país son en noviembre, y que compromete a su país en las medidas de seguridad que requieran las Farc luego de dejar las armas. Un gran espaldarazo en un momento crítico. Minutos después, Timochenko publicó en su Twitter: “Quienes apoyaron y asesoran el plan Colombia dispuestos a apoyar y acompañar la paz de Colombia” y el miércoles Kerry no descartó que los trámites para sacar a las Farc de la lista de terroristas comiencen desde ahora.

El conocimiento que tenía Kerry de los detalles de los acuerdos de La Habana dejó perplejos tanto a los miembros del gobierno como de la guerrilla, que reconocen que el enviado de Obama para el proceso, Bernie Aronson, ha hecho su tarea y que incluso en estos momentos críticos ha sido un factor clave para mantener la confianza. Sin duda, para Obama restablecer relaciones con Cuba y terminar la última guerra insurgente de América Latina es de alguna manera superar un pasado del que no quiere ser rehén, según dijo en su inspirador discurso en el teatro Alicia Alonso.

A pesar del frío que ha reinado en la mesa de La Habana en estos días, es claro que la negociación está en la fase final. Sería ingenuo pensar que este último tramo de la carrera sería fácil. Como en el deporte, son las horas decisivas, donde todos se emplean a fondo para llegar a la meta en mejores condiciones. Por eso, quizá, este último ciclo –que ha sido el más largo de toda la negociación, pues fueron 22 días sin parar- fue accidentado, tenso y tal vez frustrante. Los temores y desconfianzas estuvieron a flor de piel. Las diferencias en torno a las zonas de concentración de la guerrilla y la dejación de armas surgieron cuando menos se esperaba y están lejos de ser asuntos técnicos. Por el contrario, son temas sensibles para ambas partes.

Los grandes desacuerdos

Una vez firmado el acuerdo de paz, las Farc deben concentrarse en zonas de ubicación para empezar el proceso de dejación de armas. Este proceso se hará en medio del cese al fuego y de hostilidades con verificación del Consejo de Seguridad de la ONU y durará, en teoría, máximo un año. Todo parecía despejado para la creación de estas zonas luego de que hace dos semanas el Congreso reformara la Ley de Orden Público con respaldo de todos los partidos, con una sola condición: que no toquen zonas urbanas ni cabeceras municipales. Si bien ha habido diferencias sobre el número de zonas o su extensión, lo que creó un verdadero tsunami fue la propuesta que el gobierno puso sobre la mesa acerca del régimen interno de las mismas.

La diferencia de fondo que hay en La Habana es para qué son estas zonas. Aunque ambas partes reconocen que la concentración es un tiempo de transición, para el gobierno se trata de que los guerrilleros transiten a la legalidad, mientras para la guerrilla es más un tránsito de la guerra a la política. Para el gobierno, durante este tiempo los guerrilleros deben ser identificados, recibir su cédula, quedar inscritos en las instituciones del Estado y con un proyecto de reincorporación. Para la guerrilla, en cambio, es el comienzo de su trabajo político. Esto tiene implicaciones prácticas en torno a un tema muy sensible: la presencia de población civil y de instituciones.

El gobierno piensa que estas zonas deben ser veredas alejadas, ojalá sin civiles ni centros educativos para evitar violaciones del DIH. Esa pretensión de aislamiento indignó a las Farc, pues consideran que su tránsito hacia la política pasa por un intenso contacto con la población. El mismo tampoco quiere que los civiles ingresen libremente a estas zonas ni que se hagan reuniones en ellas sin su autorización.

Lo que quiere evitar el gobierno con estas condiciones es que haya reclamos de que la población queda a merced de las Farc cuando aún no han dejadode manera definitiva las armas. Por eso, también proponen que si hay civiles, haya policía comunitaria. En lo que tienen razón las Farc es que sería la primera vez que un gobierno en Colombia aplica un concepto tan estricto para concentrar a las tropas. El M-19, por ejemplo, tuvo como espacio para su desarme a Santo Domingo, un corregimiento del Cauca, y las AUC a Santa Fe Ralito en Tierralta, Córdoba. En esa materia el gobierno en la mesa parece incluso más duro que el Centro Democrático que puso una decena de constancias en el Congreso para tener en cuenta en la reglamentación de las zonas de concentración.

La otra gran diferencia es quién entra y sale. El gobierno cree que las órdenes de captura solo deben ser levantadas dentro de las zonas y que cualquier salida de ellas por parte de los voceros del movimiento debe ser con su autorización y bajo vigilancia de los verificadores de la ONU. Para las Farc, esto los convierte en presos. En cambio, aspiran a algo que, al otro extremo, es poco realista: que a la firma del acuerdo se levanten las órdenes de captura a todos sus hombres y mujeres y que estos se puedan mover libremente.

El otro tema complicado son las armas. Mientras para el gobierno los guerrilleros al ingresar a la zona deben poner las armas en contenedores bajo vigilancia internacional, y solo una mínima parte de ellas pueden ser portadas para protección de los campamentos, para la guerrilla el desarme debe ser progresivo. El gobierno cree que la dejación definitiva de las armas es el banderazo para empezar a implementar los acuerdos en materia de reincorporación, justicia y participación en política. La guerrilla piensa otra cosa. A su juicio, durante la concentración -cuando aún no han dejado totalmente las armas-, deben ocurrir por lo menos tres cosas: que se incorporen los acuerdos al ordenamiento jurídico vía un acuerdo especial; que se refrenden los acuerdos y se empiece su implementación en particular en materia de amnistía e indulto.

Ambas partes tienen razones de peso para defender sus posiciones y para expresar sus temores. De alguna manera, está llegando la hora de la verdad del proceso de paz. Para la guerrilla, el momento de la dejación de armas es el más difícil de todos. Los jefes de las Farc en La Habana no tienen ninguna duda al respecto. Pero, seguramente, no es fácil para ellos convencer a diez o 15.000 guerrilleros de que de la noche a la mañana dejen sus fusiles en depósitos y confíen en la buena fe de un gobierno que ha sido su enemigo hasta hoy. Quienes han ido a hacer pedagogía a los campamentos coinciden en que las preguntas que con más frecuencia hacen los combatientes son: ¿nos van a matar? ¿Nos van a meter a la cárcel? ¿Nos van a traicionar? Todo esto mientras hay la sensación de que crece el paramilitarismo.

Pero la delegación del gobierno también se hace portadora de los temores y desconfianzas de un amplio sector de la sociedad que a su vez se pregunta.¿Van a cumplir las Farc? ¿Dejarán las armas de verdad? ¿Entrarán las Farc en una zona de confort haciendo política sin haber dejado aún los fusiles?

Ahora, el tema de justicia y la dejación de armas son los dos asuntos que más tocan a las Farc en su humanidad, pero también los más espinosos de cara a la opinión pública. La legitimidad del proceso de paz, y por tanto su eventual refrendación, dependen en buena medida de que la gente entienda que no habrá impunidad, y de que crea que las Farc sí dejarán las armas y no las usarán en política. Por eso lo que hoy se discute en la mesa, que parece tan técnico, también tiene que ver con los desafíos políticos inmediatos. Las Farc, que saben de su desprestigio en la escena nacional, necesitan las zonas como una transición más fácil para convertirse en partido. Y a lo mejor, como lo hicieron en Conejo, La Guajira, para agitar y ganar adherentes a su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno, al endurecer las condiciones de la zonas, asegura que en un eventual plebiscito el acuerdo tenga más aceptación. Una cosa es que el plebiscito ocurra con unas zonas en las que los guerrilleros portan todavía sus fusiles, y otra, cuando estén de civil, estudiando y preparándose para la civilidad.

Ese es el entuerto. Y aunque se ven todavía muy distantes las posiciones, lo que está claro para ambas partes es que el acuerdo se firmará este año. De hecho, que la entrega de armas debe hacerse también antes de que finalice 2016. Pero, ahora, nadie se arriesga a poner una fecha.