El carrusel de los parapolíticos

Hace pocas semanas la oficina de control interno del Inpec terminó una investigación que dará mucho de qué hablar. En un documento de más de 300 hojas los funcionarios de ese instituto consignaron los resultados de más de un año de pesquisas y descubrieron que 15 funcionarios de la cárcel La Picota, entre ellos dos exdirectores, harían parte de una especie de carrusel de rebajas. 

Las pesquisas documentaron que de manera irregular e inexplicable se firmaron centenares de certificaciones por estudio y trabajo mediante las cuales varios de los llamados parapolíticos consiguieron disminuir sustancialmente sus condenas, al punto de que algunos quedaron en libertad.

La investigación comenzó en marzo cuando la Corte Suprema de Justicia negó una petición a Ciro Ramírez, condenado a siete años de cárcel por nexos con las autodefensas. 

En ese momento el exsenador, que llevaba tres años detenido, argumentó que había dedicado 1.312 horas a trabajar en proyectos de agricultura urbana en la granja de los parapolíticos y a estudiar producción agroecológica, inseminación artificial y tecnología de producción agropecuaria ecológica. Esto implicaba reducir en 17 meses su tiempo tras las rejas. Todo ello por aplicación de la norma que contempla que por cada dos días de trabajo o estudio los condenados tienen derecho a un día de rebaja en su condena. 

La Corte revisó los soportes entregados por Ramírez y encontró graves inconsistencias. El político anexó, por ejemplo, certificados según los cuales trabajó 248 horas solo en diciembre de 2010. Esto supondría que habría estado en sus actividades todos los días de eses mes, durante ocho horas, incluida la Navidad y el año nuevo, lo cual es muy poco probable. 

Los magistrados cruzaron esos datos con los permisos que recibió Ramírez para ir a citas médicas, audiencias y permisos familiares y evidenciaron que, a pesar de que no había estado físicamente en la cárcel, sus constancias afirmaban que había trabajado. A raíz de estos descubrimientos la Corte negó la petición de libertad de Ramírez en marzo de 2011. Sin embargo,  en junio un juez lo dejó en libertad. 

Como consecuencia de ese escándalo y por instrucciones de la Corte,  el director del Inpec, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, ordenó una detallada inspección que terminó hace pocas semanas. El documento, conocido por SEMANA, establece que Ramírez no fue el único parapolítico que logró esas cuestionables rebajas.

Uno de los apartes del informe de la oficina de Control Interno del Inpec afirma: “Los directores, subdirectores de la penitenciaria La Picota, al igual que los encargados de la oficina de registro y control con sus conductas incurrieron en error al firmar de manera irregular las planillas de control de Cómputos y en Certificados de Trabajo y/o estudio dando fe que los internos Ramírez Pinzón, Valencia Cossio Guillermo León, Arana Sus Salvador, Tabasco Treviño Dixon, Luis Alberto Gil y Martínez Sinisterra Juan Carlos, salpicados por el escándalo de la ‘parapolítica’, habían laborado (8) ocho horas en la actividad de Agricultura Urbana, cuando se encontraban en remisiones judiciales, citas médicas o permisos, sin que hubieran verificado previamente, la autenticidad y veracidad de la información”. 

Y sigue el documento: “Así las cosas, si los susodichos reclusos no se encontraban dentro de la Penitenciaria laborando en la Granja del Ere sur, no tenía el Estado porqué beneficiarlos con esas prebendas para obtener rebajas con fundamento a las horas (8) diarias que se le registraron en las planillas de cómputos, sencillamente porque estaban cumpliendo otras actividades, entre ellas: remisiones judiciales, citas médicas o permisos”. 

Durante meses, los investigadores de control interno del Inpec se dedicaron a la dispendiosa labor de cruzar información. Cotejaron aleatoriamente algunos de los permisos otorgados por los jueces a los parapolíticos para ir a citas médicas, familiares o remisiones judiciales con las planillas que certificaban las horas trabajadas en labores agrícolas en la granja de La Picota. Los hallazgos fueron contundentes. 

Documentaron, por ejemplo, el caso del exdirector de fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, detenido en 2008 y condenado a 15 años por concierto para delinquir agravado, entre otros delitos. Los peritos encontraron que, por ejemplo, salió de La Picota el 3 de marzo de 2009 a las 7:45 de la mañana a una supuesta diligencia judicial y regresó a las 7:20 de la noche. Ese día le aparecen registradas ocho horas de trabajo en labores agrícolas. Como ese, tiene más de 20 registros. 

Lo mismo ocurrió con el exsenador Juan Carlos Martínez, capturado en abril de 2009 y condenado a siete años de prisión. Protagonista de múltiples escándalos que motivaron su traslado de La Picota a la cárcel El Bosque de Barranquilla, los peritos de Inpec documentaron que funcionarios de esa institución certificaron que había sembrado papa durante algunos días en los que no estuvo en prisión. Este último al igual que Valencia aún está tras las rejas, pero muchos de sus compañeros de celda sí lograron salir libres gracias a esas certificaciones fraudulentas. 

Ese es el caso de Luis Alberto Gil, detenido en noviembre de 2008 y condenado a siete años de cárcel. El 15 de abril de 2010 salió del penal a una remisión a las 8:10 de la mañana y volvió a su celda a las 7:45 de la noche. Ese día, no obstante, al cuestionado político santandereano le anotaron ocho horas en la granja. Con base en esta y en otras decenas de certificaciones similares, en febrero pasado un juez de Bucaramanga avaló un descuento por ‘trabajo’ de 17 meses de prisión y le concedió la libertad.

Otro que también tuvo éxito a mediados de 2011 gracias a ese carrusel fue Dixon Tapasco. Capturado en 2008 y condenado a siete años por vínculos con los paramilitares, pagó menos de la mitad de su pena, pues un juez le rebajó 17 meses por trabajo basado en certificaciones del Inpec, según las cuales sembró papa y cebolla sin falta todos los días durante 36 de los 37 meses que estuvo en La Picota. 

El voluminoso informe del Inpec documentó solo el caso de cinco internos que recibieron esos beneficios ilegales de funcionarios de La Picota. La investigación fue trasladada hace pocos días a la Procuraduría y a la Fiscalía, pues su objetivo, más que enfocarse en los parapolíticos beneficiados, buscaba descubrir la compleja red que terminó con 15 funcionarios señalados como responsables de esa maraña de corrupción, quienes ahora tendrán que responder ante la Justicia. 

No obstante, los resultados de sus posibles confesiones ante fiscales y procuradores podrían derivar en que eventualmente sean recapturados algunos de los parapolíticos que hoy están en la calle gracias a ese carrusel de rebajas ilegales.