El caso Lloreda

Nueve años después de estar convencidos de haber hecho un gran negocio, el empresario Álvaro José Lloreda y su hijo Jorge Alberto, miembros de una de las familias más influyentes del Valle del Cauca, recibieron un duro golpe. Una juez los condenó a nueve años de prisión y a cancelar una multa de 13.000 millones de pesos porque consideró que los Lloreda estafaron al municipio de Cali en beneficio de sus empresas.

Este ha sido un caso muy complejo en el cual se entrelazan consideraciones financieras, políticas y judiciales. Lo que es claro es que sobre los mismos hechos ha habido múltiples interpretaciones. Hasta el momento estos son los hechos en que todos están de acuerdo: con motivo de la liquidación de Colpuertos, en 1991, se creó el fondo Foncolpuertos, que debía atender las reclamaciones laborales de 18.000 trabajadores. Algunos de ellos consiguieron, con medios poco claros, que los jueces les reconocieran millonarias pensiones e indemnizaciones a través de sentencias o actas de conciliación basadas en documentos falsos.
 
Como Foncolpuertos se demoraba mucho en pagar, con base en estas sentencias y actas, los trabajadores lograron que los jueces emitieran mandamientos de pago, que en la práctica son títulos valores de pago obligatorio por parte del Estado. Lo que querían los ex empleados portuarios era tener pronto la plata de su liquidación laboral y que otro se encargara de cobrarle al Estado, que al final pagaría en tres o cuatro años. En esas circunstancias aparecieron los Lloreda y realizaron varios negocios con mandamientos de pago expedidos a favor de pensionados de Colpuertos y se cobraron sin ningún problema.

A finales de 1998 les plantearon a los Lloreda un nuevo negocio que analizaron durante meses. Comprar los mandamientos de pago de otros 168 ex trabajadores y encargarse a través de Fidupacífico, cuyo presidente era Jorge Alberto Lloreda, hijo de Álvaro José, de cobrar 13.000 millones de pesos que sumaban estos títulos reconocidos por fallos judiciales. Al final hicieron el negocio y ese mismo 28 de diciembre del 98 aceptaron traspasarlo al Fondo Financiero que manejaba los recursos del municipio de Cali, Bancali.

Al gerente del Fondo, David Toledo, le pareció un excelente negocio en el que tenían cero riesgo y alta rentabilidad y así se lo planteó a la junta directiva. Con el transcurso del tiempo, esos 13.000 millones de pesos podrían significarle más de 40.000 millones de pesos en la negociación de ocho fideicomisos de administración, recaudo y pago de los mandamientos de los ex trabajadores. A finales del 98 ya se hablaba de que algo irregular estaba ocurriendo con las liquidaciones laborales de los pensionados de Colpuertos y se comenzaron a destapar los fraudes y falsificaciones de actas de conciliación que daban derecho a sumas exorbitantes. Pero sólo en el año 2000 el gobierno decidió parar los pagos.

La condena
 
Al emitir el fallo, la juez consideró que los Lloreda tenían conocimiento de los problemas de los mandamientos de pago y que aun así, decidieron vendérselos a Bancali. "Los directivos del Grupo Pacífico intencionalmente ocultaron la información que les había sido suministrada acerca del posible no pago de los activos de Foncolpuertos", dice la juez. Para la justicia, esto significa que los Lloreda engañaron al municipio al venderle unos títulos a sabiendas de que estaban cuestionados. Como prueba de esto alegan que la ex jefe jurídica de Foncolpuertos, Libia del Socorro Ortiz, les había advertido en una carta sobre las irregularidades de los mandamientos de pago, antes de que los Lloreda le vendieran los títulos a Bancali.

Por eso la juez los condenó por estafa agravada y desestimó el delito inicial, que era determinadores de peculado por apropiación. De hecho, en la misma sentencia, absolvió por este delito a David Toledo, el ex gerente de Bancali.

La defensa

Para los Lloreda y para su abogado, Yesid Reyes, la acusación por estafa fue desconcertante, ya que llevaban seis años defendiéndose y tres años atrás les habían imputado era el delito de peculado. Consideran que el cambio de calificación de un delito a otro es un proceso altamente irregular que va en contravía de los derechos del defendido. Por otra parte, alegan que la juez no tuvo en cuenta algunas pruebas que se presentaron en la etapa del juicio. Reyes dice que la condena se basó en la carta de la ex jefe jurídica de Foncolpuertos a los Lloreda en la cual les advierte de las irregularidades de los mandamientos de pago. Según Yesid Reyes, no se tuvo en cuenta que ella, bajo juramento, dijo otra cosa en el juzgado, el 14 de septiembre de 2006. "Yo lo que hice fue una advertencia general y no tenía pruebas de que las actas del negocio con Bancali fueran falsas. Yo no revisé las conciliaciones porque eso le correspondió a la firma auditora Arthur Andersen", sostuvo la ex funcionaria en su declaración.

Para Reyes, esta declaración era fundamental, pues demostraba que los reparos que existían hasta el momento no eran suficientemente específicos como para concluir que había un fraude detrás de toda la operación y que los mandamientos no serían pagados. Dijo, además, que la firma auditora Arthur Andersen no hizo ningún reparo después de revisarlos y que los Lloreda les notificaron el negocio a 11 entidades del Estado. "No he conocido a alguien que anuncie tanto un engaño. Y menos, que mis clientes hubieran logrado engañar a los funcionarios de Bancali cuando esta entidad contrató a prestigiosos abogados para revisar el negocio y los documentos", le dijo el jurista a SEMANA.

En todo caso, lo que dijo la juez al condenarlos no es la ultima palabra. Los Lloreda y su abogado apelarán la sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá y confían en que los magistrados desestimen los cargos con el argumento de que se metieron de buena fe en un negocio en el que era imposible que a conciencia pusieran en riesgo todo su patrimonio familiar.