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Personas en Puerto Berrío piden claridad sobre el asesinato del periodista. | Foto: Archivo particular

JUDICIAL

El ‘Cabo’ suelto en el asesinato del periodista Edinson Molina

Un policía de Puerto Berrío responsabiliza a la fuerza pública en el asesinato de la voz más crítica de la ciudad.

12 de febrero de 2014

Instantes después de que el abogado y periodista Édinson Molina murió baleado en Puerto Berrío, decenas de porteños señalaron a la administración municipal como principal responsable del homicidio.


Los dedos acusadores no dudaron en apuntar al alcalde, Robinson Baena, y a su secretario de Gobierno, Éver Vergara. Y repitieron con rabia, tal y como ha sucedido tantas veces en distintas regiones de Colombia, que se trataba de la crónica de una muerte anunciada. 

Decenas de testimonios de amigos y familiares de Molina aseguran que las constantes críticas y denuncias que él venía realizando en los últimos meses en contra del gobierno municipal lo “convirtieron en la piedra en el zapato”, tanto del alcalde como de sus funcionarios, “hasta el punto de hacerles perder la cabeza”. 

Próximo a cumplirse cinco meses desde cuando Édinson perdió la vida, el testimonio de un policía que estaba de turno la noche del asesinato se podría convertir en pieza clave dentro de una investigación en la que hay más anomalías que avances. El relato que hizo el cabo a Semana advierte que agentes de la Policía habrían cometido irregularidades antes y después del homicidio de Molina. 

¿Cuál es la triste historia del vaticinado asesinato del periodista Molina y del policía que decide abrir la caja de Pandora y poner en la mira a las autoridades locales de Puerto Berrío? 

El héroe discreto

En los últimos años Édinson Molina había realizado más de 60 denuncias ante los distintos órganos de control, cada una con los respectivos soportes: sobrecostos en los contratos de la administración, ancianos que tenían que dormir en la calle porque el geriátrico había dejado de recibir recursos, nombramientos de funcionarios que no cumplían los requisitos legales, celebración indebida de contratos y un largo etcétera de otras anomalías que ocurrían en Berrío, municipio que ha cargado con el drama de ser durante décadas epicentro de la violencia nacional. 

Amigos aseguran que siempre lo hacía sin motivaciones personales. “Cuando Édinson sentía que algo estaba mal, él tenía la necesidad de denunciarlo, sin importar de qué o de quién se tratara. Él tenía que reclamar por las injusticias que veía”, recuerda Luz Marina de la Pava, su esposa. 

El liderazgo de Édinson lo convirtió en un referente y la cabeza visible del grupo denominado los 'Enanos’, opositores a la actual administración y del alcalde Baena, quien los bautizó despectivamente con ese nombre por la corta estatura de Molina y de la mayoría de sus integrantes. 

El rifirrafe de acusaciones entre contradictores y seguidores de la actual administración aumentó a lo largo del 2013 y el clima de polarización dio paso a la violencia en redes sociales, como en el grupo de Facebook Frank Gómez en el grupo antienanos de Puerto Berrío, espacios que se convirtieron en paredones de fusilamiento virtuales. 

Los ataques verbales también quedaron registrados en múltiples videos donde intervienen el alcalde y otros funcionarios utilizando términos agresivos contra la oposición: “Microbios del desarrollo social”, “gérmenes chiquitos”, “subversivos”, “sicarios”, son algunos de los calificativos utilizados por Róbinson Baena para referirse a los Enanos. Incluso, en un video publicado por Noticias Uno, el mandatario advertía que “hay que eliminarlos”. En su defensa, sólo atinó a decir que él quería decir “eliminarlos” del Facebook. 

Éver Vergara, secretario de Gobierno cuando fue asesinado Molina, ha explicado que estas acusaciones “sólo buscan perjudicar a la actual administración y que desde la Alcaldía se ha hecho todo lo posible para encontrar al responsable de este homicidio, se hizo un Consejo de Seguridad y se ofreció una importante recompensa por la captura de los que le dispararon”. 

“La Policía no brindó protección a Molina”

Édinson Molina fue asesinado el 11 de septiembre del 2013. Pasadas las 7 de la noche dos gatilleros le dispararon cinco veces mientras conducía su moto; lo abatieron en el preciso instante en que su esposa lo agarraba con fuerza por la espalda para tomar la curva y entrar en el callejón sin salida que enfila hasta su casa, a orillas del río Magdalena. 

Un mes antes los asesinos habían avisado con un mensaje que decía: “Deje trabajar gonorrea porque no ataca a otros. Se calla o lo callamos” (SIC). Molina sabía que el ambiente de crispación era cada vez mayor y después de recibir estas amenazas escribió una denuncia donde advertía: “Es igualmente evidente que dichas amenazas son hechas en razón de mi participación en el grupo de oposición de la actual administración municipal denominado “los enanos Porteños” y en las múltiples denuncias que en contra del mandatario local y sus secretarios he formulado”. 

Con estos antecedentes la Procuraduría Provincial y la Fiscalía municipal enviaron al teniente Julián Andrés Flórez, comandante de la Policía de Puerto Berrío, una orden para “realizar las actividades pertinentes para proveer de protección policiva y evitar afectaciones futuras en la vida e integridad del señor Édinson Alberto Molina”. 

Pero esta protección nunca se llevó a cabo, por lo menos así lo denuncian familiares de Édinson y un policía de Puerto Berrío, quien después de haber vivido durante cuatro meses “un infierno” al querer advertir a sus superiores de las irregularidades que presenció, habló con Semana para hacer pública su denuncia.

Según este relato, el día del asesinato de Molina, los mandos más altos de la Policía en Puerto Berrío manipularon el ‘Libro de Población’, documento que registra las rondas policiales, visitas y todo tipo de actividades complementarias a las funciones diarias de la Policía. 

“Pese a que en repetidas oportunidades el doctor Molina hizo solicitudes, la Policía nunca le pasó revista ni a su oficina ni a su residencia. Estas revistas debían quedar anotadas en el ‘Libro de Población’, pero como nunca se realizaron no había anotación ninguna al respecto. Fue después del asesinato y por orden de los superiores que los patrulleros escribieron las anotaciones en el libro”. Junto a este testimonio, el policía reveló fotos que él tomó a la alteración que habría sufrido el libro. 

Frente a estas acusaciones, el capitán Juan Carlos Fuentes, comandante del Distrito 2 de Berrío, asegura que el único motivo que encuentra para que alguien haga esas afirmaciones es “porque le tiene mucha rabia al teniente Flórez”. Y reitera que la Policía le brindó protección y visitas en la oficina y en el domicilio de Molina. 

“En Puerto Berrío contamos con 50 hombres de la Policía para vigilar el municipio y lo hacemos de la mejor manera, pero si existe una denuncia tan importante como esa es obligación del policía presentar las pruebas y sacarlo a la luz pública para que las cosas se esclarezcan”, aseguró Fuentes. 

Pero, a pesar de que el capitán asegura no conocer la denuncia sobre estas irregularidades, el patrullero denunció dichas faltas ante sus superiores. El 19 de septiembre del 2013 le entregó al coronel Ramiro Castrillón Lara, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio el ‘Informe de Novedad Estación de Policía Puerto Berrío Antioquia’.

“(…) En vista de todo me dispongo a verificar el libro de población encontrando para sorpresa mía, revistas que no se ejecutaron a la residencia y al lugar de trabajo del Dr. Molina Carmona; estas anotaciones y los rumores que llegaron a la estación de que el Dr Molina en vida había informado a la Personería de Puerto Berrío, a la Fiscalía y a la Procuraduría la negativa de la Policía de prestarle seguridad motivaron que yo sin vacilar hiciera la respectiva anotación con número de folio 67, referente al caso en mención”, se lee en el documento.

El infierno del ‘Cabo’

El resultado para el agente de la Policía no fue el esperado. No sólo desestimaron su testimonio, sino que empezó a recibir sistemáticamente ataques por parte de otros compañeros, situación que lo llevó a radicar ante Personería y otras instancias un escrito en el que expresaba preocupación por su vida y la de su familia. 

Al ver que la situación empeoraba, el uniformado pidió el traslado a otro municipio, pero únicamente le ofrecieron ir al sur de Bolívar, plaza que consideró más violenta que Berrío. Finalmente terminó solicitando la baja de la institución, que le fue oficializada a finales del 2013. Por los mismos días también fue notificado de un castigo de siete meses de suspensión por una falta cometida en mayo del 2013. La sorpresa mayúscula fue que junto a la sanción se le informa que debe 11 millones de pesos, el equivalente a los siete meses de salario que debe dejar de recibir por su sanción. 

No se equivocaban quienes en el funeral de Molina decían que esta era la crónica de una muerte anunciada. Ahora, la esperanza que tienen sus familiares y amigos es que tal y como sucede en la novela de García Márquez con los hermanos Vicario, los autores de este asesinato terminen en la cárcel.