El collar del terror

"Tranquila mi señora, muy tranquila, que esto lo termino en unos minutos y después nos vamos a almorzar juntos. Es más, yo la invito”. El subintendente de la Dijin Jairo Hernando López, de 28 años, conversaba con doña Elvia Cortés de Pachón, de 53 años, en una orilla de la carretera Circunvalar de Chiquinquirá. Eran las 12 del mediodía del lunes 15 de mayo y, pese al inmenso riesgo de la operación, el técnico no daba muestras de miedo. Ella, en cambio, estaba aterrada. Tenía en su cuello un artefacto en tubo de PVC, un collar cuadrado, herméticamente soldado y con cuatro sistemas diferentes de explosivos, que le fue colocado ocho horas atrás por cuatro hombres que irrumpieron en su humilde casa campesina, donde ella era feliz cultivando sus matas de maíz y cuidando a sus siete vacas y a sus 12 gallinas. Los hombres llegaron vestidos de negro, encapuchados, con cuatro armas: dos pistolas, una metralleta y un cuchillo grande en forma de daga. Con estas intimidaron a la señora y a su esposo, Salomón Pachón González, de 67 años. Para evitar molestias, previamente envenenaron al perro.

“A mí no me vayan a colocar eso”, les pidió ella. Los hombres, sin hacer mención a ninguna organización armada, le pusieron la bomba y le exigieron que consiguiera 15 millones de pesos. De lo contrario, amenazaron, la harían explotar.

“Nosotros no tenemos esa plata”, contestó la pareja. “Ustedes no pero su hijo trabaja en una corporación de ahorro. Que la saque de allí”. Y se marcharon dejando un casete, en el que hacían la demanda del dinero y explicaban los mecanismos para desactivar el artefacto explosivo y el riesgo que se correría si alguien intentaba retirarlo del cuello de doña Elvia Cortés.

A la señora no le dijeron nada. “No sé ”, le respondió lacónicamente a la policía cuando le preguntó quién había sido y que luego la sacó de su casa de tejas de barro, paredes blancas y flores rojas, para llevarla a la orilla de la Circunvalar de Chiquinquirá.

Dos horas después llegó el técnico Hernando López, comentando con sus compañeros el nacimiento de su hija cinco días atrás. “Estaba muy tranquilo”, recuerda un compañero suyo que estuvo durante toda la jornada trabajando a su lado y quien relató para SEMANA lo ocurrido ese fatídico lunes. “Incluso evitó el traje antiexplosivos, según él, para que la señora no se fuera a asustar”.

Con las manos limpias López empezó su labor. “¿Le provoca una agüita?”, le dijo. “Usted no me va a dejar morir, ¿cierto?”. “Cómo se le ocurre. De ésta ambos salimos vivitos”, le dijo mientras le daba de beber agua con unos calmantes. Pero la tragedia no se hizo esperar: a las 12:35 del día la bomba explotó y los mató a los dos.



La bomba (imagen)



El proceso en suspenso

Doña Elvia murió sin saber quién la mató. Horas antes, cuando la policía le preguntó quién le había hecho eso, contó que fueron cuatro hombres que llegaron vestidos de negro a su casa pero que no le dijeron de qué grupo eran. Sólo que la amenazaron, le pusieron la bomba en su cuello y se fueron en silencio, protegidos por la oscuridad. Dejaron tras de sí uno de los hechos de mayor barbarie en la historia criminal del país y, de paso, causaron el mayor cisma en el proceso de paz que adelanta el gobierno nacional con las Farc.

Minutos después del hecho el presidente Andrés Pastrana fue enterado de la terrible tragedia. Los portadores del mensaje fueron los generales Fernando Tapias y Rosso José Serrano, quienes en ese momento tenían en sus manos los primeros informes de las autoridades de Chiquinquirá que señalaban a las Farc como las posibles autoras de semejante barbarie.

De inmediato el Presidente convocó a un Consejo de Seguridad y después de estudiar con atención las pruebas que le mostraron el Ejército y la Policía tomó la decisión de suspender la reunión entre las Farc, el gobierno y representantes de la Unión Europea para analizar las alternativas a los cultivos ilícitos, es decir, la llamada audiencia pública internacional. La cita estaba prevista para este sábado.

El martes Pastrana, en un discurso en la Escuela de Cadetes General Santander, subió el tono y anunció que el encuentro quedaba suspendido porque “los pueblos del mundo no entenderían, a la luz de los últimos hechos, que se les invite a participar en el proceso de paz”.

La reacción de las Farc no se hizo esperar. Raúl Reyes, negociador oficial de esa organización, anunció en una rueda de prensa, el pasado jueves, que la mesa de negociación, principal instrumento del proceso de paz, quedaba congelada. Además advirtió que hasta que no se realizara la audiencia internacional no había nada que hablar. Previamente dijo que en las Farc “condenamos categóricamente el brutal asesinato” y “negamos rotundamente que el hecho fuera cometido por alguno de los integrantes de nuestra organización”.

Hayan sido o no las Farc, lo cierto es que este es el episodio más grave desde que empezaron los diálogos para buscarle una salida negociada al conflicto armado.



Farc o no Farc

Al terminar la semana las opiniones respecto a la responsabilidad del grupo armado en esta salvaje acción eran diametralmente opuestas. En un bloque se ubicaron quienes dudan que las Farc hayan sido las autoras del hecho. En esta orilla, y con diferentes matices, se ubican la Fiscalía y las autoridades locales del municipio. “No descartamos que se trate de un nuevo grupo terrorista”, argumentó el fiscal, Alfonso Gómez Méndez, quien, sin embargo, aclaró que el hecho de que las Farc negaran su responsabilidad no significaba que no fueran ellas tal como había ocurrido en ocasiones anteriores.

La opinión del Fiscal es compartida por las autoridades municipales. “Yo no podría decir quién fue aunque lo que sí puedo asegurar es que aquí no opera ningún frente de las Farc”, dijo a SEMANA el alcalde de Chiquinquirá, Armando de Jesús Burgos. “Nosotros conocemos la población, la caminamos vereda a vereda y con certeza puedo decir que en el perímetro de Chiquinquirá no operan las Farc”, dice Rosalba Burgos, concejal de esta población. Para ella es todo lo contrario: “Este es un territorio de paz”.

Lo cierto, sin embargo, es que Chiquinquirá es, hacia el occidente, zona de influencia de los grupos de esmeralderos dirigidos por Víctor Carranza, pero también, hacia el norte, por grupos de las Farc. Como la población ya sabe lo que significa vivir una guerra —la llamada ‘guerra verde’ entre esmeralderos hace 10 años— teme que este hecho sea el detonante de una racha de violencia.

“Yo no descarto que esta acción sea un palo en la rueda en el proceso de paz de los esmeralderos”, dijo el obispo de Chiquinquirá, Héctor Gutiérrez Pabón. Aunque en los segundos posteriores a la explosión del collar el prelado se mostró indignado y condenó con la mayor energía a las Farc por “este monstruoso asesinato” y que si se comprobaba que el crimen fue obra de “la insurgencia el gobierno debería replantear el proceso de paz”, el obispo dijo a SEMANA que las autoridades deberían examinar también otras hipótesis.

Es por este camino por donde se han ido los investigadores de la Fiscalía. “Dentro del ponqué de las hipótesis, basados en los elementos que hemos recogido hasta ahora, podemos apuntar que un 90 por ciento de probabilidades señalan que no fueron las Farc mientras que un 10 por ciento dicen que sí”, le dijo a esta revista uno de los miembros de la comisión de investigadores del CTI que realiza en Chiquinquirá esta labor.

Su apreciación coincide con los allegados de la señora Elvia Cortés: “Desde nuestra humilde opinión creemos que este hecho no tiene nada que ver con las Farc. No sabemos quién pudo haber sido aunque nosotros no descartaríamos que fuera una banda de delincuentes”, dijo a SEMANA uno de los miembros de la familia de doña Elvia Cortés.

En la otra orilla, es decir, quienes no vacilan en afirmar que fueron las Farc, están el Ejército y la Policía de la localidad. Para ellos el grupo guerrillero quiere establecerse en Chiquinquirá porque es un corredor estratégico para moverse como pez en el agua hacia tres departamentos vitales: Cundinamarca, Boyacá y Santander.

“Vienen pisando duro”, afirma el coronel Fabio Santiago Roa Millán, comandante del Batallón de Infantería Número 2 y responsable de la seguridad de la región. “Al día siguiente del espantoso asesinato de la señora un hombre, que dijo ser de las Farc, me llamó a mi despacho a amenazarme de muerte por haberlos acusado”, cuenta el alto oficial.

Según él, con el asesinato de doña Elvia las Farc lanzaron un brutal mensaje de intimidación a toda la población.

“Ellos son expertos en manejar el miedo”.

Para el Ejército, las Farc tienen una presencia permanente alrededor de Chiquinquirá con su frente XI ‘José Antonio Anzoátegui’, integrado por 120 hombres al mando de alias ‘Mesías’. Este grupo arrasó con Albania en 1988 como punta de lanza para apoderarse del triángulo Briceño (Boyacá), Albania (Santander) y Tunungua (Cundinamarca).

Además, según la versión del Ejército, en Chiquinquirá tienen fuertes “lazos con bandas de delincuentes comunes a quienes les compran los secuestrados”.

La hipótesis de que fueron las Farc es respaldada por el Grupo Antiexplosivos de la Policía por el tipo de material utilizado en el collar bomba. Se trata de una mezcla casera de clorato de potasio con benzoato, aluminio, azufre y fósforo rojo. Este tipo de explosivo es usado por las Farc y es el mismo que los investigadores han encontrado en las minas para volar pistas de aeronaves, en las emboscadas a las patrullas y en la quema de buses en la carretera.

“Basta mirar la tecnología utilizada en la bomba, dice el mayor Edgar Humberto Torres, comandante de la Policía de Chiquinquirá, para afirmar que todos los indicios conducen a que fue la subversión, seguramente con nexos con delincuentes comunes”. El oficial cuenta que los hombres llegaron a las cuatro de la mañana, hora en que, religiosamente, se levantaba don Salomón Pachón González. “Le habían hecho inteligencia, y eso no lo hace cualquier aprendiz de delincuente. Es gente profesional”.

Las autoridades trabajan también sobre una hipótesis que si bien no señala directamente a las Farc sí las responsabiliza del incremento de la violencia. Esto debido a la llamada ‘ley 002’, que le dio patente de corso a la delincuencia común para atacar a la población civil y usa como excusa el nombre del grupo guerrillero. De hecho, el pasado miércoles hubo una reunión en el comando de la Policía de Chiquinquirá con 17 comerciantes amenazados de extorsión. Según los estudios preliminares, se trata de delincuentes comunes pero que, sin embargo, en todas las amenazas les advierten a sus víctimas que tengan cuidado y paguen si no quieren que les pase lo de la “mujer del collar. Atentamente Farc”.



¿‘Unabomber’ local?

Otra posibilidad que estudian las autoridades en el momento es que, detrás de este macabro crimen, se encuentre una organización criminal local, dirigida por un personaje que, a la manera del famoso Bochica, tendría una personalidad criminal que se refleja en el mensaje que aparece en el casete. Hay varias particularidades que han llamado la atención de quienes revisaron con lupa la grabación.

En primer lugar, la manera tan detallada como el o los autores de la bomba narran su composición, su estructura, el mecanismo para desactivarla, los cuidados que se deben tener al manipularla, incluso el manejo que se le debe dar a la víctima hacen pensar, según un especialista entrevistado por SEMANA que prefirió reservar su nombre, muestran un patrón sicológico muy especial. “Es como si el que está detrás de este hecho estuviera enamorado de su creación, de lo que hizo, se magnifica con su obra”, afirmó.

Otro aspecto que están estudiando los investigadores tiene que ver con el lenguaje utilizado por quienes dejaron la grabación con las indicaciones de la bomba. “Se trata, dijo a esta revista una fuente del CTI, de un lenguaje más propio de la delincuencia común que de la guerrilla”.

“El pacto es, ponga mucha atención, es de 15 millones de pesos, debe colocar un número telefónico en la casa o tienda El Boquerón en la pared frontal a la vía de transporte de 15 centímetros de grande cada letra y de color fluorescente que diga se vende o permuta finca informes y en el aviso coloca los dos números telefónicos uno fijo como puede ser de Bogotá y también un celular...”, dice la grabación.

Otro aspecto importante es que las Farc nunca mencionan qué tipo de armamento tienen en su poder y, hasta ahora, han negado tener misiles. Lo cierto es que la grabación le dedica buena parte a ese tema. “En nuestro poder tenemos pequeños misiles o cohetes a escala de los originales, se puede concluir con la materia prima y herramientas existentes aquí en Colombia, el misil más sencillo y económico es de 48 milímetros de diámetro por 22 centímetros de largo, su desplazamiento horizontal o vertical algo similar al vuelo de un volador navideño, este cohete antes de dispararse se debe revolucionar a 1.200 revoluciones por minuto, para desplazarse sin desviación similar a una bala, dicho cohete no tiene alas ni alerones para dispararse desde cerca. Doctor Elías si usted es inteligente construir o diseñar algo así es una realidad, también nosotros tenemos en nuestro poder el mejor rifle para francotiradores, el cual es calibre 50 que se puede disparar a más de 1.000 metros de distancia del blanco con ayuda de mirillas ópticas y otros implementos electrónicos de corrección de trayectoria”.

El mensaje que se dejó en el casete está firmado por un nombre o sigla que aún no ha sido descifrado: Talac Nico. No hay lema, no hay jefe ni jerarquías. Eso indica, según los funcionarios judiciales, que no se trataría de una organización estructurada sino de un grupo pequeño, al parecer, de delincuentes comunes.

Finalmente, los investigadores intentan darle respuesta a una duda que los asalta y que les resulta incoherente. “Existe una desproporción entre lo pedido, los 15 millones de pesos, y el medio utilizado, el collar bomba”.



La negación indefinida

Al cierre de esta edición las autoridades manejaban tres hipótesis distintas. La primera de ellas, que los autores de semejante acto de barbarie habrían sido las Farc, un frente de las Farc que ha iniciado operaciones en una zona de tradicional influencia de Carranza. La segunda, que se trataría de un grupo de delincuencia común que, como muchos hoy en día, opera como subcontratista de las Farc, llevando a cabo secuestros cuyas víctimas terminan luego en manos de la guerrilla y cobrando extorsiones, con o sin el conocimiento de la guerrilla. Por último, las autoridades estudian la posibilidad de que se trate de una organización criminal local integrada por delincuentes comunes y dirigida por alguien que, por las características de la grabación, estaría más cercano a los asesinos en serie que de los jefes de la guerrilla colombiana.

En cualquier caso las Farc se encuentran en una coyuntura tan compleja como aquella que vivieron cuando los tres indigenistas de Estados Unidos fueron asesinados. En un primer momento negaron cualquier relación con lo ocurrido. Una grabación posterior les hizo imposible distanciarse del hecho.

En este caso para las Farc sería indispensable hacer algo que en derecho resulta prácticamente imposible: demostrar una negación indefinida, es decir, que no fueron sus integrantes los que pusieron en el cuello de Elvia Cortés —y por esa vía de todos los colombianos— un terrible collar lleno de explosivos que llevó a que diarios del mundo, como The Angeles Times, calificaran el conflicto colombiano como "monstruoso"