Avetas, Santander, le dicen el “pesebre de Colombia” pues a lo lejos parece enclavado en la cordillera, como una estampa de la Biblia, a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar. El pueblo, en la profundidad del páramo de Santurbán, es bastante particular: no hay plaza de mercado, no hay comercio, no hay muchos animales. Sus 1.700 habitantes viven del oro desde la Colonia. Adoran a la virgen del Carmen, la patrona de los mineros y celebran su fiesta cada 16 de julio con concursos para premiar al mejor martillero o el mejor orfebre. Por eso la posibilidad de ser declarados páramo por las autoridades ambientales, a pesar de que saben que siempre han vivido en este ecosistema, los tiene angustiados. “Estamos condenados a desaparecer”, dice Adonay Guerrero, un vetano minero de varias generaciones.
Muchos se preguntan por qué se sigue debatiendo sobre Santurbán si está claro, en leyes y sentencias, que está prohibido hacer minería en los páramos. El problema es sencillo: el país no sabe dónde empiezan ni dónde terminan muchos de esos ecosistemas. El plan de desarrollo obliga al Ministerio de Ambiente a definir esos linderos, y Santurbán está en ese proceso. Trazar esa línea tiene enfrentadas a las autoridades ambientales y mineras, a la comunidad y a la gran minería. Los primeros quieren que sea muy amplia y los segundos muy angosta.
En este pulso, los mineros acusan a la viceministra Adriana Soto de defender el páramo a ultranza. Pero esa es precisamente la función del ministerio de Medio Ambiente. La directora de la Agencia Nacional de Minería, María Constanza García, se queja de que ese sector no ha sido tenido en cuenta en ese proceso y el alcalde de Vetas, David Gonzalez, declaró que la funcionaria es “la principal enemiga del municipio”. Los ambientalistas, por su parte, la consideran su principal escudera, aseguran que los intereses mineros están presionando indebidamente la delimitación del páramo.
Esta controversia demuestra una vez más que en el conflicto entre medio ambiente y desarrollo nada es blanco y negro, aunque cada una de las partes vea las cosas de esa forma. La controversia en Santurbán estalló hace tres años cuando la entonces GreyStar solicitó una licencia ambiental para hacer un megaproyecto de extracción de oro a cielo abierto. Luego de marchas en Bucaramanga y decenas de titulares en contra, la empresa retiró la solicitud y se cambió el nombre a EcoOro. En ese momento se dijo que el agua le había ganado al oro, pero eso todavía está por verse.
Desde que se comenzó a hablar de delimitación del páramo, en Vetas se dice que el pueblo podría “desaparecer”. El alcalde asegura que más del 95 por ciento del municipio quedaría bajo esta figura de protección si se toma el parámetro de altura de 3.100 metros. La viceministra asegura que “el proceso de delimitación de Santurbán aún no ha culminado. No es tan sencillo como trazar una línea en un papel. Se deben tomar en consideración las personas y sus actividades, pero también a las poblaciones que dependen del agua del páramo”.
Ser declarado páramo significa que muchas actividades productivas como la minería y la agricultura quedarían prohibidas. “¿Quién compraría aquí una finca”, se pregunta el alcalde. Para Adonay Guerrero, el problema es más grave. “No sabemos hacer nada más”, concluye. Cuenta que la minería va en la sangre de Vetas desde su fundación. La historia le da la razón. Un alemán llamado Ambrosio Alfinger llegó a las montañas de Santurbán buscando la leyendo de El Dorado, en 1555 la encontró allí y tiempo después se fundó el pueblo con el nombre de Vetas por sus riquezas. En la Colonia, el pueblo era conocido por el lujo y las excentricidades con que se celebraba la bonanza.
Compañías francesas y alemanas intentaron instalarse en esas tierras. A los primeros los sacó la Guerra de los Mil Días y a los segundos la Segunda Guerra Mundial. Con el precio internacional del oro en auge, hoy varios inversionistas buscan lo mismo que Ambrosio Alfinger, un objetivo que frustraría la declaratoria del páramo. Como hasta el momento Colombia no tiene mecanismos que permitan que la comunidad reciba alguna compensación o pago por brindarles agua a sus vecinos, en el corazón de los vetanos el metal dorado pesa más que el líquido vital. Para que esta ecuación se invierta el gobierno tendrá que poner en pie un programa serio de pagos ambientales.
El problema para los mineros de Vetas es que están asentados sobre otra gran riqueza: el agua. En especial, sobre quien la produce: el páramo. “En Colombia el 85 por ciento del agua para consumo humano, riego y generación de energía viene de los páramos”, asegura la viceministra Soto. Esa es la razón por la cual la minería está prohibida y por eso la delimitación es tan importante.?En la zona se han dado dos procesos para proteger el páramo. En enero la CAR del departamento declaró allí un “parque regional natural”, que afectó el 60 por ciento del territorio de Vetas. Este cobijó algunas zonas mineras, por ejemplo la de EcoOro. Más de la mitad de los predios que tenía la empresa hoy son parque. Pero el 90 por ciento del yacimiento de oro quedó por fuera y podría ser explotado, aunque la empresa reformuló el proyecto de minería a cielo abierto a subterránea.
Definir la metodología para trazar la línea del páramo tiene enfrentados a los dos sectores. Para los mineros, el tema toca las fibras del gremio. “La delimitación de los páramos va a demostrar si hay reglas claras para los inversionistas”, asegura Joao Carrello, presidente de EcoOro. En la zona cada una de las partes tiene su propia métrica de dónde podría comenzar el páramo. La ley dice que este proceso debe tener en cuenta “estudios técnicos ambientales, sociales y económicos”.
La mayoría de los mineros no sienten que están en zona de páramo y piden ser excluidos de esa categoría. Para los ambientalistas la naturaleza no se fragmenta por partes. Piensan que por lo que se conoce en el mundo como el “principio de precaución” hay que proteger todo lo que esté en riesgo de afectarla. “Creer que un ecosistema comienza exactamente en un lugar es una idea un poco infantil”, dice el exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez. El senador Juan Lozano, por su parte, considera que “no se puede arriesgar el agua de millones de colombianos por proteger intereses particulares”.
En el fondo, este no es un debate sobre la delimitación de un páramo. Es sobre el modelo de una industria riesgosa para el medio ambiente, como la minería extractiva a gran escala. Que un pequeño pueblo de mineros artesanales en pleno páramo esté en el centro del problema hace la discusión aún más compleja. De lo que se defina en Santurbán dependerá hacia donde se inclina la balanza de la locomotora minera. Probablemente nunca antes una línea imaginaria para delimitar un ecosistema había representado tanto en juego.