El desafío

Durante la semana pasada en varios círculos políticos y de las ONG que siguen de cerca el conflicto armado apostaron sobre la fecha y la hora en que las Farc liberarían al ex gobernador del Meta Alan Jara, que fue bajado por un comando guerrillero de un carro de la ONU. Todos coincidían en que el movimiento armado se había equivocado, por lo que soltarían en un lapso breve al dirigente político y le echarían tierra al asunto. Todos se equivocaron. A ninguno se le pasó por la cabeza que las Farc no sólo iban a reivindicar el plagio sino que le iban a hacer un “juicio popular” y, por si fuera poco, iban a retar a la ONU exigiéndole explicaciones sobre su relación con el ex gobernador, a quien sindican de paramilitarismo.

Por eso la sorpresa de todo mundo cuando al mediodía del jueves pasado el estado mayor del Bloque Oriental de las Farc expidió un comunicado en el que, además, criticaba la actitud de “diversas ONG nacionales e internacionales” que habían rechazado el secuestro.

Un vocero de las Naciones Unidas se mostró consternado y dijo: “La acción nos ha tomado por sorpresa. Llevamos 44 años en Colombia y nunca imaginamos que una cosa así nos pudiera ocurrir”. Y en el comunicado que envió Jan Egeland, asesor especial del secretario de la ONU para Colombia, dijo que “la retención del señor Jara, que es un civil, constituyó una infracción del Derecho Internacional Humanitario y de la inviolabilidad del vehículo de las Naciones Unidas. Estos abusos comprometen la misión social y humanitaria de las Naciones Unidas”.

El anuncio de un ‘juicio popular’ a Jara, además de emanar un tufillo desafiante contra la comunidad internacional, fue bastante revelador sobre la actitud de las Farc hacia lo que puedan pensar de ellas en el exterior. Aunque muchos esperan que este hecho desencadene un coletazo fuerte en el proceso de paz es previsible que éste siga su curso sin mayores tropiezos. Sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno ha hecho entender que no quiere cometer los errores del pasado de sacrificar un proceso por este tipo de hechos, por dolorosos que sean, como sucedió con el asesinato del exministro Argelino Durán Quintero hace ocho años , que dio al traste con el proceso de paz de Tlaxcala.

Las Farc acusan a Jara de ser el autor intelectual del asesinato de líderes populares en el Llano. Sin embargo, para quienes han conocido la trayectoria del ex gobernador, esas acusaciones son sólo una cortina de humo ya que Jara ha sido cercano a la izquierda —hasta estudió en el Instituto de Ingeniería y Construcciones de Kiev, Ucrania— y ha trabajado de cerca con las comunidades deprimidas de Villavicencio. Una de las hipótesis que han circulado con fuerza en los Llanos sobre el motivo del secuestro es que cuando fue gobernador Jara se negó a pagarles a las Farc porcentajes de los contratos.



Contra la pared

Este hecho se produce en momentos en que sobre las Farc ha caído una verdadera lluvia de críticas y de fuerte rechazo desde el exterior. Ellas, en una actitud sorprendente, reconocían el secuestro explicando que “curiosamente este personaje se desplazaba en un vehículo de las Naciones Unidas”. Las reacciones no se hicieron esperar.

Sin embargo este rechazo es un eslabón más en la cadena de protestas que se inició el pasado 10 de julio cuando Human Rights Watch, una de las más prestigiosas ONG del mundo, le envió una dura carta a ‘Manuel Marulanda Vélez’, en la que le hacía un escalofriante recuento de las más recientes violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de su organización. A la exigencia de Human Rights Watch para que las Farc pusieran fin a estas prácticas se sumaron algunas de las más respetadas voces nacionales e internacionales. Sin embargo las Farc intentaron pasar de agache. ‘Marulanda Vélez’ fue escueto ante los periodistas cuando le preguntaron si iba a responder la misiva: “¿Cuál? Si a mí no me ha llegado nada”.

“Es una respuesta patética. Cuando alguien está débil en el fondo se va por la forma. Esta conducta de las Farc me parece sumamente infantil, dijo a SEMANA José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch. Creo que se está verificando a nivel internacional un creciente desgaste y hasta desilusión por la falta de progresos reales en la conducta de las Farc”, agregó.

Aún no se había apagado el eco por la cínica respuesta de ‘Marulanda’ cuando trascendió el secuestro de Jara: “Este tipo de violación pone en peligro la capacidad de la Organización para cumplir sus funciones en Colombia”, reaccionó el propio secretario general de la ONU, Kofi Annan. A su voz de rechazo por este secuestro se sumaron, entre otras personalidades, Anders Kompass, delegado de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú y George Vickers, director ejecutivo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), una de las ONG más grandes del planeta, quien fue contundente: “Si no hay cambios en el comportamiento de las Farc es imposible pensar en tener discusiones políticas con ellos”.

Esta creciente internacionalización del proceso de paz es para Michael Shifter, vicepresidente del Diálogo Interamericano en Washington, la mejor manera de acelerarlo. “En la medida en que aumente la presión internacional contra las Farc y se deje en claro que esos comportamientos no son aceptables es una señal muy importante y puede incrementar la presión para tratar de obligarlos a negociar en serio”, afirmó Shifter.

Con la degradación de la guerra en Colombia han llegado los reflectores internacionales a observar los detalles del conflicto. Y esta exposición ha permitido una visión más completa y equilibrada sobre la realidad del país, la cual ha superado la visión anacrónica de una guerrilla ‘robinhoodesca’ que hasta hace un tiempo aún flotaba en ciertos círculos extranjeros. “Después de 10 años en que la plaza la tuvieron libre y exclusiva las Farc en foros como el europeo ahora se ve la otra cara de la moneda”, dijo Juan Camilo Restrepo, embajador de Colombia en Francia.

Además el fin de la Guerra Fría ha ayudado mucho en la última década a desideologizar el debate sobre crímenes internacionales —incluidos crímenes de guerra y de lesa humanidad— cometidos en conflictos armados internos.

A esta creciente reacción contra las Farc se sumó el rechazo nacional, representado por cerca de 150.000 personas que salieron a marchar en Manizales para protestar contra el secuestro de Cristina Echeverri, uno de los símbolos de la solidaridad de la ciudad y quien ha dedicado sus mejores años a la ayuda de los niños pobres.

Esta serie de excesos de las Farc refleja, en palabras de un analista, “la carencia de cuadros políticos que orienten al movimiento”. La cosa no sería una bomba a punto de estallar si se tratara de una guerrilla derrotada militarmente. Al contrario, “nunca las Farc habían sido tan fuertes militarmente y tan débiles políticamente, agrega el experto. Eso las hace muy peligrosas”. No de otra manera se entienden las acciones de un movimiento que en su discurso argumenta ser de lucha social pero en su práctica cotidiana secuestra niños, “es responsable de asesinatos y secuestros de civiles”, como escribe Human Rights Watch, ataca carros de la ONU y secuestra defensores de niños pobres.

A este confuso y sangriento panorama lo único que le faltaba era que Estados Unidos se pusiera en la tarea de recoger evidencias para pedir en extradición a uno de sus hombres acusándolo de narcotráfico. Se trata de Tomás Medina Caracas, conocido como ‘El Negro Acacio’, comandante del frente 16 de las Farc.

Ese personaje, sin embargo, no es el primer miembro de las Farc al que Estados Unidos le tiene echado el ojo pues, como dijo el jueves de la semana pasada la embajadora Anne Patterson, en clara alusión a Germán Briceño Suárez, alias ‘Grannobles’, “él tiene que responder por el asesinato de tres ciudadanos nuestros” . ‘Grannobles’ presuntamente secuestró, torturó y asesinó a tres indigenistas que prestaban una labor social en el departamento de Arauca.

Sin embargo las solicitudes de extradición de guerrilleros de las Farc podrían convertirse en un arma de doble filo para el gobierno ya que pueden poner en peligro el proceso de paz. “Hay que ejercer toda la presión pero si uno comienza a tratarlos como un cartel empieza a perder posibilidades de llegar a acuerdos políticos porque cambia la lógica”, dice Shifter.

Claro que una cosa es discutir si se extradita o no a una persona por tráfico de drogas y otra mucho más grave es ponerse a pelear con la ONU al acusarla, como lo hicieron el jueves las Farc, de proteger en un vehículo suyo a un supuesto paramilitar.

Es un hecho que ningún observador sensato entiende. Como dijo a SEMANA un analista que conoce bien al ex gobernador: “Primero, Alan Jara es de tendencia socialista. No lo veo en cosas del paramilitarismo. Segundo, aun siendo cierto, la ONU no tiene porqué saberlo, y, tercero, las Naciones Unidas no tienen que pedirles permiso a las Farc para nada”.

¿Por qué las Farc están actuando así? Una explicación es que están revisando las implicaciones del frente internacional ya que desde un punto de vista táctico le ha servido más al gobierno que a ellos. A las Farc les conviene más lo que los expertos denominan la “guerra olvidada” porque creen que a nivel interno, y solos contra el Estado, pueden ganar más fácilmente la batalla. Como dijo un analista a SEMANA: “Si ellos ya no tienen apoyo económico externo y la participación internacional es sólo para hacerles exigencias, ¿de qué les sirve?”.