El ‘dossier’ secreto de los falsos positivos

En octubre pasado, cuando el presidente Álvaro Uribe conoció la investigación interna que había hecho el Ministerio de Defensa sobre falsos positivos, se puso pálido y se desplomó en una silla de su despacho. No era para menos. Los detalles sobre cada una de las muertes eran escabrosos y reveladores. "Yo he pedido resultados, no crímenes", dijo en ese momento, y tomó la decisión de destituir a 27 militares, muchos de ellos de alto rango. El informe de 70 páginas que tenía en sus manos documenta en detalle por lo menos 17 casos de posibles homicidios cometidos por batallones y brigadas que prácticamente estaban al garete.

El primer caso, y uno de los que los investigadores describen con más detalles, es el del señor Aycardo Antonio Ortiz, un campesino de 67 años que vivía en una humilde vivienda de madera en una vereda de Yondó, Antioquia, y a quien el 8 de julio pasado las tropas del Batallón Calibío, de la Brigada XIV, habían reportado como guerrillero muerto en combate. Según el Ejército, el hombre portaba un revólver calibre 38, una granada de mano, un radio, dos metros de mecha lenta y un pantalón camuflado. Elementos que aparecen en casi todos los casos de falsos positivos de forma recurrente y que de manera cínica algunos llaman "kit de legalizaciones".

La versión dada por el entonces comandante del Batallón, teniente coronel Wilson Ramírez Cedeño, es que un desmovilizado les había dado la información de que Aycardo pertenecía a las Farc, en donde usaba el alias de 'Murciélago', y que cuando intentaron rodear su casa fueron atacados desde adentro con disparos, por lo que los soldados respondieron. Instalaron una ametralladora e iniciaron un combate en el que murió el presunto guerrillero. Ramírez dijo además que en la zona habían encontrado un campamento y una zona minada.

La comisión, al revisar documentos y evidencias técnicas recogidas en el terreno, pudo comprobar que la víctima era un conocido campesino de la zona, que nunca existió el desmovilizado mencionado por los militares, que la orden de operaciones se firmó el mismo día en el que ocurrió el homicidio -posiblemente después de su ocurrencia- y que jamás hubo informes de inteligencia que hablaran sobre alias 'Murciélago'. Como si fuera poco, que nunca hubo disparos de ametralladora contra la casa, ni campos minados, ni campamentos.

El caso de Aycardo Ortiz mostró hasta qué punto de degradación pudieron haber llegado porque el hijo de la víctima era un soldado campesino que había hecho parte del batallón que mató a su padre y, paradójicamente, tenía información de varias "legalizaciones" de personas asesinadas y presentadas como bajas en combate. El soldado le contó a un organismo internacional de derechos humanos cómo funcionaba el sistema de los falsos positivos en esa unidad y se convirtió en uno de los testigos clave de la Fiscalía dentro de la investigación.

Además del caso de Aycardo Ortiz, hay otros cinco casos, en la misma zona, atribuidos al mismo batallón. Un desmovilizado que vive en Yondó y que actúa como informante del Ejército también les contó a los investigadores cómo el capitán Javier Alarcón, quien era jefe de inteligencia de este batallón, consiguió un revólver 38 largo, de cacha ortopédica, para legalizar las muertes de dos jóvenes que aparecieron muertos cerca de una laguna.

Otro escandaloso episodio involucra al Batallón Bomboná, que actúa en el Magdalena Medio antioqueño. Se trata del testimonio escalofriante de un joven informante de ese batallón en Puerto Berrío, quien asegura que en enero de 2008 el soldado Amílkar Hernández le pidió que consiguiera un amigo y se fueran para una misión en el municipio de Vegachí. El joven fue hasta la casa de su amigo Johny Alexander Barbosa, a quien todos le decían la 'Tortuga' porque era lento y un tanto perezoso. Éste dudó mucho en salir de su casa, pero al final aceptó la invitación y se fueron todos en sendas motos. Amílkar y el joven informante durmieron esa noche en el batallón, pero la 'Tortuga' nunca llegó. Al día siguiente apareció muerto y fue presentado como un guerrillero muerto en combate. Según el joven informante, que ahora también es testigo de la justicia, el soldado Amílkar traía indigentes desde Medellín para asesinarlos y hacerlos pasar como bajas en combate.

La comisión investigadora verificó 46 operaciones sospechosas de este batallón ocurridas en los últimos dos años. En todas ellas había irregularidades como la ausencia de inteligencia que permitiera saber el objetivo de la operación, ni claridad sobre quién ordenó la tarea. Pero lo más revelador es que hay un patrón de comportamiento. En seis episodios idénticos se reporta un N. N. muerto en combate al que se le incautó un revólver o pistola, mientras los soldados que le dieron de baja dicen haber gastado 650 balas de fusil, ocho granadas de mano y cuatro granadas de mortero. Los investigadores cuestionan la existencia de estos combates y creen que hay indicios de que se usaron como pretexto para legalizar la munición que algunos soldados se roban y revenden en el mercado negro, tanto a la guerrilla como a las bandas criminales.

No sólo los encargados de estos batallones fueron destituidos. También el coronel Barrera, comandante de la XIV Brigada, pues la falta de control sobre las unidades militares de esta brigada era tal, que aunque estos eran casos reiterados, nunca se hizo una revisión de lo que ocurría. Cuando los soldados mataron a Aycardo Ortiz, la vereda entera se amotinó contra el Ejército en un hecho que fue conocido en toda la región. Pero Barrera no investigó el episodio.

El desgreño también le costó la salida al general Roberto Pico Hernández, jefe de la VII División, quien era el superior inmediato del coronel Barrera. Porque en la guerra los errores administrativos o de falta de supervisión se convierten en un grave riesgo para vidas humanas.

Algo similar le ocurrió al general José Joaquín Cortés, que comandaba la Segunda División, donde actuaban la Brigada 30, bajo el mando del general Paulino Coronado, y la brigada móvil 15, a cargo del coronel Rubén Darío Castro, que actúan en la provincia de Ocaña. Justo donde aparecieron como dados de baja en combate los 11 muchachos que habían desaparecido en Soacha. Lo más grave es que la División no inspeccionó a las brigadas en los últimos dos años ni una sola vez, a pesar de que había insistentes denuncias sobre homicidios fuera de combate en todas ellas.

La comisión examinó los documentos que soportaban las operaciones en las que murieron los 11 muchachos. A pesar de que casi todos ellos fueron reportados como miembros de bandas criminales, los investigadores se sorprendieron al encontrar que las secciones de inteligencia de estas brigadas no tenían información sobre estas bandas, ni sus organigramas. Apenas datos genéricos. Los oficiales no pudieron responder por el nombre ni el alias de ningún miembro de estas agrupaciones, ni su ubicación, ni modos de actuar. Resulta inexplicable que se planearan operaciones sin tener un objetivo claro. Los soldados salían sin saber a dónde iban, con quién iban a combatir, cuándo sería la operación ni para qué, y sin embargo, regresaban con N. N. muertos que engrosaban resultados operacionales que luego eran elogiados por sus superiores.

De hecho, la Fiscalía tiene dos militares como testigos protegidos que han contado con detalle cómo funcionaban las cosas en Ocaña. Uno de ellos explica que existía un grupo de soldados privilegiados que mantenían dinero en sus bolsillos, nunca eran enviados a patrullar a las zonas más selváticas y eran los hombres de confianza de algunos oficiales de la Brigada móvil XV. Según estos testigos, ese grupito era el encargado de planear los falsos positivos, que se volvieron algo común y corriente en esa guarnición. Después de la destitución de los militares, en Ocaña hubo toda clase de intentos por encubrir las irregularidades. En el Batallón Santander, adscrito a la Brigada 30, la Contraloría encontró que se alteraron los libros donde se registran los gastos reservados, usados para pagar informantes y recompensas. La próxima semana se conocerá un informe completo donde se documentan nueve hallazgos concretos sobre irregularidades de este tipo y que complicarán aun más la situación de los oficiales destituidos. Tan grave sería la situación de la Brigada Móvil 15 de esta unidad, que el alto mando militar decidió acabar con ella, enviar los soldados a otras regiones y constituir una nueva brigada móvil, la número 23, que se encargue de recuperar la confianza de la población en las Fuerzas Armadas en esa golpeada zona.

Hay que aclarar que la comisión del Ministerio de Defensa no hizo una investigación criminal. Este fue un grupo transitorio, liderado por el general Carlos Arturo Suárez, para saber qué había ocurrido realmente. Lo que encontraron es que el desgreño y la negligencia de muchos comandantes les facilitó la tarea a los criminales. Y aunque muchos oficiales en retiro y activos han intentado convencer al presidente Álvaro Uribe de que se apresuró al destituir a los 27 militares, y le han hecho dudar de si tal vez cometió una injusticia con muchos de los llamados héroes de la patria, el informe muestra problemas más profundos que la simple omisión de un puñado de oficiales.

A los crímenes de lesa humanidad que eventualmente se hayan podido cometer, se les agrega la evidente corrupción en muchos niveles. Por ejemplo, en el informe queda claro que hay una vena rota en la pérdida de munición. Es obvio que por esta vía se está alimentando un mercado negro del que se benefician, irónicamente, los grupos armados que el Ejército combate.

Por otro lado, el informe muestra que el afán de resultados ha hecho que los altos oficiales no se interesen en averiguar cómo se obtienen las bajas. Había muy poco control y siempre se desestimaron las denuncias sobre ejecuciones, con el argumento de que era una guerra "jurídica" de la guerrilla contra las Fuerzas Armadas. Un buen ejemplo de esta negligencia es el trato que recibió el sargento Alexánder Rodríguez, quien hace un año denunció ante la justicia los homicidios que estaba cometiendo la Brigada Móvil XV, de la que él hizo parte. Tres días después de radicar su denuncia, el entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya, lo retiró de la institución, mientras al comandante de dicha Brigada, coronel Santiago Herrera, lo nombró su ayudante personal. En menos de un año Montoya mismo tuvo que destituir a su hombre de confianza por el caso de los jóvenes de Soacha. Quizá si en su momento hubiese escuchado al sargento Rodríguez, se habrían ahorrado muchas muertes.

Lo grave es que aunque el informe se centra en los casos antes descritos, el problema se presenta en muchas más brigadas. La semana pasada fueron destituídos 10 oficiales del Batallón La Popa de Valledupar, donde una nueva misión del general Suárez mostró un panorama similar. Y la decisión del ministro Juan Manuel Santos y del general Freddy Padilla de León es llegar al fondo del problema y acabar con esta práctica infame. Ya se están aplicando correctivos. En 2008 hubo 40 denuncias por falsos positivos. Una cifra mucho más baja que las de años anteriores, pero demasiado alta para un país que se precia de ser una democracia y un Estado de Derecho.

Muchos militares ven con malos ojos esta tendencia de destituir a los militares antes de que la Fiscalía compruebe su responsabilidad penal, y más aun hacerlo en público. En diciembre pasado, los oficiales en retiro le advirtieron al Presidente que el Ejército estaba desmoralizado y que incluso sus miembros no estaban combatiendo por temor a terminar en la cárcel. Eso no es tan cierto. Según fuentes del Ejército, efectivamente han bajado las operaciones y las bajas, pero esto se debe justamente a que las Farc están debilitadas y a los cambios de comandancia en casi todas las unidades.

Pero, además de los problemas administrativos y de la falta de control, hay otros asuntos que merecen un revisión por parte de las Fuerzas Armadas. Muchos militares destituidos eran considerados los mejores del Ejército. Y eso plantea preguntas morales. Muchos de estos hombres han ido borrando las fronteras entre el bien y el mal. Algo que suele ocurrir en conflictos irregulares y prolongados, donde el riesgo de degradarse como ser humano es constante.

Además, existe un gran interrogante sobre la consolidación de la seguridad democrática. Es llamativo que casi todos los casos de falsos positivos se hayan presentado en zonas donde prácticamente no hay guerrilla. Hace seis años el país tenía grupos armados por todas partes. Hoy una gran porción de territorio está libre de ellos. Los propios militares dicen que 19 frentes de las Farc desaparecieron y que se acerca el "fin del fin". Tampoco hay claridad sobre la magnitud que tienen las bandas criminales. Pero a los batallones que están en zonas prácticamente liberadas les siguen midiendo el éxito por sus combates. Quizá por eso muchos han tenido la macabra idea de crear estos falsos positivos. Vale la pena preguntarse, como lo hizo recientemente el académico José Fernando Isaza en su columna de El Espectador, si ha llegado la hora, en muchos territorios, de fortalecer más a la Policía que al Ejército.

Del informe también se desprenden dos dilemas que las Fuerzas Armadas deben resolver en lo inmediato. Cómo combinar una estrategia de conflicto con las del posconflicto que viven zonas ya medianamente liberadas de guerrilla y grupos paramilitares. Y cómo construir una ética de los derechos humanos sin que se inmovilice la iniciativa de la guerra.

En todo caso, el documento deja claro que el gobierno al destituir a los militares tomó una decisión acorde con la gravedad de los hechos. Hasta ahora, en las filas militares se había pensado que las faltas administrativas eran apenas errores de forma, pero las evidencias demuestran que se pueden llegar a convertir en el talón de Aquiles para ganar la guerra porque atentan contra el alma de la legitimidad del Estado. Ello, independientemente de lo que determine la Fiscalía, que en los próximos días decidirá cuáles de todos estos oficiales actuaron como criminales.