El león herido

El jueves de la semana pasada, a la una de la tarde, había mucha gente importante llegando al Gun Club de Bogotá. El motivo era una invitación de Hernán Echavarría Olózaga, quien puede ser considerado el empresario más respetado del país. A sus 91 años el patriarca del sector privado colombiano decidió que la patria lo llamaba a librar una nueva batalla: la defensa de Fernando Londoño Hoyos. Dada la gravedad de la coyuntura histórica Echavarría considera que el designado ministro de Interior y Justicia es el colombiano más calificado para sacar al país de la encrucijada. No fue muy difícil llenar los 250 puestos que había reservado para el almuerzo de ese día. Cientos de empresarios que conocen a Londoño y cientos de miles de colombianos que lo han visto en televisión o escuchado en radio cantándole la tabla a las cortes o al Congreso comparten la convicción de Echavarría.

Ese mismo día Horacio Serpa, quien acababa de regresar de sus vacaciones en la Florida, se reunía con sus más cercanos allegados políticos. El número de asistentes a la reunión era mucho menor que el de la de Echavarría pero el entusiasmo era comparable. La bancada liberal oficialista nunca había visto un banquete político tan suculento como el que representaba la posibilidad de que Londoño llegara a posesionarse como ministro. El fallo en su contra del Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, había creado una nueva realidad política. Para los serpistas, Londoño era un león herido de muerte. Y nada excita más a la jauría parlamentaria que el rito final de la caída de la presa. En este caso las expectativas eran tan altas que se estaba discutiendo la posibilidad de estrenar la figura de la moción de censura.

La simultaneidad de esas dos reuniones ilustra la cuerda floja sobre la cual está caminando en este momento el presidente electo Alvaro Uribe Vélez. Pocos recuerdan nombramientos ministeriales que hayan polarizado tanto a la opinión pública. Uribe ya no tiene la posibilidad de quedar bien con los dos bandos. Si se alinea con los empresarios pone en peligro la gobernabilidad del país desde el 7 de agosto. El Congreso, que de por sí tenía enormes reservas frente a Londoño por cuenta del proceso 8.000 y de su actitud beligerante, ahora lo ve con recelo por considerar que puede tener rabo de paja. Y el sector privado, que eligió a Uribe porque quería autoridad y orden, considera que el símbolo de esa autoridad es Fernando Londoño Hoyos y que su caída significaría el desvanecimiento de esa ilusión anhelada por los colombianos.

La palabra clave que va a definir el desenlace de este enfrentamiento es Invercolsa. Hoy pocos la reconocen nacionalmente pues el debate apenas comienza. Pero dentro de pocas semanas ingresará a los grandes escándalos políticos. En las tres semanas que faltan de aquí a la posesión de Uribe no se va a hablar de otra cosa. Y dependiendo de si Londoño finalmente se posesiona o no, se corre el riesgo de que sea el tema también durante el próximo gobierno.



¿Que es Invercolsa?

Ecopetrol tenía de tiempo atrás unas participaciones accionarias en varias empresas distribuidoras de gas. En estas compañías la petrolera estatal tenía otros socios, entre los que se destaca José Urbina Amorocho, un reconocido y respetado industrial del sector. En 1990 Ecopetrol y sus socios decidieron agrupar estas inversiones en una holding y para tal efecto crearon la sociedad Invercolsa.

Esta se constituyó el 30 de julio de 1990 y se designó a Fernando Londoño Hoyos como presidente provisional, quien debía ejercer esa función solamente de manera transitoria. Esta situación se prolongó y éste siguió siendo el presidente por casi cinco años más. Londoño Hoyos se vinculó a Invercolsa gracias a su relación con Urbina. Este último era su amigo personal, con quien además había tenido tratos comerciales de tiempo atrás. La presencia de Londoño en la holding buscaba mantener el equilibrio entre Urbina y Ecopetrol.

Desde el inicio Invercolsa se concibió como una holding sin ninguna operación directa. Simplemente era una sociedad propietaria de participaciones accionarias en varias distribuidoras de gas en distintas regiones del país. Por lo tanto no prestaba servicios al público sino que se limitaba a recibir las utilidades de sus filiales y a consolidarlas en su balance.

Eso explica por qué Londoño hacía todo en la sociedad. Desde recaudar los dividendos, convocar la junta directiva y representar la empresa ante las filiales. También explica por qué pudo ejercer como representante legal de Invercolsa, despachando desde su propia oficina y sin desatender las ocupaciones propias de los muchos casos que manejó como un exitoso abogado particular en esos años. Sin embargo, según el Tribunal Superior de Bogotá, Londoño nunca tuvo un vínculo laboral formal con la empresa. Tuvo nexos con ésta en virtud de un contrato de prestación de servicios profesionales que la holding suscribió con la firma Fernando Londoño Abogados Asociados Ltda. Invercolsa pagaba a esta firma unos honorarios que el último año de servicios alcanzaron los 741.000 pesos mensuales. El 6 de abril de 1995 Londoño dejó de ser el representante legal y lo reemplazó el ex ministro de Obras Públicas Enrique Vargas Ramírez.



A la venta

El 20 de diciembre de 1996 el gobierno aprobó el programa de venta de las acciones que Ecopetrol poseía en Invercolsa. Esta aprobación se plasmó en un decreto que fijaba el precio mínimo de las acciones (63,89 pesos cada una) y el procedimiento, siguiendo los lineamientos del artículo 60 de la Constitución y de la Ley 226 de 1995, que regula las privatizaciones.

De acuerdo con estas normas se organizó la venta en dos rondas. En la primera podían comprar acciones, al precio mínimo, los trabajadores, ex trabajadores y organizaciones del sector solidario. Después las acciones restantes se subastarían en una segunda ronda, en la que podría participar cualquiera, con una condición: tenía que adquirir el paquete completo de acciones.

Para Antonio Urdinola, presidente de Ecopetrol en ese entonces, el famoso "todo o nada" tenía una razón de ser. Según ha explicado, la petrolera estatal poseía el 52 por ciento de las acciones de Invercolsa mientras que Urbina tenía una participación que estaba entre el 30 y el 40 por ciento. A este último le habría bastado con comprar un paquete pequeño para hacerse al control de la compañía. Ecopetrol entonces se habría quedado 'encartado' con el resto de las acciones, que ya nadie querría comprar por ser un paquete minoritario.

Fernando Londoño, en cambio, afirma que el "todo o nada" no era más que un truco para regalarle la empresa a un gran 'cacao' y no darle espacio real al sector solidario. En la historia de las privatizaciones en Colombia, afirma, la regla ha sido que los paquetes accionarios lleguen casi intactos a la segunda ronda. Más aún, según él, rara vez ha habido puja en la subasta de las segundas rondas, por lo cual los compradores finales las han adquirido al precio mínimo.

El hecho es que cuando Ecopetrol puso en venta al sector solidario sus acciones en Invercolsa Fernando Londoño compró 145 millones de ellas, equivalentes al 20 por ciento de la compañía. El presidente de Invercolsa en ese momento, Enrique Vargas Ramírez, adquirió 4,7 millones y el Fondo Mutuo de Inversiones Confedegás compró 62.607 acciones.

Para poder participar en la oferta como ex trabajador Londoño Hoyos presentó una certificación de Invercolsa firmada por Vargas Ramírez. Este documento no dice explícitamente que tuvo un contrato laboral con Invercolsa pero sí que realizó su trabajo sin interrupciones durante cinco años y describe sus funciones. El, por su parte, aclara que el documento pasó por los ojos de los encargados de hacer la operación en la Bolsa de Bogotá, que representaba a Ecopetrol, y no tuvo mayores reparos.

Londoño acudió a dos créditos para pagar las acciones. El primero, del Banco del Pacífico de Colombia por 926 millones de pesos, y el segundo por 8,7 millones de dólares de la filial panameña del mismo banco. Juan Carlos Bernal, quien era presidente de la entidad colombiana, representó a la filial panameña en esta operación. En ese momento Fernando Londoño era presidente de la junta directiva del Banco del Pacífico de Colombia.

Como garantía de ese préstamo Londoño ofreció, además de las acciones recién adquiridas, su apartamento y dos caballos. El hannoveriano 'Danzig' y el pura sangre inglés 'Apolo'. También entregó en garantía su participación accionaria en cuatro empresas.



La sorpresa

En mayo de 1997, cuando se conocieron los resultados del martillo en la bolsa, estalló por primera vez el escándalo de Invercolsa. Ecopetrol asumía que esta empresa no tenía empleados y por eso no esperaba mayores compras en la ronda de solidarios. Cuando se supo que Londoño había adquirido el 20 por ciento se armó un lío que aún sigue hoy sin resolver.

El presidente de Ecopetrol, Antonio Urdinola, lo acusó de usurpar un derecho que no tenía, pues nunca tuvo contrato formal de trabajo. Londoño, por su parte, asegura que tan pronto se armó este lío propuso convocar un tribunal de arbitramento que decidiera si él tenía o no derecho a comprar. Si la decisión le era adversa, devolvería las acciones en un término muy breve. Para Ecopetrol, sin embargo, la propuesta de Londoño no podía ser objeto de negociación o transacción pues la conducta de éste podría llegar a ser un delito.

Para el ministro designado cualquier arreglo "amigable" entre él y Ecopetrol no era viable políticamente pues todavía estaba en el poder uno de sus mayores enemigos: Ernesto Samper. Pero, independiente de estas circunstancias, los abogados de Ecopetrol descartaron la posibilidad de acudir a un tribunal de arbitramento y decidieron iniciar un pleito civil para tratar de recuperar las acciones.

El argumento básico de la demanda civil es que el hoy ministro designado violó la ley a sabiendas. Ecopetrol alegó que Londoño nunca se trató a sí mismo como trabajador en Invercolsa pues no se pagó su seguridad social, ni sus prestaciones, ni ningún otro rubro que indicara su condición de asalariado. Pero aún así, prosigue el argumento, pretendió derivar derechos de un contrato laboral que él mismo nunca reconoció en los hechos. Con base en estos planteamientos Ecopetrol aspira a que, con fundamento en una norma del Código Civil, el juez obligue a Londoño a devolverle las acciones sin restituirle un solo peso a cambio de ellas. Esta norma establece que quien viole a sabiendas el derecho público de la Nación pierde lo que pagó.

En la demanda de Ecopetrol hay otro argumento que llama la atención. La ley de privatizaciones y el reglamento de venta de las acciones de Invercolsa previeron un tope para los directivos de la empresa que quisieran participar en el negocio. Estos no podrían comprar acciones por más de cinco veces su salario anual. Sin embargo Londoño se pasó de lejos, pues desembolsó más de 9.000 millones de pesos.

Frente a esto, la defensa del ministro designado es sencilla. La norma se refiere a los directivos mas no a los ex directivos. De manera que su compra pudo no haber estado cobijada por el tope de la norma si ésta se interpreta en sentido literal. Queda la duda, sin embargo, de si se contradijo el espíritu del legislador al fijar este límite.



El 'sospechoso regalo'

Una vez arrancó el proceso civil, en octubre de 1997, el caso Invercolsa se enredó hasta límites inverosímiles. Paralelamente se iniciaron unas investigaciones penales en torno a los mismos hechos. En el curso de éstas Londoño le dio una lectura muy distinta a los acontecimientos.

Según él, todo el problema se debe a que se atravesó, involuntariamente, a un robo que le iban a hacer al Estado. Lo que quería Ecopetrol, argumenta, era regalarle la empresa a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Dice que al momento de hacer la valoración de la compañía el gobierno le asignó un precio inferior al real. Y como no esperaba que alguien comprara muchas acciones en la primera ronda, Invercolsa quedaría servida en bandeja para que Sarmiento la adquiriera en la segunda. Más aún, como no había otros compradores interesados, asegura el ministro designado, no habría puja en la subasta y la compañía se vendería al precio mínimo.

Pero fue más lejos y en lugar de arremeter contra la privatización de Invercolsa decidió irse lanza en ristre contra toda la política de privatizaciones del Estado colombiano, aduciendo que ha sido un fraude sistemático en contra de los solidarios y a favor de los grupos económicos. En forma inexplicable decidió justificar su negociación denunciando penalmente al procurador, una superintendente bancaria, al presidente y dos vicepresidentes de Ecopetrol. Y como si esa lista no fuera suficiente, también denunció a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Salvo las de los directivos de Ecopetrol, ninguna de estas denuncias prosperó.

Pero la teoría del regalo a los 'cacaos' tiene unas inconsistencias aparentes en el caso de Invercolsa. La primera que señalan los adversarios de Londoño es que si advirtió un regalo de esta naturaleza ha debido denunciarlo en vez de comprarlo. El se defiende diciendo que él sólo se dio cuenta de que Invercolsa estaba muy barata después de comprar las acciones.

Argumenta que cuando la banca de inversión hizo el avalúo de Invercolsa, en 1996, elaboró sus proyecciones con base en la información contable del 31 de diciembre de 1995, cuando el patrimonio de la empresa era cercano a los 20.000 millones de pesos. Ocurre que a mayo de 1997, al momento de la venta, este patrimonio subió a cerca de 37.000 millones de pesos. Asegura Londoño que este aumento se debió a utilidades que las filiales de Invercolsa habían generado en años anteriores pero que no se habían registrado debidamente en la contabilidad de la holding. Si éstas se hubieran tenido en cuenta se habría fijado un precio mayor para las acciones, concluye.

Frente a esto último, el argumento de Urdinola es que los avalúos de las compañías no se hacen con información del pasado sino con base en una proyección de las ganancias futuras. Otro argumento que esgrime Urdinola para desvirtuar la tesis del regalo es que si Sarmiento hubiera estado interesado en Invercolsa hubiera podido comprar acciones de ésta a través del Fondo de Pensiones Porvenir, que clasifica dentro del sector solidario.

En su defensa Londoño ha recurrido a malabarismos conceptuales que desafían la credibilidad. Por ejemplo, que compró las acciones creyendo que eran más caras, y cuando se dio cuenta de que en realidad eran más baratas las quiso devolver. Esta es su versión. Pero sus adversarios piensan una cosa muy distinta: al darse cuenta del chicharrón que se le venía encima con los pleitos civil, penal, y posteriormente laboral, quiso quitarse de encima la papa caliente de las acciones de Invercolsa.

El ministro designado cuenta que una de las propuestas que hizo en el pasado consistía en lo siguiente: devolverle las acciones a Ecopetrol para que ésta pudiera sacar a la venta un paquete con el 52 por ciento de Invercolsa. Una vez vendido éste, Londoño pedía que le dieran la plata para pagar su crédito y nada más.

El problema es que Londoño se había endeudado en dólares cuando la divisa costaba 1.000 pesos y dos años más tarde costaba 2.000 pesos. El valor de su obligación, en moneda local, se duplicó por la devaluación. Ningún funcionario de Ecopetrol se atrevió a pagarle esa duplicación para recomprarle las acciones, más aún cuando la Contraloría y las demás 'ías' hacen sus cuentas en pesos.

Finalmente hay un enredo adicional. El Banco del Pacífico de Panamá, que le prestó la plata, le cedió ese crédito a una firma panameña llamada Arrendamiento Financiero Internacional Bolivariano (Afib). El ministro designado ha dicho que desconoce quiénes son los dueños de esta entidad.

Hace cerca de dos años Londoño entregó las acciones para pagar el crédito. No obstante, quien ha venido representando hasta la fecha los intereses de Afib en la junta directiva de Invercolsa es el mismo Londoño, según consta en el registro mercantil. Su misión, explica, es la de contribuir a la buena gestión de Invercolsa y tratar de devolver las acciones para poder pagar el crédito. En este punto cabe un comentario. En la Colombia de hoy, representar sociedades panameñas sin saber quiénes son los dueños es, por decir lo menos, un gran riesgo.



Los pleitos

Por el caso Invercolsa la Fiscalía investigó a Londoño por tres presuntos delitos: falsedad personal, compra de acciones a favor de terceros e infracciones al estatuto financiero. Con respecto al primero, la decisión fue particularmente favorable a Londoño. La Fiscalía precluyó la investigación y concluyó que no había habido falsedad, independiente de lo que pudiera decir después la justicia laboral sobre su caso.

La Fiscalía también precluyó la investigación por la presunta compra de acciones en beneficio de terceros (testaferrato) y expidió una resolución inhibitoria a favor suyo en el tema de los presuntos delitos financieros. Por otra parte, la investigación que se le abrió a Urdinola por presuntos delitos contra el patrimonio público también concluyó en una resolución inhibitoria.

En la parte civil la suerte del ministro designado ha sido distinta. A medida que empezó a enredarse este proceso Londoño decidió jugarse una carta arriesgada para definir de una vez por todas si tenía o no derecho a comprar las acciones. Inició entonces un pleito laboral contra Invercolsa, buscando que se le reconocieran sus derechos de ex trabajador.

Esta era una jugada de tahúr. Se jugó el todo por el todo creyendo que el laboral era un caso fácil de ganar y que esa victoria le permitiría definir a su favor el pleito civil. Pero el 27 de octubre de 2000 hubo un fallo laboral de primera instancia que le fue adverso. Londoño apeló y el caso pasó a la sala laboral del Tribunal Superior de Bogotá. La decisión de segunda instancia se incluyó en el orden del día de esta sala para el 28 de junio de 2002, mucho antes de su designación como ministro.

Llegada esta fecha el Tribunal ratificó el fallo de primera instancia en una decisión que tiene consecuencias incalculables. Primero, porque es muy contundente. Dice el fallo que Londoño "a ciencia y conciencia fue conocedor que las funciones propias del cargo que desempeñó a nombre de la sociedad Fernando Londoño Abogados Asociados Ltda., no constituyeron contrato de trabajo". En otras palabras, el Tribunal afirmó que Londoño no sólo no tuvo contrato laboral con Invercolsa sino que un abogado de su calibre no tenía posibilidad de ignorarlo.

Esto refuerza las pretensiones de Ecopetrol en el pleito civil. Cabe recordar que el principal argumento de la estatal petrolera es que Londoño violó la ley "a sabiendas".



El enredo del año

Todo lo anterior demuestra que el caso está muy lejos de ser resuelto. Para comenzar, existen todavía demasiados cabos sueltos y muchas preguntas sin contestar. ¿Si su alegato contra Ecopetrol tiene por fundamento que no se democratizó la propiedad, qué tiene de democrático que prácticamente todas las acciones solidarias acabaran en cabeza de Fernando Londoño quien, según el Tribunal Superior de Bogotá, no era trabajador?

Si él se consideraba trabajador, ¿por qué registró su ingreso como honorarios y no como salario y por qué nunca cobró prestaciones, cesantías y vacaciones? ¿Por qué dejó pasar años antes de hacer el reclamo laboral? ¿Cómo se puede entender ese reclamo si se tiene en cuenta que él era el único funcionario que tenía la empresa durante esos años, y por lo tanto es una demanda de él mismo contra su propia gestión? En otras palabras, es una denuncia de Fernando Londoño el ex trabajador contra Fernando Londoño el ex gerente.

Sin embargo, más graves que los interrogantes no aclarados sobre el negocio son los interrogantes políticos sobre lo que va a seguir. En este momento Fernando Londoño tiene una demanda civil de la Nación en su contra por las irregularidades que Ecopetrol considera se cometieron en esa transacción. De otro lado, las eventuales consecuencias penales que pudiera tener el fallo laboral, por hechos o delitos nuevos, son objeto de discusión entre los penalistas. De concretarse una nueva denuncia, ésta podría provenir de oficio por parte de la Fiscalía o de cualquier ciudadano. En todo caso son muchos los que le tienen ganas.

Sería quizá el primer caso en la historia del país en que un ciudadano es nombrado ministro con un pleito civil de semejante cuantía con una entidad del Estado. Circunstancia aún más exótica si se tiene en cuenta que una de las carteras a su cargo es la de Justicia.

Como si fuera poco, no sólo está el problema político de Londoño sino el de las acciones. Con el fallo del Tribunal es prácticamente imposible que se llegue a un arreglo entre Ecopetrol y Londoño, una solución que éste ha buscado insistentemente durante los últimos años. La demanda de Ecopetrol busca no sólo que le devuelvan las acciones a esa entidad sino que Londoño pierda el dinero que pagó por ellas, lo cual podría convertirse en realidad si el fallo final sale en su contra.

Una conciliación representaría para el Estado un ingreso inferior a esta expectativa. Ante esta realidad las pretensiones de Fernando Londoño ahora son menores. Ha dicho, en representación de la firma panameña dueña de las acciones, que se conformaría con que le paguen la plata correspondiente al crédito en pesos (ya no en dólares), actualizado con unos intereses razonables.

Aún así es muy poco probable que de aquí al 7 de agosto se llegue a algún arreglo. Después del cambio de gobierno el acuerdo ya no será poco probable sino imposible. ¿Cómo podría haber una negociación entre el Estado y el hombre más poderoso del gobierno? Si la hubiera, el que se caería no sería el ministro sino el Presidente. Fuera de todas estas razones, después del escándalo de Dragacol, en Colombia nadie se atreve a conciliar y en un caso del calibre político de Invercolsa mucho menos.

Todo lo anterior debe tener desconcertado a Alvaro Uribe, quien buscó en Londoño el ideólogo y el hombre de carácter que se requería para que su promesa de autoridad se cumpliera. En la medida en que los detalles de Invercolsa van saliendo a flote nadie tiene claro cuál va a ser el desenlace de este episodio. Si se limitara al sector privado el negocio de Invercolsa habría podido pasar sin pena ni gloria como ocurrió hasta ahora. Había controversia, pero no de alto perfil. Londoño le había metido un golazo a Ecopetrol. Había sido un gol en fuera de lugar, pero en los negocios del sector privado los árbitros son más distraídos que en el mundo del sector público.

Fernando Londoño pasó deuna liga a la otra y está viviendo la consecuencia de ese tránsito. En este momento todavía va ganando. Su elocuencia y su brillantez lo han defendido. Además de esto tiene la razón en muchas de las banderas que ha enarbolado, como la de la racionalización de la rama judicial y la necesidad de purificar las costumbres políticas. Queda por verse con cuánta autoridad moral quedará para liderar estas causas cuando termine la tormenta que está atravesando en este momento.