La carta de 12 colombianos condenados a muerte en China

“Cada día que pasa me arrepiento de haber hecho esto. (…) Estos h.p. son el demonio, no tienen corazón, no se imagina la tortura, nos tratan peor que a basura, peor que a animales, estoy igual que un secuestrado”. Las palabras son de Luis Eduardo Ramírez, un bogotano que hace cinco años viajó a China con droga en su cuerpo. Le escribe a su hermano, meses después de haber sido sentenciado a la pena capital, la muerte, por el delito de narcotráfico.
 
“Manito, por favor, no le diga nada a mi mamá, me dieron pena de muerte, con anticipación a dos años. No se asuste que esa pena es solo nombre, a los dos años me cambian a cadena perpetua o a 15 años, a los dos años cambia de nuevo a menos años, por ahí 7 u 8 con buen comportamiento y trabajo, creo que con fe en Dios, que si se da todo como yo espero, nos estaremos viendo en poco tiempo”, dice Luis Eduardo en la carta.
 
Como estas, son casi una docena de testimonios de igual número de colombianos condenados a cadena perpetua o pena de muerte en China, que han llegado al Congreso colombiano. Además de la dura experiencia que los presos relatan, coinciden en pedir, como una especie de súplica, que el gobierno colombiano firme un tratado de repatriación con el gobierno chino.
 
Este martes en la Comisión Segunda del Senado la senadora Teresita García (Opción Ciudadana) adelantará un debate al que citó a la canciller María Ángela Holguín, en el que le pedirá que adelante una gestión diplomática para que el gobierno chino reconsidere, dentro de su autonomía, así sea por una sola vez, la posibilidad de deportar o repatriar a estos colombianos bajo la condición de que sigan presos en nuestro país, tratando de buscar una pena que pueda ser equivalente.
 
“Hemos escuchado al señor ministro de justicia plantear la imposibilidad de suscribir un tratado de repatriación con China. Hasta ahora la República Popular de China ha firmado acuerdos bilaterales sobre transferencia internacional de presos con 11 países, incluidos Mongolia, Kazajstán, Rusia, España y Australia, entre otros, lo que abre una esperanza para que Colombia pueda hacer lo mismo, teniendo en cuenta que varios de estos no tienen la pena de muerte ni la cadena perpetua en equivalencia”, explicó la senadora García.
 
Entre las principales razones por las que los presos piden su pronta repatriación están las condiciones de reclusión.
 
“Las comidas de aquí casi todas contienen picante, no contienen vitaminas ni proteínas, solo como arroz casi a diario con lo que medio le pueda revolver. Los vegetales que nos dan aquí no son de muy buena calidad, tienen olores horrendos, algunas veces nos han salido bichos –cucarachas, moscas, caracoles y hasta piedras-”, denuncia Carlos Lenin Fajardo, condenado a pena de muerte por narcotráfico, en una de las cartas enviadas al Senado.
 
En otra, los detenidos en la prisión de Qingpu, en Shanghai, denuncian trato xenófobo de parte de los guardias, y que su reclusión es un negocio para los chinos.
 
“Esta prisión ha convertido nuestro encarcelamiento en un negocio lucrativo. Empezando por la necesidad de pagar por algo llamado ‘grado de reforma’, el cual es una condición para acceder a las reducciones de sentencia. El costo de este varía entre el equivalente al 50 % o el 100 % de nuestros gastos anuales, los cuales son alimentación dada la pésima calidad de comida que nos es suministrada, aseo, pues la prisión no nos provee ni un jabón, y vestuario, ropa de verano e invierno, porque inteligentemente la dirección canceló y prohibió la entrada de ropa de afuera, para así poder vendernos y obligarnos a pagar por artículos de bajísima calidad a sobrecosto (…)”.
 
Los presos en Shanghai también dicen que todos estos elementos se les venden a precios muy superiores a los que paga el consumidor chino.

“Un claro ejemplo es el costo de la llamada internacional. En la calle es un yuan por minuto equivalente a $300. Pero en la prisión debemos pagar 75 yuanes equivalentes a $23.000 pesos por 15 minutos”, señalan en la carta.
 
Igualmente, los presos denuncian hacinamiento: “Estamos 12 personas por celda compartiendo una sola letrina, mientras que los prisioneros chinos conviven solo cinco por celda”.
 
Pero hay más. También denuncian que las autoridades chinas los obligan a pagar dinero para que se les conmute la pena. “En el pasado la cadena perpetua era conmutada automáticamente a los 24 meses a 18 años. Pero desde el año 2012 esto cambió y ahora no solo fue aumentado el término de pena a 21 años, sino que también para lograrlo se debe hacer un aporte económico estipulado por la dirección y dejando constancia en un documento redactado en chino de que fue totalmente voluntario. A riesgo de que al no hacerlo la dependencia encargada de enviar la documentación necesaria a la Corte para el cambio de condena la retenga por tiempo indefinido. Esto nos ha afectado enormemente como en el caso del compañero Francisco Javier Rondón, quien a pesar de haber pagado una modesta suma de acuerdo a sus posibilidades, el cambio de condena a 21 años tardó 32 meses, mientras que para los nacionales chinos este proceso tarda solamente 26 meses”.
 
A la fecha hay 129 colombianos en cárceles de China, de los cuales 12 están condenados a la pena de muerte. En los últimos años aumentó hacia China el tráfico de estupefacientes en la modalidad de correo humano o mulas, al parecer porque se convirtió en uno de los destinos más lucrativos dentro de la cadena de este negocio ilegal.

Los colombianos que son detenidos por narcotráfico son puestos a firmar documentos en chino, desconociendo que el contenido de lo que están firmando es la aceptación de una sentencia a muerte. Aunque el consulado brinda asistencia jurídica, muchos de los presos confiesan abandono desde el momento en que son capturados.

En China, una vez un colombiano queda preso, pierde sus garantías de defensa, ya que las comunicaciones con sus familiares son casi imposibles. Han denunciado que un traductor cobra entre 150 y 250 dólares diarios, cifra muy difícil de pagar para las familias de los presos, que en su mayoría son de escasos recursos.

Además, los honorarios de un abogado se aproximan a 36.000 dólares por proceso.

Para las familias el drama puede ser superior. Visitar a un detenido en China cuesta alrededor siete millones de pesos en pasajes ida y regreso, cada uno de 23 horas el trayecto. Durante la estada se les permite realizar una única visita a la cárcel en un mes, la cual no se puede extender más de una hora.

Luego, al interior del país, un trayecto en avión de Beijing a Guangzhou cuesta unos 240 dólares -aproximadamente- , cerca de 650.000 pesos colombianos. Este mismo trayecto en tren demora 18 horas y cuesta aproximadamente unos 200 dólares.

Este martes, además del debate en el Senado, familiares de los colombianos presos en China se manifestarán en la plaza de Bolívar y luego le pedirán a la canciller que el gobierno colombiano interceda por estas personas que por llevar droga a China, encontraron una sentencia de muerte.