El agro sí se puede reformar

Las Farc mantienen alto el volumen en Cuba. Mientras la delegación del gobierno pasa de agache ante los medios, a diario los guerrilleros se turnan en ruedas de prensa. Iván Márquez y Jesús Santrich, que llevan la voz cantante, convocaron al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo “a que comparezca” en La Habana; pidieron “voluntad para avanzar (y) propuestas claras” a la delegación oficial y declararon “un contrasentido y un mal augurio” que se avance en el Congreso con la Ley de Desarrollo Rural sin esperar acuerdos en la mesa ni atender a las contribuciones de la sociedad sobre el tema agrario. Y llamaron a refrendar los acuerdos sobre el agro con una Asamblea Constituyente. Esto llevó al ministro Restrepo a publicar un comunicado negándose a asistir, y a Juan Manuel Santos y su ministro del Interior a declarar que, aunque habrá algún mecanismo de refrendación popular de los acuerdos, una Constituyente se descarta.

Sin embargo, el ruido mediático y el discurso público de las Farc contrastan con los diez puntos que plantean para discutir el tema agrario. Como el propio Restrepo lo constató en su comunicado, parece aflorar un “tono menos retórico, más pragmático y más concreto por parte de las Farc”.

Para empezar, hay tres importantes diferencias entre los diez puntos de hoy y el discurso histórico de las Farc. Para ellas, el agro es el tema nodal del conflicto. Su programa fundacional, de 1964, es agrario. En él llaman a la confiscación del latifundio y así lo han ratificado en documentos posteriores, como en su plataforma para un gobierno de reconstrucción nacional, de 1993, y durante los diálogos en el Caguán, en 2000. Hoy, sin embargo, la propuesta de reforma agraria integral que leyó Márquez en Cuba habla de confiscar el latifundio “improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso”. Una idea con la que coinciden hasta los sectores más tibiamente reformistas en el país.

En segundo lugar, las Farc han abogado por que se expropie la propiedad extranjera de la tierra, en especial de empresas de Estados Unidos, y se prohiba venderla a compañías foráneas. Ahora, aunque insisten en esa prohibición, abren la puerta al “establecimiento de límites estrictos” a la compra de tierras por extranjeros, lo que, de hecho, la permitiría.

Por último, los guerrilleros ahora no solo hablan, como han hecho siempre, de denuncia de los tratados de libre comercio, sino también de su “revisión” si afectan la soberanía alimentaria, lo que implicaría que admiten la posibilidad de acuerdos comerciales.

Aunque aún está por verse cómo se concretan las discusiones en la mesa, estos tres cambios en las posiciones de las Farc no deberían pasar desapercibidos.

Por otra parte, numerosas propuestas de las Farc coinciden con las posiciones del gobierno y con algunas de sus políticas en el campo y hacia las víctimas. Hay exigencias con las que pocos estarán en desacuerdo, como erradicar el hambre, la pobreza y la desigualdad en el campo, o que demandan solo voluntad política, no una revolución, como hacer programas nutricionales y de empleo y dotar al mundo campesino de infraestructura de educación, salud y vivienda.

La idea de “desganaderizar” una economía rural en la que 34 millones de hectáreas están dedicadas a ganadería y menos de 5 millones a la agricultura, es, al menos en el papel, parte de las preocupaciones oficiales. Las Farc piden constituir un fondo con tierras inadecuadamente explotadas, baldías, producto del despojo o incautadas a los narcos. Tal fondo existe y se calcula que podría llegar a tener entre 2 y 3 millones de hectáreas, sin contar las del proceso de restitución de tierras.

Las Farc piden actualizar el catastro y hacer un censo rural. Esta idea había enfrentado dificultades presupuestales, pero la ha revivido el gobierno y seguramente el proceso en La Habana la dinamizará. Hablan de regular las economías extractivas y los grandes proyectos agrarios, ya no de prohibirlos, un clamor de sectores ambientalistas que han logrado influenciar la legislación en ese sentido. Piden proteger la economía campesina, promover la producción de alimentos y una política tributaria que castigue las tierras ociosas, en lo que coinciden casi todos los diagnósticos sobre el campo; o insisten en temas ya aceptados como el reconocimiento de los territorios colectivos de indígenas y afros (la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, entre otros, probablemente solo se presentará al Congreso después de eventuales acuerdos sobre el tema agrario en Cuba a causa de la demora en los trámites de consulta previa con esas comunidades, que manda la ley).

Estas y otras propuestas coinciden no solo con el gobierno sino con la posición de gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y otros que participaron en el Foro Agrario de diciembre, convocado por los negociadores. Quizá sea algo exagerado concluir, como lo hizo el portal La Silla Vacía, que “las promesas de Santos son el discurso agrario de las Farc”, pero es un hecho que, por más tropiezos que enfrenten, el reconocimiento de las víctimas, los planes de reparación y restitución de tierras y varios elementos de la política agraria y rural de este gobierno tienen muchas coincidencias con las demandas de la guerrilla.

Todo esto hace pensar que un acuerdo en torno al tema agrario, el más complejo de la agenda, es posible. Sin embargo, no son pocas las dificultades.

La idea de reforma agraria de las Farc sigue siendo, pese a los cambios en su formulación, mucho más radical que la del gobierno, en especial su posición sobre el latifundio (Santrich dijo que el fondo de tierras debería tener unos 20 millones de hectáreas), y su desconfianza frente a la gran agroindustria contrasta de entrada con el que es uno de los grandes proyectos del gobierno, en la Orinoquia. 

Los diez puntos de la guerrilla también evidencian desacuerdos. Las Farc han hecho duras críticas a la Ley de Víctimas, a la de Desarrollo Rural y a los planes de titulación y formalización de la propiedad, todos los cuales, alegan, abrirían nuevas formas de despojo legal. Rechazan el llamado derecho de superficie, que contempla que quien haya adquirido de buena fe un predio que reclame una víctima pueda seguir poseyéndolo, aunque compartiendo sus ganancias con el reclamante. El tema de los TLC, con todo y matices, es un intocable para el gobierno. Las Farc piden dar al campesinado territorios colectivos como los de indígenas y afros, a lo que difícilmente accederá el Estado, más preocupado por las trabas que la consulta previa con esas comunidades le pone a sus grandes proyectos.

Las Farc deberán enfrentar en algún momento su responsabilidad en el despojo. En el proceso de registro, un tercio de las víctimas ha declarado que perdió su tierra a manos de los paramilitares, pero otro tercio sostiene que fue la guerrilla la que se las quitó. Con reclamos por 2,3 millones de hectáreas, las Farc deberían dar cuenta de unas 800.000. Algo que esta guerrilla niega como un invento perverso en su contra.

Las dificultades también están del lado oficial. Por más modernizante que pretenda ser el gobierno Santos, que tiene una base social menos rural que el uribismo, está por verse hasta dónde está dispuesto a meterle el diente en serio a la cuestión agraria y a pararse firme frente a poderosas élites regionales. Casi todo el mundo reconoce que uno de los déficits históricos de Colombia es que nunca se hizo una reforma agraria en serio. Este gobierno puede tener un discurso más progresista sobre el campo y decir a las Farc que en la legislación ya hay muchos avances. Pero, aun llegando a un acuerdo, pasar del papel a un cambio real en las condiciones de un mundo rural que es uno de los más pobres e inequitativos del planeta será una tarea colosal, en la que fracasaron (o a la que se negaron) todos los gobiernos de Colombia. 

El acuerdo sobre el tema agrario es posible. Pero aun si se logra, saldar la deuda con el campo colombiano es otra historia.