POLÉMICA
El arriendo de la nueva sede de la Contraloría costará 35 millones de dólares
La nueva sede de la Contraloría General, que costará más de 2.500 millones de pesos mensuales, ha despertado resistencia entre varios de sus empleados. No sólo lo consideran un detrimento al patrimonio, sino que temen por lo que suceda cuando se termine el contrato en el 2014.
A finales del 2011 la contralora general, Sandra Morelli, encaró a varios sectores y decidió que la Contraloría General de la República cambiaría su sede. No estaba dispuesta a soportar más los achaques del viejo edificio ubicado en la carrera décima con 17, en pleno centro de la capital.
Cinco meses después, el cambio es un hecho y los dos años de arrendamiento de la nueva sede tendrán un costo superior a 60.300 millones de pesos.
"Este edificio es un chiste. No se puede hablar por celular. Las condiciones de seguridad son patéticas. No es antisísmico. Cuando llueve, empieza a salir agua por los ascensores. Los empleados no tienen dónde sentarse", enumeraba indignada Morelli los defectos de su sede a finales del año pasado a la revista SEMANA.
Semana.com visitó el edificio, propiedad de la Contraloría, construido hace 38 años y que desde hace dos décadas es el lugar de trabajo de 1.700 empleados, y pudo corroborar el mal estado en el que se encuentran las oficinas. (Ver fotos relacionadas).
Sin embargo, y a pesar de las fallas que son perceptibles a simple vista, el cambio de las oficinas de Morelli encontró resistencia entre los propios empleados. Pero ¿qué les molesta a los trabajadores de ser trasladados a una nueva sede, donde tendrán mejores oficinas y un ambiente laboral más saludable?
La oposición que encontró Morelli vino especialmente de los miembros de la Asociación de los órganos de control de Colombia, Subdirectiva-Bogotá (Asdeccol), el sindicato más antiguo de la Contraloría.
A principios de febrero, el sindicato le dirigió una carta a la contralora en la que le manifiestan su desacuerdo con el traslado de sede y le exponen, entre otros motivos, los siguientes: que las instalaciones actuales son propiedad de la Contraloría y no generan mayor gasto para el Estado, que la decisión no estaba soportada apropiadamente y que el traslado se podría considerar un posible detrimento patrimonial porque no existe una justificación, "es decir, estudios técnicos respectivos", para el traslado.
La propuesta de Asdeccol era "esperar paciente y responsablemente tres años en las sedes actuales". Y le comunican que de lo contrario, le solicitan "iniciar un proceso de licitación pública para realizar los estudios técnicos respectivos, los cuales soportaran a futuro la explicación de por qué se realizó el cambio de sede".
Pero el sindicato no obtuvo respuesta alguna por parte de la contralora, según le dijo a Semana.com uno de sus miembros.
Organización venezolana avala a Morelli
Para sustentar su decisión, Sandra Morelli le solicitó a la Organización venezolana Rescate Humboldt (ORH) un estudio para dar a conocer los riesgos existentes en el actual edificio.
El informe realizado por dos ingenieros, un abogado especialista en salud laboral y riesgo, un perito especializado en seguridad industrial y riesgo y un miembro de ORH, tres de ellos de nacionalidad venezolana y dos colombianos, detectó varias fallas.
Según el documento, el sistema de ventilación es "considerado dramático"; sobre la evacuación de emergencias se recomiendan presurizar el ducto de las escaleras para que el fuego y los gases no tomen esa ruta en un posible incendio; también testifica que no existen detectores de humos ni apaga incendios; subraya que existe hacinamiento en los puestos de trabajo; y finaliza aclarando que "por su costo" no se realizaron estudios profundos sobre las estructuras del edificio.
Este estudio fue rechazado por el sindicato, que no lo aceptó por no considerarlo un estudio técnico.
Semana.com se puso en contacto con el venezolano Enrique Alberto Martín Cuervo, miembro de ORH, y este confirmó que el trabajo había sido voluntario y sin ningún costo y que las inspecciones fueron realizadas a raíz de una solicitud que les realizó la Contralora Morelli.
La sede de los 60.000 millones
Semana.com pudo conocer el contrato de arrendamiento de la nueva sede, que estará ubicada en el Centro Comercial Gran Estación II, y corroboró que el costo del alquiler de la nueva oficina será de 2.515 millones de pesos mensuales, es decir 60.383 millones de pesos en dos años (35 millones de dólares) y que contará con un área de oficinas de 29.824 metros cuadrados.
El contrato estipula que a partir del primero de junio del 2012 el local estará disponible para efectos de las adecuaciones que por su cuenta considere pertinente hacer la arrendataria y que podrá estar a disposición de la mudanza a partir del 1 de agosto del 2012. También se acordó que tendrá vigencia por dos años.
En los pasillos del actual edificio de la Contraloría se puede comprobar la incertidumbre que el cambio de sede ha despertado entre los trabajadores, pues no sólo no han recibido ninguna información oficial, sino que el tema está considerado como tabú.
"Recientemente nos entregaron un carnet muy moderno y como no lo necesitamos para entrar a este edificio, creemos que será para las nuevas oficinas, pero no nos han dicho nada", le dijo a Semana.com un empleado del ente de control.
Según los propios trabajadores, existe una división entre los empleados. La primera mitad, los que llevan menos de cinco años en la Contraloría, creen que es necesario un cambio de oficinas porque el ambiente actual no es saludable ni propicio para el trabajo.
La otra mitad, los empleados más antiguos, aseguran que no es necesario el traslado y que podrían aguantar hasta que esté listo el nuevo edificio. Y señalan que se trata sólo de un capricho de la contralora "porque no soporta tener que viajar al centro de la ciudad".
Aunque Morelli había anunciado la construcción de un nuevo edificio que les sería entregado en un plazo de dos años, que estaría a cargo de la Superintendencia, y que le sería entregado a la Contraloría a través de la figura del leasing, todavía no se ha iniciado la obra, ni existe un Conpes en el que se contemple su construcción.
Esta situación, que va más allá de los rumores de pasillo, es la gran preocupación que existe entre los empleados porque no saben qué pasará después del 2014, cuando caduca el contrato de la nueva sede y fecha en la que Morelli termina su mandato como contralora.