‘El Dorado’ de la guerrilla en Timbiquí

Tanta fortuna le despertó la ambición. Abandonó su trabajo de transportista y ahora madruga todos los días a barequear, codo a codo con otros 3.000 colombianos, que explotan unas 20 minas ilegales. Cada uno levanta unos 3 millones de pesos mensuales en promedio, según cálculos de los propios mineros.

Ni a Silva ni a nadie lo dejan estar en el río cuando los mineros pudientes ponen sus retroexcavadoras a escarbar el lecho. En 2010, justo después de que las autoridades expulsaran las 220 dragas y 286 retroexcavadoras que arrasaban con el río Dagua en Buenaventura, algunos de sus dueños aprovecharon que ya existía Asosantimar, una asociación minera en el corregimiento Santa María, sobre el río Timbiquí, y la usaron para poner a trabajar cuatro dragas. Hoy tienen 80. 

Por eso, Silva y los demás mineros de a pie tienen que esperar cerca de diez horas, hasta que llegue ‘la hora feliz’, como llaman allá a la tregua de 60 minutos que dan los que mandan para que mujeres y hombres, por separado, puedan entrar a barequear.

“Hay días con tanta gente que para sacarlos deben hacer disparos al aire” dijo el lanchero que sueña con recolectar suficiente oro para cumplir el anhelo de todo timbiqueño: hacerse a una casa propia.

Lo que Silva –quien teme hasta que se conozca su nombre real– no se atreve a contar es que todo allí es manejado por la guerrilla. La misma que en los últimos años ha resistido los embates del paramilitarismo y de bandas criminales como los Rastrojos, y que defiende el control de su territorio en pie de guerra. Por eso, cuando este reportero quiso ir hasta Santa María, a tres horas de viaje en bote río arriba donde quedan las minas, no hubo lancheros ni autoridades locales que se arriesgaran a llevarlo. 

Las Farc están tan incrustadas en el negocio del oro de Timbiquí que cumplen funciones estatales, aseguraron dos fuentes distintas a SEMANA. Los jefes de los frentes 29 y 30 vigilan cuánto se produce a diario, regulan el precio que deben pagar por el oro las cuatro compradoras locales (quizás hay más, pero estas son las conocidas), y registran las entradas en efectivo. 

Luego, en reuniones con la comunidad ante quienes los armados hacen una especie de rendición de cuentas, les asignan un 14 por ciento de las ventas a los dueños de las tierras donde se explota el oro, y otro 2 por ciento a ciertos Consejos Comunitarios –que son las organizaciones de base de los grupos afro– para que lo inviertan en obras, acueductos o pavimentación de vías. No todos los Consejos son invitados a la repartición. Fuentes diversas coinciden en que ningún ente público controla esas inversiones. 

No es claro qué porcentaje se llevan los armados, pero según las sumas que presenta la misma guerrilla ante la gente, es una pequeña fortuna. La minería ilegal en Timbiquí saca, cada mes, un promedio de 60 kilogramos de oro, es decir unos 720 kilos, en el último año. (Las cuentas oficiales del Sistema Minero Colombiano registran una cifra más alta para Timbiquí: de 879 kilos en 2011 y de 947 kilos hasta septiembre de 2012).

Allá lo pagan a 76.000 pesos el gramo. Eso quiere decir que por cuenta del oro venden casi 55.000 millones de pesos al año, un negocio enorme para un municipio que apenas tiene 17.000 millones de pesos de presupuesto para 2013. El contraste con la regalías mineras oficiales es considerable. En 2011 recibió 1.076 millones por ese concepto.

Pero la danza de los millones es un espejismo. Quién sabe qué porcentaje va a dar a la guerra. El río, contaminado y sacado de curso por las excavaciones, se está quedando sin sábalo, guacuco, mojarra, barbudo ni camarón. La selva de árboles de chaquiros, guayacanes, chimbuza, hijuanegro y chamul desaparece, y con ella, la guaga, el conejo, el guatin y el venado, cuenta un líder ambiental. El agua del acueducto es dañina, nadie la bebe. Los apacibles ranchos tradicionales y ecológicos de madera nativa, están siendo reemplazados por casas calurosas de cemento y ladrillo. “Sienten que tienen mucha plata, pero en realidad están más pobres que antes”, dijo un abogado local. Todo subió de precio, sobre todo cuando falta la comida que antes abundaba gratis en el río y en el monte.

La codicia por el oro está tan descontrolada, que un dueño de cuatro retroexcavadoras sobre el río Saija, otro afluente de Timbiquí rico en oro, se dio el lujo de pescar con dinamita, para alimentar a su pelotón de trabajadores, “A partir de ese día se acabó la cosecha de peces y las familias río abajo se quedaron sin su sustento”, dijo un dirigente comunitario, que como todos los demás, no quiere ser citado por nombre.

Cómo habrá golpeado a Timbiquí la minería en los últimos dos años, que muchos añoran el tiempo en que se vivía de la coca. “Era otra plaga, pero al menos no estaba monopolizada, daba más trabajo a las familias y el impacto ambiental y social era menor”, explicó el líder social. 

La minería desbocada es también más peligrosa que sembrar matas de coca. Los accidentes son cosa de todos los días y la gente debe asumir sus propios gastos médicos porque nadie, por supuesto, cuenta con seguridad social. Algunos escasamente tienen Sisben. “En mi caso tuve que sacar un millón de pesos solo para el transporte hasta Buenaventura, donde me salvaron la pierna que casi pierdo porque me cayó una roca”, explicó un barequero accidentado.

Los viejos se quejan de que los jóvenes ya no quieren cultivar. El oro le añadió quilates a la coca que ya había prendido la guerra en esa población pobrísima desde hace tiempo. Por eso, pese a que el pueblo cuenta con una estación de Policía y patrullajes de la Armada, cunde la violencia. Solo en 2012 hubo 11 asesinatos, dos desapariciones forzadas, tres desplazamientos masivos y 14 hostigamientos de la guerrilla.

El alcalde, Víctor Amú Sinisterra, gobierna en medio de amenazas y además debe cargar con el lastre de ser primo hermano del polémico timbiqueño, el exsenador Juan Carlos Martínez, condenado por parapolítica e investigado por narcotráfico.

La gente otrora tranquila de este municipio aguanta en silencio un régimen de terror. El 28 de octubre pasado, a plena luz del día, asesinaron a balazos a un hombre, al que luego descuartizaron y arrojaron al río. “¿Cómo es que nadie se atreve a señalar al homicida?”, se preguntó un funcionario municipal.

En una comunidad aislada, rota por la pobreza extrema y por la inoperancia de años de los gobiernos –y donde además el Estado nunca regularizó ni legalizó a los mineros tradicionales– los armados imponen su autoridad con facilidad. También es probable que, ante la ilusión de toparse con una nueva vida en una tarde, gente como José Silva siga persiguiendo su dorado, aunque en el intento se quede sin futuro.