Duelo de titanes

LA HISTORIA HABIA COMENZADO SIN QUE nadie se diera cuenta a mediados del semestre pasado. Las secretarías de Hacienda de algunos departamentos del occidente del país y un documento del Corpes de esa región, que integra ocho departamentos, habían planteado la necesidad de realizar algunas investigaciones sobre posible evasión de impuestos al consumo de cerveza. Como la reforma tributaria de este año colocó en cabeza de la Administración de Impuestos Nacionales la vigilancia de algunos tributos regionales como éste, las autoridades tributarias y el propio Ministerio de Hacienda iniciaron una serie de indagaciones con el fin de hacer claridad sobre las inquietudes regionales.
Los departamentos involucrados le habían planteado al Ministerio de Hacienda la necesidad de enfrentar estos problemas aumentando del 48 al 60 por ciento el impuesto al consumo de cerveza. Las investigaciones preliminares de Hacienda parecieron confirmar la posible evasión en ese sector, pero el ministro Rudolf Hommes concluyó de ellas exactamente lo contrario: que la manera de reducir la evasión y aumentar el recaudo de impuestos en ese y en otros sectores era bajando y no subiendo el impuesto, tal y como había sucedido en numerosos casos tras la reforma tributaria de 1986.
El ministro Hommes planteó dichas tesis en la exposición de motivos de un proyecto de ley que buscaba establecer el marco para reformar los tributos regionales.
Pero dicha tesis, que en teoría debía despertar simpatías en la industria cervecera, produjo el efecto contrario. Como la exposición de motivos no sólo hablaba de reducir el impuesto al consumo de cerveza sino que aseguraba que los cálculos de las autoridades económicas revelaban una supuesta evasión de más del 30 por ciento, las empresas cerveceras pusieron el grito en el cielo. Como este sector industrial es controlado en un 100 por ciento por el Grupo Santo Domingo, los señalamientos del Ministro, más que ser una generalización sobre un sector de la economía tenían nombre propio.
Los medios de comunicación se volcaron de inmediato sobre la mencionada exposición de motivos y sobre otros documentos divulgados por el Ministerio de Hacienda sobre el tema, con el fin de establecer cuál era el alcance del señalamiento del Ministro y cuál el origen de las cifras. La realidad es que la tesis de Hommes era el resultado de cruzar el valor anual de la producción cervecera, calculado por el Dane y otras agencias estatales con base en declaraciones de las propias empresas cerveceras, con el total efectivamente recaudado por concepto del consumo de cerveza. En las estimaciones realizadas para el año 1991 dichos cálculos conclufan que el impuesto recaudado era inferior en 71.000 millones de pesos al impuesto que debía haber sido percibido por el fisco si la tasa del 48 por ciento de ese impuesto se aplicaba al valor de la producción de alrededor de 390.000 millones de pesos (ver cuadro).
La industria cervecera, por boca del presidente de Bavaria Augusto López, se apresuró a responder al Ministro argumentando que esos 390.000 millones de pesos ya incluían el impuesto. O sea que esa cifra era superior en un 48 por ciento al valor de las ventas netas de las empresas cerveceras en el país. Según el Grupo Santo Domingo, para establecer el monto del impuesto al consumo de cerveza en el 91 había que calcular el 48 por ciento de 250.000 y no de 390.000 millones de pesos.
La riposta de las autoridades tributarias fue la de decir que en los distintos cruces de cuentas realizados por el Gobierno que daba claro que los 390.000 millones de pesos del valor de la producción cervecera en ese año no incluían el 48 por ciento del impuesto al consumo.
A LA CARGA
Pero no fueron precisamente estas cifras y estos conceptos los elementos más destacados del debate que tuvo su punto culminante el miércoles de la semana pasada, durante la citación que la plenaria del Senado le hiciera al ministro Rudolf Hommes. En dicha sesión, seguida desde las barras por el propio presidente de Bavaria Augusto López, media docena de senadores le propinaron al Ministro el mayor número de ataques que ha recibido ningún miembro del gabinete en dos años y medio de gobierno de César Gaviria. El senador costeño Roberto Gerlein acusó a Hommes de desatar un pánico en la Bolsa de Valores y de hacer bajar la cotización de la acción de Bavaria; el santandereano Tito Rueda le dijo que se había convertido "en un verdadero káiser", el senador Ricardo Mosquera lo acusó de autoritario; el liberal antioqueño Darío Londoño exclamó en tono apocalíptico: "Sálvese quien pueda de los desafueros del señor Ministro de Hacienda".
Ante la andanada, Hommes prefirió ser breve, y se limitó a decir que después de revisar y rehacer una y otra vez los cálculos sobre las cifras de producción y tributación del sector cervecero "me toca aquí ser como Galileo, me da pena, pero se sigue moviendo la Tierra alrededor del Sol y no al revés". En el Congreso, nadie salió en defensa del Ministro, y solamente al día siguiente los gobernadores del país, reunidos en una cumbre en Bogotá, aprobaron una moción de apoyo a Hommes, que sostenía que él estaba actuando en defensa de los fiscos regionales.
Durante su intervención ante el Senado, Hommes sostuvo en forma reiterada que él no estaba acusando a nadie en particular sino presentando los cálculos de las autoridades económicas sobre el sector cervecero en general. Sin embargo la realidad es que ésta era una defensa a medias. Como es un hecho público que el sector cervecero está en manos de un solo grupo empresarial, lo que el Ministro planteaba como un análisis general era un señalamiento particular y directo. Sobre esa posible ligereza del Ministro de Hacienda existía cierto consenso a nivel de la opinión desde que se hicieron públicas las cifras de Hommes sobre la cerveza.
EL MEDIO ES ES MENSAJE
Pero al final de la semana pasada un segundo consenso había ganado terreno: el tamaño de la equivocación del Ministro no era comparable con las dimensiones de la reacción del Grupo Santo Domingo en su contra.
Durante casi dos semanas los oyentes de Caracol, la cadena radial del Grupo Santo Domingo, fueron testigos de un desfile de insultos y acusaciones, tanto de los periodistas de la emisora, que una y otra vez tildaron de mentiroso e irresponsable al Ministro, como de los entrevistados, la mayoría de ellos congresistas y funcionarios de distintos niveles del Grupo Santo Domingo, que hablaron de mociones de censura, denuncias penales y hasta de cárcel para el titular de la cartera de Hacienda.
En resumen, los oyentes de Caracol han recibido en los últimos días tanta o más información sobre el caso de Bavaria y el ministro Hommes que sobre la conmoción interior, tras la cual y después de 12 años de diálogo, se le declaró la guerra a la guerrilla. El día del debate en el Senado, la avalancha informativa se extendió a la transmisión en directo por TV Cable en Bogotá empresa de la cual el grupo también es socio de la sesión en el Senado.
Por cuenta de todo este despliegue informativo, más que un ejercicio de control político del Congreso sobre el Gobierno, lo que pareció evidenciarse fue el control de Augusto López sobre el Congreso. Y más que eso, el poderío informativo alcanzado por el Grupo Santo Domingo por medio de sus inversiones en el campo que las comunicaciones.
Por ello al finalizar la semana, al tema de los impuestos a la cerveza se sumó con tanta o más fuerza el del fenómeno que representa el que un grupo económico privado utilice medios masivos de comunicación, concedidos por el Estado, en defensa de sus argumentos e intereses. Para un oyente fiel y desprevenido de Caracol, la conclusión obvia de todo este proceso es que las acusaciones del Ministro de Hacienda constituyen un comportamiento delincuencial. Independientemente del veredicto final que reciba el caso, tanto en el proceso administrativo por impuestos como el instaurado a nivel penal contra el Ministro, es probable que a juicio de esos oyentes Hommes ya haya sido condenado. Por eso no son pocos los que sostienen que la consecuencia inmediata de esta desenfrenada polémica sea la agudización y el enrarecimiento de un debate que el país tiene pendiente desde hace algún tiempo: el de la conveniencia o inconveniencia del control de los medios en pocas y poderosas manos privadas.
Lo demás, el asunto tributario, quizá no se resuelva tan pronto. Teniendo en cuenta que la tradición indica que las discusiones tributarias entre las autoridades económicas y la empresa privada tardan años y hasta décadas en resolverse debido a la complejidad de las investigaciones, es presumible que el desenlace de este
duelo de titanes no se registre antes del siglo entrante.

¿La historia se repite?
LA NOCHE DEL MARTES 18 DE marzo de 1969 los colombianos fueron sorprendidos por una inesperada alocución televisada del presidente Carlos Lleras Restrepo. En forma inusual, un mandatario colombiano se refería públicamente a la situación de una compañía privada: Bavaria. En un país agitado en esos días por paros cívicos, serios disturbios estudiantiles y por el racionamiento de energía al sur del territorio nacional, llamó la atención que la charla presidencial tocara temas como la evasión de impuestos, la baja en la cotización de las acciones de la cervecera en bolsa, el monopolio de la industria y la forma en que podrian verse afectados pequeños inversionistas por el manejo desordenado de la empresa.
Para redondear su intervención Lleras anunció que iría a la asamblea para proteger a los accionistas minoritarios y que lo haría esgrimiendo las 300 acciones que poseía de Bavaria Ese anuncio llenó los titulares de primera página de la prensa nacional puso el tema de Bavaria en boca de todos los colombianos durante los tres meses siguientes. Pero lo cierto es que la historia había comenzado en octubre de 1968 cuando el entonces director de Impuestos, Liborio Cuéllar, expidió una resolución ordenando ,a investigar a Bavaria, Cervunión y las cervecerías Andina, Aguila, Colombo Alemana y sus distribuidoras. El ministro de Hacienda, Adbón Espinosa Valderrama, advirtió que "el Gobierno entendía que estaba ante una evasión fiscal de grandes proporciones. No había de tolerarla, ni de cohonestarla", aseguró por esos días.
En febrero de 1969, ya culminadas las investigaciones de Impuestos, se concluyó que las cinco cerveceras debían cancelar 600 millones de pesos que habían evadido liquidar sobre consumo de cerveza. Al mismo tiempo el Gobierno les otorgó un plazo de ocho años para cancelar la obligación tributaria y desde entonces determinó ceder esos recaudos a departamentos, intendencias, comisarias y el Distrito Especial de Bogotá. De allí en adelante fueron muchas las cosas que salieron a la luz pública sobre el manejo, especialmente, de Bavaria. El precio de la acción de la empresa cayó en la bolsa y hubo un minipánico.
De ahí la intervención del presidente Lleras: "Me da mucha pena decirlo publicamente al país, como se lo he dicho a los directores cerveceros aquí en San Carlos, que cuando se administran empresas importantes no hay que hacer maniobras para evadir las prescripciones fiscales". Lo verdaderamente fuerte vino después. Dijo que Bavaria presentó "razones mentirosas" para emitir unas acciones que intercambió con el grupo Santo Domingo; que los administradores de la empresa además de irresponsables, "hicieron operaciones que parecen cosa de locos,, y advirtió tajantemente que cualquiera fuera el criterio sobre la liquidación de impuestos "se estaba haciendo fraude en impuestos".
El 31 de marzo de 1969, después de una tormentosa asamblea de accionistas a la que Lleras no asistió, pero en donde fue representado por Fabio Lozano Simonelli, fue designada una comisión investigadora para que rindiera un informe sobre las más graves denuncias sobre el manejo de la compañía. Se indagó desde los sueldos de los directivos, pasando por las inversiones de la cervecera en 80 compañías, hasta por las operaciones de compraventa de acciones que se estaban dando desde meses atrás entre el Grupo Santo Domingo (Cervecería Aguila) y los administradores de Bavaria.
Al final hubo mucho ruido y pocas nueces. Las cerveceras pagaron en los plazos estipulados bajo el regaño presidencial de que "si consideraban todo demasiado gravoso, han debido buscar una rebaja, pero no apelar a procedimientos "ilegales". La comisión investigadora concluyó que la empresa debía someterse a una estricta política de austeridad y que la revisoría fiscal habia sido "deficiente", y al referirse al tema de impuestos aclaró que todo fue un lío de "interpretaciones diferentes".