El dolor por la minería ilegal en Riosucio

Rezando y tomados de la mano, tal y como lo hacían a diario antes de adentrarse en los oscuros socavones para buscar oro y ganarse 40.000 pesos al día, murieron la mayoría de los 16 trabajadores de las dos minas del Playón, ubicadas en el municipio de Riosucio.

El miércoles pasado estas minas fueron inundadas por el río Cauca cuando un corte de energía paró las motobombas y ventiladores. Quienes estaban al fondo del socavón murieron ahogados, mientras que los que estaban más arriba lograron salvarse y ayudar a algunos compañeros de faena. En las dos vetas laboraban a diario cerca de 60 personas, en su mayoría de los municipios de Marmato, Supía, Riosucio (Caldas) y Quinchía (Risaralda).

Los allegados de las víctimas soportaron temperaturas cercanas a los 30 grados a la espera del rescate de los cuerpos, que se retrasó varios días por el alto nivel de las aguas, el daño de equipos y problemas de erosión, que hacían inminente un nuevo derrumbe. En medio de la espera, los relatos de los familiares conocidos por los enviados de SEMANA son desgarradores. Alfonso Moreno, quien ayudó en las labores de rescate que se prolongaron hasta el fin de semana, dice que se salvó de morir porque el miércoles no lo encontraron para hacer el reemplazo de un trabajador que faltaba. “No era mi día, pero es muy duro tener que sacar y reconocer los cuerpos de personas con las que compartí muchos días dentro de los socavones”.

Fidel Hernández, un humilde campesino de 84 años del corregimiento de Irra, en Quinchía, llora a sus hijos José Rubiel y Alejandro, así como a su sobrino Gilberto de Jesús, quienes trabajaban en las minas por necesidad. Mientras espera los cuerpos, reconoce que ellos terminaron allí por falta de oportunidades laborales. Iban con desgano y tristeza a las minas. Otros admiten que sus parientes murieron en su ley, como Aldemar Hernández, ingeniero civil, quien perdió a su hermano y un primo.

Tras la tragedia, la Agencia Nacional de Minería explicó que el propietario de las dos minas, Leonardo Echeverry, había presentado una solicitud de licencia de explotación, que aún no se ha resuelto. Sin embargo, estaba operando. La entidad tramita 3.000 peticiones y solicitudes más en varias regiones del país.

De tiempo atrás el gobernador de Caldas, Julián Gutiérrez Botero, había reclamado al gobierno central apoyo en el trámite de licencias, si se tiene en cuenta el aumento de la minería artesanal e ilegal en Riosucio y Supía. Por su parte, el presidente de la Federación de Mineros de Caldas, Jhony Garcés, admite la compleja situación y dice que en el departamento hay cerca de 50 minas artesanales –mas no ilegales–, al endilgar la responsabilidad de lo ocurrido a la falta de apoyo del gobierno y a los excesivos trámites para ejercer la minería.

El propietario, conocido como Leo, dijo que, más que la ilegalidad, lo que originó la muerte de los operarios fue el corte del servicio de la Central Hidroeléctrica de Caldas, que hace parte del grupo EPM. No obstante, la subgerente de distribución, Marta Libia Castaño, dijo a SEMANA que a esta mina, al no ser un usuario directo y registrado, era imposible que se le suspendiera el servicio. Para la empresa, el accidente se originó en una sobrecarga por el uso indebido del sistema.

Las autoridades judiciales  investigan a los representantes legales de la mina por delitos relacionados con el robo de energía y por conexión fraudulenta. Hace varios meses fueron requeridos por una Fiscalía en Supía a una audiencia de conciliación a la que no asistieron. Según la empresa, entre Caldas y Risaralda funcionan 86 minas conectadas ilegalmente, que han sido denunciadas ante la Fiscalía. Pero ahora las responsabilidades incluyen homicidio.

Pasada la tragedia quedan las lecciones, el dolor y el drama de las familias afectadas, pero también la preocupación por la minería ilegal y artesanal que se sigue expandiendo, y puede ser semilla de otras tragedias.