El debate sobre el tratamiento de Camila Abuabara

Si un caso simboliza lo que está pasando con el sistema de salud en Colombia es la dramática historia de Camila Abuabara. Esta hermosa y valiente joven ha dado una dura batalla por superar una leucemia, que la ha llevado a enfrentarse a su EPS, a viajar a Houston (Estados Unidos) a someterse a un tratamiento experimental y ahora, a exigirle al Estado que le pague un trasplante de médula ósea en ese país para completar su recuperación.

Este drama, que puede ser muy similar al que están viviendo miles de personas con cáncer o con una penosa enfermedad, ha puesto sobre la mesa una discusión que pocos se han atrevido a dar. Si el sistema de salud del país debe proporcionar a los colombianos todos los procedimientos, medicamentos y tratamientos que requieren, a cualquier costo, o si debe haber límites para usar eficiente y racionalmente los recursos, que al contrario de lo que muchos jueces y políticos creen, son limitados.

La Ley 100 de 1993 creó un modelo de aseguramiento en el que la plata de todos debe financiar un plan básico que los proteja desde las enfermedades comunes hasta las ruinosas. No incluye todo lo que sea de última generación, estético o experimental, como en la mayoría de sistemas de salud del mundo. Pero la incapacidad del Estado para ampliar esa cobertura, para controlar a las EPS y evitar que la salud se convirtiera en un negocio, unido a que los jueces empezaron a recetar por tutela todo lo que se negaba, terminó por crear un caos que ha llevado al Estado y a los colombianos a aportar cada vez más para pagar por su salud.

Hoy, por cuenta de los fallos y sentencias de la Justicia, especialmente de la Corte Constitucional, los colombianos tienen en el papel un plan de beneficios tan amplio como difícilmente lo tienen los habitantes de países desarrollados. Pero eso tiene un costo. Mientras que en 1993 para la salud el país destinó unos 14 billones de pesos, en 2013 la cifra llegó a 40 billones, y los cálculos advierten que se requerirían entre 4 y 10 billones de pesos más al año. Pero si a esto se suma que los laboratorios y médicos están disponiendo, a través de tutelas, medicamentos y tecnologías tan costosas que ni siquiera están disponibles en Suecia o el Reino Unido, es claro que el sistema se dirige a la quiebra.

Por eso el caso de Camila Abuabara es tan importante: cuando un juez determina que su EPS o el Estado le deben pagar por el tratamiento que ella quiere en el exterior y no en Colombia, donde se le puede hacer, crea un precedente que sin duda va a ser seguido por otras personas en las mismas circunstancias. La diferencia es que mientras el trasplante en Houston vale 2 millones de dólares (4.000 millones de pesos), en Colombia puede costar 300 millones.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, decidió interponer un recurso contra la decisión del juez y dijo: “Sin duda somos sensibles ante la tragedia humana, pero como funcionarios también tenemos que cuidar los recursos de la salud, pues aquí puede haber un mal uso de recursos públicos, ya que al hacerse en otro país como lo ordena el juez, todos los colombianos, y no solo las EPS, terminarían pagando el trasplante de Camila en Houston”.

Lo que muchos no han entendido es que el derecho a la salud, así sea fundamental, no es absoluto. Y los funcionarios y el Estado deben privilegiar el interés colectivo sobre el particular. Es una dura y dolorosa decisión, pero se tiene que tomar, pues no es justo que mientras se gastan sumas multimillonarias en algunos pacientes, en Colombia haya cientos de veredas y pueblos en los que ni siquiera hay un puesto de salud o un hospital aceptablemente equipado.

El caso de Camila Abuabara deja en claro que es hora de que haya un debate nacional que defina el plan de salud que el país quiere, y sobre todo, puede pagar. Debe haber un contrato social entre Estado, EPS, médicos, hospitales, farmacéuticas, jueces y ciudadanos que diga qué se puede y no se puede dar, y que fije las condiciones para aceptar nuevos medicamentos.

Desde ya se prevé un aumento de las cotizaciones y de los recursos del Estado para la salud, plata que necesariamente saldrá del bolsillo de todos. Como dijo el ministro Gaviria la semana pasada: “En salud todos estamos haciendo una vaca, similar a las que se hacen a la hora de salir a comer, pero en vez de que todos coman lo mismo, algunos piden langosta”. Y otros, como algunos magistrados de la Corte Constitucional, que creen que viven en un país rico, quieren que todos coman langosta, cuando no hay plata ni para una bandeja paisa.