El lado oscuro

Cuando Tommy Chui no se presentó a la grandiosa inauguración de la nueva boutique de su esposa en Singapur, el 29 de marzo de 1995, cundió la alarma a 2.500 kilómetros de distancia en Hong Kong. Tony Godfrey, director asistente de la Comisión Independiente de Hong Kong Contra la Corrupción, preocupado, envió in mediatamente dos investigadores a Singapur. Tres días más tarde trabajadores de los muelles encontraron el cuerpo hinchado de Chui, de 38 años, flotando en la bahía de Singapur. Había sido director de la distribuidora principal de cigarrillos de contrabando producidos por la British American Tobacco (BAT) hacia China y Taiwan.

Chui era el testigo estrella de los fiscales en una investigación sobre el contrabando internacional de tabaco iniciada en 1993 por la Comisión Independiente de Hong Kong Contra la Corrupción (Cicc). Estaba a punto de destapar una operación de contrabando por 1.200 millones de dólares destinada a China y Taiwan, implicando de paso a tres ex ejecutivos de la BAT en un escándalo de sobornos por 100 millones de dólares de Hong Kong. Adicionalmente, su testimonio era crucial para inculpar entre otros a miembros de la banda criminal más famosa de Asia, la Tríada.

El caso de Chui y de la masiva red de contrabando hacia China nutrida por la BAT revela el lado oscuro de un negocio de miles de millones de dólares fomentado por empresas internacionales y operado por el crimen organizado. Es cierto que se trata de uno de los ejemplos más sensacionales de la conexión de la industria tabacalera con el contrabando internacional y de sus vínculos con el crimen organizado, pero está lejos de ser un caso aislado.

Una investigación que tomó un año, conducida por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos —una organización del Centro para la Integridad Pública (CIP) de Washington, Estados Unidos— recogió documentos empresariales, registros judiciales e informes gubernamentales internos que demuestran que British American Tobacco, Philip Morris y R.J. Reynolds han coordinado redes de contrabando en algunos de estos países: Canadá, Colombia, China, el Sureste Asiático, Europa, el Medio Oriente, Africa y Estados Unidos como parte esencial de su estrategia de mercado destinada a aumentar sus utilidades. La investigación —que además incluyó la revisión de miles de páginas de documentos gubernamentales y empresariales, docenas de entrevistas con funcionarios judiciales y de policía, contrabandistas y otras fuentes de diversas partes del mundo— también reveló que funcionarios de estas tabacaleras, en algunos países, han trabajado de cerca con compañías e individuos conectados con el crimen organizado.

Sus documentos empresariales se refieren a este negocio de mercado negro como “impuesto no pagado”, mercados “paralelos”, “comercio general” o “tránsito”. Pero esos mismos documentos con frecuencia trazan una clara línea divisoria entre esta faceta del negocio y el comercio legal.

Las empresas han procurado evadir los crecientes impuestos —cuyo impacto sobre el precio es según los estudios la principal razón por la cual la mayoría de los consumidores abandona el cigarrillo— y también han buscado ganar una mayor participación en el mercado, mediante la oferta de marcas internacionales populares a precios competitivos en el mercado negro.

El resultado ha sido una evasión fiscal a escala global que ha menguado significativamente las tesorerías gubernamentales, especialmente en los países del Tercer Mundo. El contrabando de cigarrillos también ha impulsado el crimen internacional y el lavado de dinero hasta el punto de alarmar a un creciente número de autoridades policiales y judiciales en todo el planeta.

La mafia italiana en Europa Occidental, las bandas criminales de Europa Oriental, las Tríadas en Asia, los carteles de la droga en Colombia y las pandillas de motociclistas y la mafia norteamericana en Estados Unidos se han atrincherado en el negocio. Los distribuidores autorizados por los fabricantes les entregan a estas organizaciones del crimen miles de millones de cigarrillos en todo el mundo, con frecuencia a sabiendas de las empresas productoras.

Las principales compañías tabacaleras niegan vigorosamente y al unísono cualquier relación con el contrabando de sus productos. Además en un comunicado enviado al Centro que realizó la investigación, British American Tobacco, dijo también que no conocía evidencia alguna para “respaldar acusaciones de que algunos de nuestros empleados o distribuidores hayan trabajado con organizaciones criminales, ni con el crimen organizado”.



Las demandas

El contrabando masivo ha generado un creciente número de demandas judiciales. En el transcurso del año pasado Canadá, los gobernadores de 25 departamentos de Colombia y el alcalde de Bogotá, Ecuador y la Unión Europea presentaron en Estados Unidos, por separado cada uno, demandas por actividades económicas ilegales (raketeering) contra los gigantes del tabaco. Siete naciones —Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Finlandia— se han sumado desde entonces a la demanda presentada por la Unión Europea. Entre los cargos la Unión Europea acusa a las firmas tabacaleras de ayudar al contrabando y fomentarlo, participar en actividades del crimen organizado, desfalcar a los tesoros públicos en miles de millones de dólares, lavar dinero de la droga, y cometer fraude por telegrama y por carta.

Por otra parte, también se han multiplicado las investigaciones penales. En Estados Unidos, varios grandes jurados están examinando las acusaciones acerca de la participación de empresas tabacaleras en el contrabando de cigarrillos, entre ellos uno en Raleigh, Carolina del Norte, y otro en Nueva York. Una investigación promovida por varias agencias coordinadas desde Atlanta, también está examinando la posible participación de empresas legales en el contrabando de cigarrillos y en crímenes relacionados, como el lavado de dinero, según afirman fuentes del gobierno federal.

Canadá, Italia y Gran Bretaña también han emprendido sendas investigaciones por hechos delictivos.

De cualquier forma, si se exceptúa un caso ocurrido en Siracusa, Nueva York, en el cual una unidad de R.J. Reynolds denominada Northern Brands International se declaró culpable en 1998 de cargos relacionados con el contrabando de cigarrillos, el sector tabacalero no ha enfrentado un juicio penal por hechos delictivos.

No obstante, la creciente lista de demandas civiles podría resultar devastadora. Enfrentadas con la posibilidad de penalizaciones fuertes en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas o Influenciadas por Operaciones Ilícitas (Ley Rico) de Estados Unidos, las empresas tabacaleras están combatiendo vigorosamente las demandas. Ya han aparecido alegatos en el caso colombiano, de que Philip Morris está sesgando el proceso legal mediante amenazas y la destrucción de documentos. British American Tobacco ha sido acusada de tráfico de influencias mediante la contratación de políticos y de funcionarios públicos de Colombia como consultores por contrato.



Aruba, el eslabon colombiano

En el caso del contrabando de cigarrillos hacia Colombia, Aruba, esa isla paradisíaca a 20 millas de la costa norte de Venezuela, resultó ser eslabón clave. Por décadas de allí salía el 90 por ciento de cigarrillos vendidos en Colombia de manera ilegal, según estimativos de las autoridades colombianas. Los principales proveedores eran dos poderosas familias arubenses apellidadas Mansur y Harms.

Por más de 50 años, el principal distribuidor de Philip Morris en América Latina fue la Mansur Free Zone Trading Company, N.V. Entretanto, la British American Tobacco utilizaba los servicios de Roy Harms Romar Free Trade Zone Trading Co., N.V., como distribuidor para algunas partes de América Latina. Y RJ Reynolds trabajó con su primo Bryan Harms, también vinculado a un caso de contrabando en Canadá.

En agosto de 1994 Estados Unidos formuló cargos contra los primos Eric y Alex Mansur, junto con otras 52 personas supuestamente involucradas en una masiva empresa de lavado de dinero. La investigación, bautizada ‘Golden Trash’ (Operación Basura Dorada), estaba dirigida a detectar y documentar una presunta conspiración que utilizaba narcodólares para comprar cigarrillos, licores y electrodomésticos que les eran vendidos a individuos y a empresas en Colombia. Los ingresos les eran entregados a los magnates de la cocaína.

Los primos Mansur fueron extraditados a Puerto Rico en marzo de 1998. Luego de entregar un depósito de un millón de dólares y de pasar varios años bajo fianza viajando entre Miami y Puerto Rico, les fue permitido regresar a Aruba en octubre pasado.

Según la demanda civil presentada el año pasado contra BAT y Philip Morris por los gobernadores colombianos, esta última empresa sabía que dichos agentes y distribuidores habían sido investigados y/o formalmente acusados por Estados Unidos por lavado de dinero. La demanda afirma que, sin embargo, cuando Philip Morris supo que sus distribuidores estaban siendo acusados de lavado de dinero, no suspendió su relación comercial con ellos. “En cambio, estableció una ruta secreta y tortuosa para venderles sus cigarrillos a esas entidades sin ser detectada por los agentes de la ley”, dicen los demandantes.

Mediante este sistema digno de una novela de espías, prosigue la demanda, los clientes tenían que solicitar los despachos por teléfono a través de oficinas remotas, entre las cuales había una en Uruguay. Los clientes recibían entonces instrucciones de pagarle los embarques a Maraval AG, una compañía con sede en Basilea, Suiza.

La demanda afirma que la entrega era organizada luego por una segunda empresa suiza llamada Weitnauer, una compañía de multimillonarias operaciones de transporte global y ventas al detal que negocia con bienes como tabaco, licores y joyería, y posee tiendas duty free en Norteamérica.

Documentos de la Philip Morris fechados en enero de 1993 identifican a Weitnauer como un cliente suyo que negocia en ‘mercados DF’, aparentemente refiriéndose a los duty free. Thompson, el gerente de ventas de R.J. Reynolds que fue hallado culpable de contrabando, dijo que Weitnauer era “uno de los clientes más utilizados para servir el mercado negro de la frontera sur. Se les brinda apoyo financiero para que pasen la frontera bajo la apariencia de un negocio duty free normal”.

Antes de 1997, según reza la demanda, los cigarrillos eran despachados directamente por la planta de Philip Morris en Richmond, Virginia. Después de ese año, Philip Morris cambió de itinerarios y empezó a despachar primero a Bélgica, donde la propiedad le era transferida a Weitnauer. Y asegura que desde allí eran enviados a las zonas libres de Aruba o de Panamá a los negocios operados por los Mansur, y de allí a la zona aduanera especial colombiana de Maicao, muy cerca de la frontera venezolana.

La demanda sostiene también que esa tortuosa ruta de despacho estaba concebida para distanciar a Philip Morris del negocio de contrabando hacia Colombia y dificultarles a los investigadores la diferenciación entre ventas legítimas y ventas para contrabando. Por ejemplo, una factura de noviembre 3 de 1998 conseguida por el CIP muestra que la suiza Maraval AG le está cobrando a una empresa panameña de los Mansur llamada Marlex, S.A., 494.648 dólares por concepto de cigarrillos Philip Morris fabricados en Estados Unidos.

La demanda acusa, así mismo, a Philip Morris de venderles tabaco a los contrabandistas para pago con narcodólares en una figura que usualmente se denomina operación del “mercado negro de cambio del peso”. La demanda sostiene que empleados de Philip Morris viajaron a Colombia y entraron ilegalmente a dicho país, “pagando sobornos para asegurarse de que sus pasaportes no fueran sellados y que así no quedara rastro de su ingreso a Colombia”. Y que dichos empleados se hallaban en Colombia cuando sus distribuidores recibieron “grandes sumas de dinero”. El efectivo fue entonces contrabandeado fuera de Colombia hacia Venezuela y depositado en bancos para luego ser transferido a las arcas de Philip Morris, argumentan los demandantes.

Uno de los principales distribuidores de Philip Morris en Colombia era Santander Lopesierra, ex senador por el Partido Liberal. Apodado ‘El Hombre Marlboro’, Lopesierra es mencionado en un testimonio presentado ante una corte federal de Estados Unidos en relación con la acusación hecha a Mansur por lavado de dinero. En dicho testimonio, un agente del FBI que trabaja encubierto dice que Jaime Tovar, una de las personas inicialmente acusadas en el caso Mansur, le informó que Lopesierra participaba en un plan para lavar narcodólares comprando mercancías que luego embarcaban a Colombia.

“Lopesierra le dijo a Tovar que estaba vinculado al sistema de pool para el tráfico de drogas, mediante el cual combinaba sus cargamentos con los de otros negociantes en droga, para formar un solo embarque grande destinado a Estados Unidos o Puerto Rico”, dijo el agente Sergio Siberio en su testimonio de 1997, que respaldó la extradición de los Mansur de Aruba a Puerto Rico. “Traficantes individuales de Estados Unidos recibían la droga y la vendían, obteniendo dinero norteamericano. Los traficantes entregaban luego el efectivo a intermediarios aprobados por los narcotraficantes, para que lo convirtieran en el equivalente norteamericano de cheques de gerencia girados a favor de firmas comerciales de propiedad de Lopesierra y de los Mansur”.

Copias de cheques cancelados —girados a favor de empresas de propiedad de Mansur, depositados en el Interbank Aruba, N.V., banco de propiedad de Mansur, y presentados como prueba en la demanda colombiana contra las tabacaleras— demuestran, según concepto de los abogados demandantes, el circuito en el cual el narcodinero es lavado mediante compras de cigarrillos.

Documentos internos de Philip Morris publicados durante los litigios de finales de los 90, incluyen recortes de prensa que describen a Lopesierra como un contrabandista y como ‘El Hombre Marlboro’. Lopesierra también es mencionado en un documento de Philip Morris fechado en 1991 (el Plan Estratégico 1991-1993 de Philip Morris International para el Area Latinoamericana) como uno de los Clientes Exentos de Impuestos, junto con Mansur Trading y otros.

Los nombres de Mansur y Lopesierra también salieron a flote en los escándalos de financiación de la campaña electoral del ex presidente colombiano Ernesto Samper. En la famosa conversación publicada por SEMANA en agosto de 1995 entre la ‘Monita retrechera’, Elizabeth Montoya de Sarria, y el entonces candidato presidencial Ernesto Samper, ella insistió en que él debía entrevistarse personalmente con “la gente de Philip Morris” a quien identificó más adelante como “los presidentes de Interbank”.

A la fecha no hay procesos formales contra Lopesierra por contrabando o lavado de dinero en Colombia, según dijo una fuente de la Fiscalía General de la Nación hablando bajo condición de anonimato.

Philip Morris International le dijo al CIP en enero de 2000, que Philip Morris había suspendido todos los vínculos de negocios con los Mansur en 1998. Sin embargo los Mansur poseen en Aruba una empresa llamada Superior Tobacco Co., N.V., que fabrica cigarrillos Marlboro Red y Marlboro 100, de acuerdo con un empleado de Superior. Documentos internos de Philip Morris muestran que Superior Tobacco adquirió una licencia de Philip Morris en junio de 1966. Un informe trimestral a los directores de las compañías Philip Morris de marzo de 1996, menciona a Superior Tobacco Co., N.V., de Aruba como concesionaria. Además, según el número de marzo de 2000 del Tobacco Reporter, una revista informativa acerca del sector tabacalero, Superior Tobacco aún tenía un convenio que le otorgaba una licencia de Philip Morris. Los registros comerciales de la empresa en la Cámara de Comercio de Aruba muestran que los siete miembros de la junta directiva de Superior son miembros de la familia Mansur. Los Mansur también son propietarios de la Superior Tobacco Company en la vecina Curaçao.

Bajo los términos que modificaron el 11 de octubre de 2000 la orden de fianza, los primos Mansur recibieron permiso para regresar a Aruba a vivir con sus familias y trabajar como gerentes de ventas para Universal Brands, empresa que está identificada en los documentos de la corte como una compañía de importaciones y exportaciones con oficinas en Aruba. Universal Brands tiene su sede en Curaçao y está registrada como vendedora al detal de productos tabacaleros. Una fuente de la Dian le dijo al CIP que Universal Brands exportaba en el año 2000 cigarrillos fabricados en Colombia hacia Curaçao. Dichos cigarrillos, de marca Universal, han aparecido en el mercado negro venezolano.

El CIP envió un cuestionario para conocer las opiniones de la compañía matriz de la Philip Morris acerca de todas estas acusaciones, y otras en los casos en otros países, pero al cierre de la edición no había obtenido respuesta.



Plan de gestión

Las acusaciones de contrabando, lavado de dinero, soborno y entrada ilegal a Colombia, proferidas contra empleados de British American Tobacco son similares a las que se han levantado contra la Philip Morris.

Abogados de los gobernadores colombianos cuyos departamentos perciben ingresos de los impuestos a las ventas de cigarrillos, afirman en su demanda que British American Tobacco estaba perfectamente al tanto de que prácticamente todos los cigarrillos que pasaban a través de su distribuidora Romar Free Zone Trading, manejada por Roy Harms, Jr., en Aruba estaban siendo contrabandeados.

“British American convirtió esos cigarrillos de contrabando en parte de su plan de gestión”, afirma la demanda. La investigación del CIP mostró que los ejecutivos de Romar fueron invitados por British American Tobacco a un lujoso hotel en el área de Knightsbridge en Londres y a partidos de tenis en Wimbledon.

Además, dice la demanda, empleados de British American Tobacco viajaban a Maicao, y “trataban directamente con contrabandistas de cigarrillos, atendían reclamos de clientes relacionados con demoras en la entrega de mercancía y promovían las ventas de nuevos productos”.

Luego procede a denunciar que había empleados de BAT presentes cuando grandes sumas en efectivo, hasta de un millón de dólares, fueron recibidas por los distribuidores. En algunos casos recibieron efectivo preempacado y cubierto con talco. “Esta era la forma en que los narcotraficantes empacaban y transferían usualmente grandes cantidades de efectivo con el fin de evitar que el olor de los narcóticos en los billetes fuera detectado”, dice el texto de la demanda.

Los distribuidores y los empleados de British American Tobacco llevaban entonces el efectivo en automóvil a Venezuela para ser depositado en bancos venezolanos a cambio de cheques de gerencia. Los cheques eran llevados luego a bancos en Miami o en el Caribe y, desde allí, el dinero era transferido a cuentas de British American Tobacco en Louisville, Kentucky, o en el Reino Unido, afirma la demanda.

Documentos internos de British American Tobacco indican que la empresa sabía, desde 1991, que existía la posibilidad de que narcodineros estuvieran siendo utilizados para comprar sus productos como parte de un proceso de lavado de dinero.

En un memorando fechado el 15 de enero de 1991 y marcado como secreto dirigido por el director regional para América Latina, Peter Hazel, al presidente de la junta directiva de British American, Barry Bramley, y que está relacionado con su viaje a Aruba, Hazel decía que se había entrevistado con Harms para discutir el creciente flujo de negocios que estaba realizando para Bigott, la filial venezolana de British American Tobacco.

Hazel afirmó luego que Harms le había dado “claridad” acerca de “un negocio bastante oscuro... siendo el hecho de que podría estarse utilizando dinero del narcotráfico”.

El 8 de marzo de 1995 Keith Dunt, el entonces director regional de British American Tobacco para América Latina, recibió un e-mail despachado desde la oficina local de British American en que se mencionaba la “dificultad que había tenido para obtener $ ‘ limpio’ ” en enero la filial venezolana de British American. “En diciembre fue necesario bajar el precio de 125 dólares por caja a 86 dólares por caja, es decir, en línea con los precios de Belmont HL (de manera que Romar pudiera vender a 106 dólares la caja y recibir $ ‘limpios’ )”.

Inclusive a pesar de que las importaciones ilegales de cigarrillos hacia Colombia han ido declinando debido a una mejor acción de las autoridades, la Dian, con el apoyo de la Armada, continúa decomisando grandes cantidades de cigarrillos de contrabando. Y eso, aun después de que las tabacaleras Philip Morris y British American Tobacco han firmado acuerdos con el gobierno colombiano en los que se comprometen a hacer todo cuanto esté en su poder para detener el tráfico ilegal de cigarrillos.

La suerte de las demandas de los gobernadores colombianos y de los otros gobiernos, incluidos varios de la Unión Europea, contribuirá a esclarecer si estas empresas tabacaleras realmente han sido y siguen siendo ajenas al contrabando y el lavado de dinero, como lo sostienen hasta hoy, o si, por el contrario, como lo afirman los demandantes y lo sugiere la información recogida por esta investigación, las sospechas de que los propician son verdaderas.