Entre el optimismo y la cautela

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, recibió justo la semana pasada un par de mensajes alentadores. El FMI expresó oficialmente su optimismo frente al impacto positivo en la economía colombiana que a mediano plazo deberá traer el escenario de posconflicto, mientras Standard & Poor’s mantuvo la calificación BBB sobre el país, a pesar de los serios dolores de cabeza afrontados el año anterior. El pronóstico oficial del FMI para Colombia es un crecimiento de 2,6 por ciento, el segundo más alto en la región después de Perú. América Latina tendrá, de conjunto, un crecimiento de apenas 1,2 por ciento, lo que significa que en 2017 debería irnos mejor que a nuestros vecinos. Pero ¿podemos sentirnos tranquilos?

En el panel sobre los desafíos económicos para Colombia el ministro Cárdenas trajo estas noticias alentadoras y señaló varios hechos que refuerzan el optimismo del gobierno: la tasa de empleo sigue creciendo y se espera que este año alcance la cifra de 22,4 millones de ocupados (el año anterior fue de 22,1 millones), con el plus del crecimiento del empleo formal, que hoy es del 49,4 por ciento. Las exportaciones, según sostiene el ministro, empezaron a recuperarse desde junio pasado y el país goza de buena reputación en los mercados internacionales, “que son quienes tienen la última palabra”. La más reciente emisión de bonos del país fue todo un éxito.

Cinco factores claves que refuerzan la cara sonriente del ministro Cárdenas: la inflación, que el gobierno calcula que caerá a 3,5 por ciento al finalizar el presente año (alcanzó el 5,7 por ciento en diciembre pasado); la recuperación del precio del petróleo, que podría llegar a los 60 dólares; el boom que vivirá el sector de la construcción debido a las numerosas obras civiles de gran impacto que se realizarán este año, como las contempladas en los proyectos viales 4G y la construcción de 30.000 aulas escolares (las cuales llevarán a un crecimiento del sector constructor de cuando menos el 7 por ciento). También menciona el ministro el impacto positivo de la reforma tributaria, que redujo la incertidumbre para los inversionistas, y los augurios de un mejor año para los sectores agrícola y eléctrico –que ya no padecen los estragos del fenómeno de El Niño – y para el sector minero, en donde se espera estabilidad en la producción petrolera, después de la caída abrupta del año pasado, y aumento en la de carbón.

Pero el optimismo oficial contrasta con puntos de vista más cautelosos expresados por los panelistas participantes. El déficit externo sigue siendo alto y peligroso y parece haber un gran signo de interrogación que el gobierno soslaya alrededor del efecto Trump sobre la economía nacional. Las amenazas del nuevo gobierno norteamericano de revisar tratados de libre comercio y de frenar las exportaciones chinas podrían traer consecuencias inesperadas. Al menos eso piensa el exministro Guillermo Perry, a quien además le preocupa el impacto del posconflicto. “Hay que manejar bien las inversiones para cumplir con los acuerdos de paz sin afectar la estabilidad fiscal del país”, advirtió.

Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, fue más allá al señalar las serias debilidades del país en esa materia. “Hace diez años nos trazamos la meta de ser el tercer país más competitivo de América Latina y actualmente estamos en el quinto lugar”. En el ranking mundial de competitividad Colombia ocupa el puesto 61 entre 138 países, una posición preocupante para un país que desea dar un salto cualitativo. Las razones del débil avance parecen estar ligadas a tres factores básicos: la pobre calidad institucional del país, un ítem en el que, por cuenta del conflicto armado y la corrupción, Colombia ocupa el puesto 134 entre los 138 países en los que se mide la competitividad. “Con nuestros niveles de corrupción se torna difícil hacer negocios en Colombia”, dijo. Mencionó también una posición débil en salud y educación, y finalmente una muy mala situación en infraestructura, una de las condiciones esenciales para mejorar la competitividad de una economía. “No hemos entendido que no se trata solo de construir vías, sino de mejorar los sistemas de transporte y la logística”, explicó. Datos del Consejo Privado de Competitividad indican que el parque automotor del país está atrasado 32 años.

La competitividad de un país requiere un esfuerzo prolongado de muchos años y no se resuelve solo con declaraciones de buena voluntad. Un ejemplo de ello puede verse en el caso del potencial turístico. España lleva tres décadas de política para promover el turismo y goza en la actualidad de una cifra envidiable: 80 millones de visitantes. México, que también le apuesta fuerte al sector, recibe 20 millones. Colombia acoge apenas 2 millones. “Hay que ejecutar una política completa de competitividad en un sector para lograr resultados; no se trata solo de decirlo”, agregó Rosario Córdoba.

Santiago Montenegro, presidente del Consejo Gremial Nacional, expresó que “no podemos estar satisfechos con un crecimiento del 2 por ciento en 2016 y uno del 2,5 por ciento en 2017” y fue tajante en señalar que las cifras de la economía colombiana no son buenas. “En América Latina hay países que lo están haciendo mejor, como Panamá o Perú, que logró un crecimiento del 5 por ciento”, agregó. Para Montenegro, el déficit de la cuenta corriente sigue siendo muy alto. Llegó a representar el 6,5 por ciento del PIB tras la caída de los precios del petróleo y el gobierno estima que rondará el 3,6 por ciento del PIB este año. Y el comportamiento del sector industrial es alarmante, pues, si se retiran las cifras de Reficar, la producción industrial del país está prácticamente estancada.

En el panel estuvieron sobre la mesa las mayores amenazas para la economía colombiana durante el presente año, entre ellas los niveles de incertidumbre existentes todavía en relación con la estabilidad del proceso de paz, generados por el asesinato de líderes campesinos; recientes informes de prensa que ponen en duda la capacidad del Estado para copar plenamente las zonas que dejan las Farc; y el desbordado crecimiento de los cultivos de coca, que pasaron de 40.000 hectáreas a más de 150.000 en el último año.

El país necesita un entorno de seguridad, una eficiente política de lucha contra la corrupción, provisión de bienes públicos en el sector rural para reducir la desigualdad, así como reducir las enormes brechas existentes entre departamentos y territorios en materia de competitividad. Hay que trabajar en disminuir la dependencia de las exportaciones tradicionales y, como lo expresó Rosario Córdoba, “hacer más sofisticada nuestra economía y más variada nuestra oferta exportadora”.