El cadáver viajero

Al comienzo, hace cuatro años,  Raúl Carvajal Pérez suplicaba. Ahora está enfurecido, desesperado y exige justicia: "Que me aclaren el asesinato de mi hijo, y si no pueden, que me manden a asesinar a mí también", dice. Lo repite de viva voz y por escrito en miles de volantes que ha repartido por medio país. En esa frase rabiosa se resume la lucha de este hombre, un humilde comerciante de verduras de 63 años, evidentemente agotado, pero cuyo reclamo puede tener fundamento, como lo revela el expediente judicial sobre el caso.

Cuando dice "el asesinato de mi hijo" se refiere a la muerte del cabo del Ejército Raúl Carvajal, de 29 años, quien -según la versión oficial- habría caído en un enfrentamiento contra las Farc el 8 de octubre de 2006 pocas horas después de haber llamado a su papá para contarle que se retiraría del servicio porque algunos superiores lo estaban presionando para participar en la muerte de dos muchachos que harían pasar por guerrilleros muertos en combate.

Cuando dice "que me aclaren" le habla al complejo aparato institucional de justicia, al que durante cuatro años ha acudido en vano, visitando toda clase de instancias, desde la inspección de Policía de El Tarra, en Norte de Santander, hasta el despacho del fiscal general, en Bogotá. Incluso, llegó a plantarse frente a la finca El Ubérrimo, del presidente Uribe, para protestar.

Protesta insólita

Mucha gente pensó que estaba loco, hace una semana, cuando Raúl irrumpió en el centro de la Plaza de Bolívar, en el corazón de la República, con su camión Dodge modelo 73. Había manejado durante doce días desde Montería. Paró al final de cada jornada en un pueblo distinto haciendo lo mismo: estacionaba en el parque central y repartía volantes para reclamar justicia. Viajó con su amigo Ignacio Vélez, llevando en la parte trasera el cadáver exhumado de su hijo. Dice que le tocó recibirlo en el cementerio, cuando se alistaba a salir de Montería, porque no tenía recursos para seguir pagando por el lugar donde fue sepultado cuatro años atrás.

Eran las 8:30 de la mañana cuando Raúl detuvo el vehículo al lado de la estatua de Bolívar, ante la mirada atónita de los visitantes y fotógrafos que el domingo pasado se hallaban en la Plaza de Bolívar. Salió del carro luciendo el quepis de su hijo, envuelto en una bandera de Colombia y con un cartel sobre pecho y espalda con la foto del cabo desaparecido. Se trepó sobre la cabina del camión y -asistido por su amigo- ubicó allí arriba la tabla envuelta en una bolsa blanca que contenía el cadáver. Luego la abrió y se sentó sobre la carpa del camión observando imperturbable desde esa altura los restos de su hijo, que lucían como una momia expuesta. Y se quedó así: cabizbajo, en silencio.

Pronto llegaron varios agentes de la Policía y le dijeron que no podía hacer eso. "No me molesten, que estoy cansado de hablarle a todo el mundo y nadie me escucha", les dijo mientras su amigo repartía volantes entre el creciente tumulto. Para acabar con la particular protesta fue necesario un forcejeo. Bajaron a Raúl a las malas, de una pierna. Cayó en el capó y terminó en el piso. En medio del estruendo, se vino abajo también el cadáver, cuyo esqueleto desarmado quedó esparcido por el suelo. El cráneo, aún con trazas de tejido, exhibía un tiro. El CTI de la Fiscalía acudió para practicar un nuevo levantamiento y trasladó los restos a Medicina Legal, para realizar una nueva necropsia.


El expediente

Quien se asome al expediente judicial por la muerte del cabo encuentra que esa diligencia y los reclamos insistentes del padre para que se investigue a profundidad pueden tener fundamento. SEMANA tuvo acceso al mismo y hay varias piezas que resultan cuando menos inquietantes.

Un análisis hecho a la necropsia por el CTI de Cúcuta en marzo de 2009 registra puntos contradictorios. Por un lado, señala que el cadáver no presenta el llamado tatuaje (restos de pólvora que quedan en la herida cuando se dispara a quemarropa), lo que indicaría que el disparo que acabó con la vida del cabo Carvajal se habría producido a larga distancia. Pero, a la vez, la necropsia registra el orificio del impacto como de "0,8 centímetros con anillo de abrasión concéntrico y bordes invertidos". Este rasgo consiste en una particular laceración circular que queda cuando el disparo se da a una distancia mínima o en contacto con la piel. Se trata de una evidencia que perdura, mientras que el tatuaje puede perderse fácilmente.

Del combate en el que los militares dicen que murió el cabo Carvajal habría sido también víctima el soldado José López Arcila (muerto de un disparo en la cara) y salió herido su par Óscar Agudelo Cruz. Según la versión oficial, su unidad se habría enfrentado con las Farc durante dos horas en la zona rural de El Tarra. Sin embargo, el supuesto combate no aparece registrado. La Alcaldía, la inspección de Policía, la Personería, y el Batallón Especial Enérgico Vial número 10 José Concha respondieron por escrito que en sus cuadernos de minuta (tras revisar entre el 5 y el 12 de octubre de 2006) no aparece registrado el hecho. La Brigada 30 del Ejército, con jurisdicción en Norte de Santander, certifica que no existe ningún documento, testimonio de desmovilizado o cualquier otro registro en el que las Farc se atribuyan las bajas del supuesto combate.

Hay algo aún más inquietante. El Batallón de Infantería número 14, que da cuenta de la muerte de Carvajal y Arcila, era entonces comandado por el coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, oficial que firmó el documento que registra el combate. El coronel fue destituido en octubre de 2008 cuando el gobierno realizó la purga en la que se ordenó la baja de 27 militares (incluidos tres generales) sobre los que recaían las sospechas de estar involucrados en el escándalo de los 'falsos positivos'. Tamayo fue capturado el 30 abril de 2009 para que respondiera en indagatoria por la muerte fuera de combate de muchachos provenientes de Soacha. Dos meses después, la fiscal especializada de la Unidad de Derechos Humanos, María Cecilia Jaimes, que investiga ese caso, sostuvo que Tamayo fue una pieza esencial y le imputó cargos por homicidio agravado, en estos términos: "Según la información legalmente obtenida (el coronel Tamayo) buscaba los recursos para pagar los tiquetes de traslado y así mismo pagar el costo de las víctimas y conocía cómo se iba a llevar ese modus operandi, cuándo se hacía la entrega por parte de un militar a la tropa de la víctima, cómo se procedía el acto de homicidio en completo estado de indefensión".

Estos y otros elementos tienen a Raúl convencido de que tras la muerte de su hijo hay un crimen que revelaría otro filón de los 'falsos positivos': el asesinato de militares a manos de sus superiores. El caso del cabo Carvajal ha sido estudiado por la Fiscalía Seccional de Cúcuta en dos oportunidades y archivado con autos inhibitorios, al no hallar evidencia de algo distinto a una muerte en combate. Pero las evidencias son tan inquietantes -el testimonio de su hijo, las piezas técnicas no concordantes, el escándalo de los 'falsos positivos' con la Brigada 30 de Norte de Santander como protagonista- y lo que está bajo sospecha tan delicado que ameritaría que la fiscal general traslade el caso al nivel central y lo someta a una revisión con expertos, lejos de las presiones de la zona, para que se le diga al país -y a Raúl- cuál es la verdad sobre la muerte de su hijo.

Antes de estallar el escándalo de los 'falsos positivos' a finales de 2008, nadie creía posible semejante perversión. Hoy hay 1.487 casos investigados, se han producido 66 fallos condenatorios y 21 sentencias absolutorias.

Raúl, que se gana la vida vendiendo verduras con su camión en Córdoba, ahora está pensando en vender el carro para poder regresar a Montería y sepultar una vez más a su hijo. "Pero hasta que no me den el nuevo dictamen no me muevo de acá", dice al frente de Medicina Legal de Bogotá, donde lleva seis días esperando en su Dodge 73.