El desalojo que terminó en un grave incendio en Suba

El desalojo de 1.143 personas que se encontraban asentados en los terrenos de una zona de preservación ambiental del río Bogotá, en Suba, terminó en un grave incendio que dejó a decenas de familias afectadas.

El incendio se presentó durante un operativo que adelantaba la Policía cumpliendo un desalojo. Según la Administración Distrital el fuego fue provocado por manos criminales, aunque miembros de la comunidad niegan esas acusaciones.  

El operativo, según la versión que dio el Distrito, buscaba la recuperación de la zona de reserva y preservación ambiental del río Bogotá en el sector de Bilbao, donde permanecían 398 ocupaciones ilegales y un total de 1.143 personas. La presencia de estas personas en estas zonas, continúa el Distrito, significaba un riesgo ambiental, pues venían retirando parte del jarillón, es decir, las barreras para evitar inundaciones.

De acuerdo con el distrito. Esta intervención se dio luego de que la Secretaria de Gobierno encontrara que parte de los ciudadanos que permanecían en estos asentamientos, desde enero del año pasado, recibían beneficios por parte de entidades distritales, tenían subsidios aprobados de vivienda o ya contaban con una propia y no eran víctimas del conflicto armado.

Mediante un diagnóstico elaborado por la Secretaría Distrital de Gobierno, la Administración afirmó que 114 familias estaban inscritas o tenían aprobado un subsidio de vivienda.

Sin embargo, de acuerdo con Jeimy Díaz, vocera de la comunidad que habitaba el sector, esto no corresponde a la realidad y afirma que quienes habitan en el sector sí son de comunidades vulnerables. "Acá hay desplazados, madres cabeza de familia y recicladores. Sobre gente con ayudas no conozco".

Según informó la Secretaria de Gobierno a través de un comunicado, la comunidad fue advertida durante meses sobre el riesgo de continuar en la zona de reserva y preservación ambiental del río Bogota. De acuerdo con el Distrito, los habitantes "omitieron el llamado y continuaron en la zona". Asimismo, afirmaron que el pasado 13 de marzo se les solicitó la evacuación voluntaria.

"A nosotros nunca nos notificaron", explica Jeimy Díaz, quien cuenta que durante meses se reunieron con funcionarios del Distrito pero las respuestas que recibieron por parte de ellos fueron "insuficientes".

"Dicen que se habian agotado todas las instancias, pero eso es mentira. Antes no hubo ninguna conciliación", explica la vocera.

El secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, dijo: “durante los últimos meses verificamos la situación y nos dimos cuenta que había una situación de riesgo inminente para los ocupantes y las comunidades vecinas. Desafortunadamente han venido afectando el jarillón del río y durante los últimos meses no solo hemos identificado homicidios, sino microtráfico y en el proceso de caracterización encontramos personas con orden de captura”.

"Yo no sé por qué estan diciendo que aquí había un expendio de droga y que se vendía vicio. Nosotros sabemos que esto era una invasión y que no debíamos estar ahí, pero de allí a que digan que somos delincuentes. Eso no lo aceptamos", explica Jeimy Díaz.