El acoso judicial es la nueva amenaza del periodismo

"Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer este oficio, especialmente en el ámbito local", aseguró la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sobre la seguridad del periodismo en Colombia durante 2012. 

El informe 'De las balas a los expedientes', publicado en el Día del Periodista, dedica un capítulo a los acosos judiciales contra la prensa. La FLIP define que este tipo de intimidación “se da cuando una persona abusa de las demandas judiciales con el fin de censurar el libre trabajo periodístico”. Incluso, sólo basta con someter al reportero a un proceso desgastante y engorroso ante los jueces, sin necesidad de llegar a una condena. 

La gran preocupación es que en 2012 se presentó el primer caso donde los jueces decidieron en contra del periodista. En febrero de ese año, el Tribunal Superior de Cundinamarca sentenció a 18 meses de prisión y a un pago de 17 salarios mínimos a  Luis Agustín González, director del periódico local Cundinamarca Democrática. 

El caso inició por la demanda que interpuso la ex gobernadora de Cundinamarca, Leonor Serrano de Camargo, contra González por la editorial donde se cuestionan sus aspiraciones políticas. 

La FLIP explica que en los procesos anteriores a este prevaleció la libertad de opinión, como ocurrió con las demandas interpuestas por Ernesto Samper contra Claudia López y la de la familia Araújo contra Alfredo Molano.

El reporte también cita los casos en los que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anunció acciones judiciales contra María Jimena Duzán y Cecilia Orozco por sus columnas de opinión en Semana y El Espectador, respectivamente (leer "La nueva Corte").

El acoso judicial es la nueva amenaza para los periodistas colombianos que habían enfrentado una censura más vinculada a la violencia, según el informe. 

La FLIP revela que de los 140 asesinatos de periodistas que han ocurrido desde 1977, el 20,71% tienen como posibles responsables a los paramilitares, el 8.57% a las FARC, el 7.14% a la Fuerza Pública y el 4.28% al ELN.

El gran riesgo es que de esos 140 casos ya prescribieron 59 y seis podrían prescribir durante 2013. Por esta razón, la FLIP le dio una calificación de 12 puntos a la impunidad. La escala va de 0 a 100, donde 100 es el mejor resultado posible.

En esta misma medición, la Fundación le dio una calificación de 50 puntos al país como resultado global y 38 puntos en el acceso a la información. 

Además, el reporte asegura que la Fuerza Pública fue el responsable de 31 casos de agresión a periodistas durante 2012. De estos, sólo se ha sancionado uno que fue el de Ana María García, reportera gráfica del El Tiempo. Este caso fue un precedente de celeridad puesto que en 23 días se decidió la suspensión del cargo por doce meses al policía responsable. 

En el capítulo "Guillermo Quiroz, la muerte de un periodista incómodo", la FLIP enfatiza en el caso del reportero que murió en Sucre "tras haber caído de un carro de la Policía en circunstancias que aún faltan por esclarecer".

El reportero de El Meridiano de Sucre murió el 27 de noviembre de 2012, siete días después de ingresar a la sala de urgencias. El periodista estaba cubriendo una protesta contra Pacific Rubiales cuando fue abordado por la Policía (leer "Enigma en la muerte de un periodista sucreño").

En su último testimonio antes de morir, Quiroz aseguró que la Policía inmovilizó la moto en la que se transportaba, lo subió al carro de la patrulla, le golpearon toda la cara y lo tiraron del vehículo que iba en movimiento.

La FLIP intentó comunicarse con la autoridad departamental y recibió la siguiente respuesta: "La Policía Nacional desde el momento que se cometieron los hechos, inició las investigaciones correspondientes y de parte institucional van muy adelantadas pero debemos ajustar algunos procesos con la Fiscalía General. Pero el compromiso siempre es que los hechos se deben esclarecer tal como fueron, no tenemos ningún interés en ocultar nada. En detalle de lo sucedido no podría decir más, las cosas que sucedieron se deben valorar, cada procedimiento que hace la Policía está escrito cómo se hace y de ahí no se debe salir".

Durante ese año, se presentaron 158 agresiones contra periodistas. Las zonas donde más se presentaron fueron Bogotá (17), Antioquia (15), Cesar (12) y Valle del Cauca (12). El reporte aclara que la capital es el lugar donde más agresiones se presentaron por ser la ciudad con mayor número de periodistas. 

Las tres causas con mayor reincidencia fueron las amenazas, la agresión física y psicológica y la obstrucción al trabajo periodístico.

Además, se registró un aumento de 40 peticiones en el número de solicitudes de protección respecto a 2011, donde se recibieron 60 solicitudes. 

De esa manera, la Unidad Nacional de Protección (UNP) atiende actualmente a 94 periodistas, de los cuales 37 tienen medidas como vehículo blindado, escoltas y chalecos antibalas. Los 57 restantes cuentan con rondas policiales, subsidio de transporte y equipo de comunicación.