El general en su laberinto

La semana pasada la embajada de Estados Unidos, con sede en Bogotá, inició las gestiones para solicitarle al juez de Estados Unidos, John Facciola, quien lleva el caso de la 'Operación Conquista' en una corte del Distrito de Columbia, Washington, la extradición del general retirado del Ejército Gabriel Díaz Ortiz. Si el juez encontrara méritos para responder a la petición sería una movida sin antecedentes en la historia colombiana por tratarse de un oficial de tan alto rango.

La gestión es la consecuencia de una serie de cuestionamientos de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) a las actividades del ex comandante de la II Brigada del Ejército, con sede en Barranquilla, luego de seguirle los pasos desde hace más de un año. La determinación de iniciar los trámites de extradición del alto oficial es un paso del escándalo que desató la revista Cambio con el general como protagonista.

La reacción de Díaz, quien la semana pasada sembró un manto de duda sobre las actuaciones de la DEA y de la Policía en operaciones contra el narcotráfico en la Costa Atlántica, terminó por sacar a la luz pública graves irregularidades y acusaciones mutuas.

Inicialmente las versiones periodísticas afirmaban que el retiro del Ejército del general Díaz era consecuencia de sus vínculos con el narcotráfico y la supuesta pérdida de cerca de dos toneladas de cocaína incautadas durante un operativo realizado en julio del año pasado. El cargamento habría sido devuelto a sus propietarios, presuntamente un grupo paramilitar. Indignado, el general Díaz no sólo sostuvo que el cargamento era de propiedad del frente 19 de las Farc sino que en una inesperada reacción retó y culpó directamente a la Policía: "Lo que pasó hay que preguntárselo al señor general Campo, director de la Policía, dijo. Creo que hay una investigación en la Policía Nacional, él sabrá cómo va eso", agregó.

Esas declaraciones fueron respaldadas por la cúpula militar. El comandante de las Fuerzas Militares, general Jorge Enrique Mora, sostuvo tajantemente que la información periodística era falsa. El comandante del Ejército, general Carlos Alberto Ospina, también reaccionó airadamente y afirmó que iba a instaurar una serie de demandas para rectificar la información. La ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, también le salió al paso al escándalo y no dudó en decir que el retiro del general era una facultad discrecional del gobierno, por lo que no tenía que explicar públicamente las causas de la decisión, y que además Díaz era una "buena persona" y un "buen oficial".

Aunque a principios de la semana anterior el director de la Policía había optado por el silencio luego decidió hablar: "Los casos que realizó la Policía el año pasado en Magdalena, Atlántico y Bolívar están registrados en las actas oficiales y fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes. En ninguno de esos tres departamentos se llevó a cabo un decomiso de dos toneladas de cocaína", dijo Campo ante las cámaras de televisión. El oficial fue más allá al revelar que el 23 de abril de 2003 el general Díaz habló con él. En la conversación le pidió ayuda para que "intercediera ante la DEA por unas sindicaciones que le estaban haciendo".

En la mira

Las sindicaciones a las que se refiere el general Campo se desprenden de la llamada 'Operación Conquista', en la que fueron capturadas 16 personas en el departamento de La Guajira, las ciudades de Barranquilla y Medellín y en la isla de San Andrés. Para las autoridades estadounidenses la operación era clave porque se trataba de desmantelar una de las redes más grandes de lavado de dinero y narcotráfíco y buscaba capturar, con fines de extradición, a los que consideraban como algunos de los 'peces gordos' de la Costa Atlántica. Entre ellos estaba nada más ni nada menos que Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, popularmente conocido como 'El hombre Marlboro'. Las otras 15 personas que fueron capturadas en la 'Operación Conquista' eran comerciantes de Maicao con edades que no superan los 44 años. Para la DEA y la Policía uno de los hombres clave era un libanés de 38 años que ha vivido más de la mitad de su vida en Maicao, La Guajira, en donde lo conocen como el 'Turco Alberto' . Su nombre es Ghassan Omar Fakih, y como casi todos los inmigrantes de Oriente Medio que han llegado a esa zona del país, se dedicó al comercio. Abrió un almacén de venta de porcelanas y cristalería en 1994 y cuatro años más tarde se asoció con uno de sus siete hermanos para abrir una sucursal en Barranquilla. Rápidamente su almacén, Cristaluz Center, fue ganando reputación en La Arenosa y se hizo muy popular entre la sociedad barranquillera. Uno de los asiduos visitantes era el comandante de la II Brigada del Ejército con sede en esa ciudad, el general Gabriel Díaz Ortiz. "Fui con mi esposa a uno de sus almacenes en Barranquilla y le compré una vajilla de dos millones de pesos. Nuestra relación era la que había entre un comerciante y un militar", dijo Díaz a SEMANA (ver recuadro).

Esa relación terminó por convertirse en parte de la pesadilla que hoy tiene al general Díaz en el ojo del huracán. Fuentes de la DEA y la Policía aseguran que entre el general y Fakih, y otros de los capturados en la 'Operación Conquista', había algo más que una relación entre "un comerciante y un militar". Más allá de videos y grabaciones que afirma tener la DEA del general en compañía de varios de los capturados, los agentes antinarcóticos han visitado a los detenidos de 'Conquista' indagando sobre algunas actividades del general, así como sus presuntos nexos con grupos paramilitares. Pero, ¿por qué la DEA insiste en acumular pruebas contra el general Díaz?

Aparte de la relación que haya tenido Díaz con los capturados en la 'Operación Conquista' la DEA tiene dudas sobre actuaciones anteriores del alto oficial. Concretamente quieren aclarar un episodio que ocurrió el 13 de julio de 2002 cuando hombres del Batallón Vergara y Velasco, con sede en Barranquilla, y el cual estaba bajo las órdenes del general Díaz, realizaron un allanamiento a una finca en inmediaciones del corregimiento de Puerto Velero. Allí encontraron una caleta con armas y droga. Los hombres del Ejército acordonaron el área y le informaron al general Díaz del hallazgo. Algunos miembros de la Policía que se enteraron del operativo también intentaron llegar hasta la zona, pero extrañamente los miembros del Ejército les impidieron acercarse hasta el lugar en donde estaba la caleta. Argumentaron que debían esperar a que arribaran los funcionarios de la Fiscalía, lo cual ocurrió varias horas más tarde. Como se reportó públicamente en su momento, el balance de ese operativo fue el hallazgo de 564 kilos de cocaína y 200 fusiles. Inicialmente se dijo que el cargamento pertenecía a un grupo paramilitar que opera en la zona. Sin embargo la DEA parece tener otro tipo de información. Según fuentes de esta agencia y de la Policía consultadas por SEMANA, en la caleta original había entre 1.500 y 2.000 kilos de cocaína y cerca de 2.000 armas.

El general Díaz consideró que la operación de Puerto Velero era un parte de victoria en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo no sospechaba que para la época del operativo los agentes de la DEA estaban siguiendo sus pasos como consecuencia de las investigaciones que se llevaban a cabo en la 'Operación Conquista'. Tampoco sospechaba que a raíz de los seguimientos los agentes tenían información que les permitía deducir que el resultado de la operación de Puerto Velero no era el reportado.

Los agentes de la DEA mantuvieron en completa reserva las investigaciones que adelantaban contra Díaz. Ese desconocimiento permitió que, sin pensarlo dos veces, y en vista de que la Brigada no podía pagarles a los informantes que le ayudaron para el operativo de Puerto Velero, el general Díaz recurriera, irónicamente, a la misma DEA en busca de apoyo económico para pagarles a los informantes.

Se comunicó, según reconoció el mismo general Díaz, con el coronel William Graves en la embajada de Estados Unidos, quien comisionó a los agentes Mike Marsat y Matthew Donahue para viajar a Barranquilla. Una vez en la sede de la II Brigada el general Díaz les presentó a los agentes a sus tres informantes estrella: los hermanos Luis Alfonso León Sánchez, alias 'Pompo'; Angel Guillermo León Sánchez, alias 'Chengue León' y Jaír Martínez Velázquez, alias 'El Gordo'. Los dos primeros eran señalados de pertenecer al cartel de la Costa y habían sido capturados a comienzos de los años 90 por la Fiscalía colombiana acusados de narcotráfico. Incluso 'Pompo' estuvo preso en Estados Unidos por tráfico de estupefacientes.

Las dudas

Después de la presentación de Díaz los informantes les dijeron a los agentes de la DEA que tenían otros datos importantes sobre la llegada a Barranquilla de un cargamento de dos toneladas de cocaína perteneciente al cartel del norte del Valle del Cauca. En esa reunión, a finales de julio, se acordó realizar un operativo para detener el alijo. Según el general Díaz iban a efectuar el operativo la DEA y el Ejército. El alto oficial, sin embargo, aclaró que no fue así. De acuerdo con las declaraciones del general los informantes comenzaron a trabajar con la DEA y el operativo sí se realizó pero no lo hizo el Ejército.

Según un informe de contrainteligencia de la Policía, al cual tuvo acceso SEMANA, la noche del viernes 23 de agosto un capitán de la Policía, acompañado de dos tenientes y varios agentes del Gaula y la Sijin del departamento del Atlántico, detuvieron una tractomula en los alrededores del barrio La Pradera, cerca de la carretera La Cordialidad, en Barranquilla. En su interior encontraron dos toneladas de cocaína.

El informe explica que los oficiales que se encargaron del operativo les pidieron a los dueños del cargamento 2.000 millones de pesos para no incautar la droga, cuyo valor en el mercado estadounidense es cercano a los 40 millones de dólares. Mientras los 'narcos' consiguieron el dinero el camión fue trasladado momentáneamente cerca de la sede de la Dijin en Barranquilla. Una vez se dio el pago de la extorsión el camión siguió su camino y los policías que participaron se dividieron los 2.000 millones de pesos. En esa repartición que, según los agentes de contrainteligencia, se hizo de acuerdo con el rango, varios de los policías quedaron inconformes y enviaron cartas anónimas a la Dirección General delatando a algunos de los partícipes del hecho.

Por orden de esta Dirección fueron designados varios oficiales para efectuar una investigación sobre los hechos, la cual terminó por corroborar que efectivamente habían ocurrido. Así está consignado en el informe confidencial de contrainteligencia de la Policía que conoció SEMANA.

"Informaciones obtenidas a través de una fuente de alta credibilidad indican que un personal entre oficiales, suboficiales y agentes adscritos al Gaula y la Sijin del Deata, el día viernes 23-08-02, en horas de la noche, interceptaron un vehículo tipo tractomula procedente del departamento del Valle del Cauca, el cual traía camuflada en su interior una cantidad indeterminada al parecer de cocaína?", afirma uno de los apartes del documento. "Adelantadas las respectivas labores de inteligencia se ha podido establecer que para el día 23-08-02 siendo las 20:00 horas? interceptaron una tractomula procedente del Departamento del Valle del Cauca, al practicar un registro al automotor hallaron en su interior dos mil (2.000) kilos de clorhidrato de cocaína", dice otro aparte del informe.

Un alto oficial de la institución informó que un mes después de este episodio, y con la investigación terminada, se reunió la junta de generales de la Policía. Allí se tomó la determinación de destituir a los 18 miembros de la institución, entre oficiales, suboficiales y agentes, que participaron en el caso de la tractomula. No obstante por trámites internos la destitución sólo se hizo efectiva cinco meses más tarde, el pasado 15 de marzo.

De otra parte, el destino de los informantes que suministraron los datos sobre el cargamento de dos toneladas fue trágico. Dos de ellos, el 'Chengue León' y 'El Gordo' fueron asesinados tres semanas más tarde. Sus cuerpos se encontraron con signos de tortura en la afueras de Barranquilla el 20 de septiembre. El tercer informante, Luis León, escribió una carta el 23 de septiembre a la procuraduría regional, en la cual solicitaba protección para su vida y afirmaba que tenía conocimiento que los autores de los asesinatos eran miembros de la Policía. León acudió a donde el general Díaz, quien le ofreció protección.

La fase final

Aunque el caso de la pérdida de las dos toneladas de la tractomula fue tratado con reserva por la Policía, muchos se enteraron de lo que había ocurrido. Uno de ellos fue el general Díaz Ortiz. Sin embargo, por discreción o por estrategia, durante varios meses guardó silencio sobre lo que sabía del caso de los policías y de la tractomula y del asesinato de los testigos. Mientras todo esto ocurría la 'Operación Conquista' estaba entrando en su fase final. Para finales de septiembre la corte del distrito de Columbia solicitó la captura con fines de extradición de Santander Lopesierra y 15 personas más. Esas capturas ocurrieron el 8 de octubre y tomaron por sorpresa al general Díaz, que hasta ese momento desconocía la existencia de la 'Operación Conquista' y descubrió que varios de los detenidos eran conocidos suyos, entre ellos su amigo Ghassan Omar Fakih.

Cuando se divulgaron públicamente los pormenores de la 'Operación Conquista' el general Díaz sospechó que podría resultar involucrado en el caso. Esa sospecha se fundamentaba esencialmente en que el oficial del Ejército se percató que estaba siendo seguido y filmado por miembros de la Policía y la DEA. Sus dudas sobre las intenciones de la agencia antidrogas quedaron plenamente despejadas el 7 de abril. Ese día la embajadora de Estados Unidos, Anne Patterson, envió una carta al presidente Alvaro Uribe y a la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, en la que les comunicaba que como resultado de las investigaciones adelantadas en desarrollo de 'Conquista' se había descubierto que el general Díaz tenía relaciones muy poco claras con sectores del narcotráfico y los paramilitares. El mensaje era claro: los estadounidenses estaban pidiendo la cabeza del general Díaz. El oficial se enteró de la carta de Patterson y el 10 de abril solicitó una audiencia con el presidente Uribe para explicarle su actuación en el caso, pero no fue atendido. Igual suerte corrió cuando acudió a la embajada de Estados Unidos en Bogotá y cuando intentó contactarse con los jefes de la DEA en Colombia.

El general Díaz sabía que su situación era bastante complicada y decidió entonces jugarse lo que para él era un 'as'. Acudió el 23 de abril a donde el director de la Policía, general Teodoro Campo, le pidió que lo ayudara con los agentes de la DEA y, de paso, le dejó saber que él estaba perfectamente enterado del episodio de los policías que dejaron pasar la tractomula con dos toneladas de cocaína y de la extraña muerte de los informantes. Dos semanas después el general Díaz coincidió con el general Campo en el Ministerio de Defensa y le preguntó sobre las gestiones que pudo haber realizado. El director de la Policía le respondió enfáticamente que no estableció nada sobre intervenciones policiales y que "en relación con los señores de la DEA, no tengo argumentos para ir a plantearles a ellos una defensa que no sé de qué se trata", recordó el general Campo que le había dicho entonces al general Díaz. Tres semanas después, el viernes 6 de junio y en horas de la noche, el presidente Uribe firmó el decreto ordenando la baja del general Díaz. El escándalo hasta ahora empieza. Por ahora lo que sí queda claro de todos estos hechos y declaraciones es que todavía hay muchos cabos sueltos en este caso.