EL MEMORANDO DE LA MAFIA

"Nos hemos atrevido a dirigirle esta carta para precisar en ella una posición que hemos venido estudiando desde tiempo atrás y la cual se precipitó, lamentablemente, con el asesinato del doctor Rodrigo Lara Bonilla". Con estas palabras, Belisario Betancur recibía uno de los documentos más exóticos que haya llegado al escritorio de un Presidente de la República. En este memorando, fechado el 29 de mayo, los principales narcotraficantes del país ofrecían, ni más ni menos, que el desmonte de todas sus operaciones en Colombia. Aun cuando no llevaba firmas sus autores se identificaban como los que manejaban el 80% del narcotráfico, y no obstante la ausencia de nombres, éstos estaban en boca de todo el mundo. Eran los de quienes los colombianos habían aprendido a identificar, en los últimos dos años, como los grandes "capos" de la mafia colombiana: Pablo Escobar, el clan Ochoa, el "mexicano", Carlos Lehder, etc.
La carta se mantuvo en secreto durante más de un mes y sólo al final de la semana pasada se hizo de conocimiento público en una noticia de primera página en El Tiempo. Esta publicación contenía un dato que le daba particular espectacularidad al asunto. Según el diario, la propuesta habría sido "hecha hace algunas semanas a través del ex presidente Alfonso López Michelsen y del Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez". La tormenta que se desató no se había visto en mucho tiempo en el país. Con poquísimas excepciones, todas las declaraciones públicas que se hicieron censuraban directamente al Procurador e indirectamente a López, por el papel de intermediarios que presuntamente habían jugado. Jiménez Gómez se convirtio en pocas horas en el personaje central de los noticieros de televisión, concediendo a casi todos entrevistas en vivo. El propósito de sus intervenciones era desvirtuar el concepto aparecido en el diario El Tiempo, según el cual el viaje había tenido como fin expreso la controvertida entrevista, aclarando que él se encontraba en Panamá en otros asuntos cuando fue abordado por los "narcos". Lo que la prensa llamaba "una propuesta" y la opinión pública calificaba como "negociación", él lo denominaba "una declaración unilateral de rendición incondicional". En todo caso, más allá de la naturaleza del contacto en Panamá, despertaba indignación el sólo hecho de que hubiera habido conversación de reconocidos narcotraficantes con el hombre a cuyo cargo estaba el Ministerio Público de la Nación.
El jueves 5, en un almuerzo al que asistían más de mil delegados a la Convención Conservadora, el ex presidente Misael Pastrana Borrero, después de establecer una diferencia entre el diálogo con los guerrilleros y el que pudiera sostenerse con narcotraficantes, dijo que no puede haber aproximación con "el olor pecaminoso de los delitos de narcotráfico" y luego manifestó, tras citar apartes de una novela de Juan Rulfo, que el país debía tirar en la cara de los "capos" las monedas que éstos estaban ofreciendo. Algunos fueron más allá. El ex ministro conservador Hugo Escobar Sierra y el senador liberal William Jaramillo Gómez pidieron la renuncia del Procurador. Jaramillo lo hizo apoyándose en el artículo 143 de la Constitución que establece "que corresponde a los funcionarios del Ministerio Público defender los intereses de la nación y perseguir los delitos y contravenciones que turben el orden social". También mencionó el senador el artículo 153 del Código Penal que determina que "el empleado oficial que, teniendo conocimiento de la comisión de un delito cuya averiguación deba adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad, incurrirá en pérdida del empleo". Para Jaramillo, "si el Procurador no renuncia el Congreso tiene la obligación no sólo de destituírlo sino de seguirle un proceso".
Pero el viernes pasado, junto con la polémica sobre las actuaciones del Procurador, empezaron a filtrarse los primeros datos concretos sobre el contenido del famoso memorando. En la madrugada del mismo día, la agencia de noticias Colprensa distribuyó a sus abonados un boletín de última hora que contenía apartes del texto de la declaración de los narcos. A esa misma hora, El Tiempo imprimía una edición que, en la página 8 A, revelaba seis puntos del memorando, que fueron ampliados en las ediciones del fin de semana.
En realidad, se trataba de un documento insólito en el cual, con un lenguaje pomposo y patriotero, en resumidas cuentas lo que proponían era un desmonte total de sus operaciones, para reincorporarse a la vida legal. (ver recuadro). El documento repetía una y otra vez la expresión "unilateral", para dar la impresión de que se trataba de un ofrecimiento sin condiciones. En la parte final mencionan en calidad de sugerencia la posibilidad de revisar algunos aspectos jurídicos del Tratado de Extradición, invocando al propio Ministro de Justicia, Enrique Parejo González, quien había expresado la voluntad del gobierno de revisarlo. En ningún momento piden la suspensión de la aplicación del Tratado y en repetidas ocasiones afirman que están dispuestos a someterse a la ley.
Teniendo en cuenta la reputación de los autores, no dejaba de tener ingredientes de ridículo la presentación altruista que envolvía la propuesta. Sin embargo, dejando a un lado excesos literarios y golpes de pecho, el contenido concreto del ofrecimiento, de aceptarse y cumplirse, tendría un alcance descomunal. Como para dejar claras sus intenciones, sugerían la participación de los Estados Unidos en el proceso.

EL COMIENZO DE LA HISTORIA
¿Cómo y cuándo se había llegado a esta exótica y casi inimaginable situación? Todo había comenzado en Medellín, cuatros días después del asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. En una residencia en el barrio El Poblado, se reunieron secretamente los sindicados de ser las cabezas del narcotráfico en Colombia, con el objeto de diseñar una estrategia de acción frente a la violenta reacción del país y a la ofensiva que se había desatado a raíz del asesinato del Ministro. Reinaba un sentimiento de pánico y no descartaban la posibilidad de que se creara un ambiente de linchamiento. Considerando que la situación era irreversible, y que su identificación por parte de la opinión pública era ya demasiado obvia, decidieron que la única forma de contrarrestar la ola de indignación contra ellos, era un gesto dramático que sirviera para darle un vuelco a la situación. Lo que más les preocupaba era que recaía sobre ellos la acusación de haber asesinado a Rodrigo Lara lo que, según ellos, era obra de la DEA. Llegaron a la convicción de que los días dorados del negocio habían terminado y de que, como contra la mayoría de ellos no cursaba proceso alguno, lo mejor era tratar de hacer "borrón y cuenta nueva". La pregunta que surgía entonces era: ¿cómo hacerlo? Mientras se definía este interrogante, salieron del país unos al Brasil y otros a Panamá.
En esos días se encontraba en Panamá el ex presidente López Michelsen, quien había sido invitado por el gobierno como observador del proceso electoral que culminaba el domingo 6 de mayo. Pablo Escobar y Jorge Ochoa, que también se encontraban allí, al enterarse de la presencia del ex presidente en esa ciudad, entraron en contacto con él, le manifestaron que tenían algo "muy importante" para transmitirle y le solicitaron una entrevista. López se las concedió en una suite del hotel Marriot. Ellos dijeron que representaban a terceras personas que reconocían ser narcotraficantes y durante 45 minutos le expusieron las conclusiones que habían salido de la "cumbre" de Medellín. Al final de la reunión, López les manifestó que le comunicaría al Presidente la intención de "sus representados" de desmontar el negocio del narcotráfico en el país.
Días después, el Procurador, Carlos Jiménez Gómez, que se encontraba en Panamá, fue abordado por Pablo Escobar y Jorge Ochoa, quienes estaban acompañados por Gonzalo Rodríguez Gacha y "Pelusa" Ocampo. Después de exponerle una vez más los puntos de la propuesta, éste les pidió que la pusieran por escrito para hacérsela llegar al Presidente en forma concreta.
Así se hizo y éste es el origen del explosivo memorando que monopolizó la atención del país durante la semana pasada. ¿Qué pasó después con este documento? No mucho o probablemente no se sabrá con exactitud. Lo que sí es cierto es que si alguna vez estuvieron vivas las posibilidades de que el desmonte se cumpliera, murieron cuando el contenido del documento se hizo público. SEMANA se enteró de que al final de la semana, la indignación de grupos mafiosos rivales de Escobar contra él, era mayor que la que se había producido contra el Procurador.
Este, sin duda alguna, se convirtió en el blanco de todas las críticas, en lo cual no dejaba de haber algo de revanchismo por algunas de sus actuaciones anteriores. ¿Cuánta era su responsabilidad real? Teniendo en cuenta que la propuesta significaba finalmente una rendición de la mafia, la severidad con la cual se juzgó su papel en este asunto parece haber sido exagerada. No obstante todas las manifestaciones públicas en el sentido de que era necesario diferenciar el delito político del delito común, en privado no pocos consideraban que tan controvertible era que el Presidente de la República se hubiera sentado a dialogar con guerrilleros pertenecientes a grupos acusados de secuestro e inclusive de asesinato, como que el Procurador lo hubiera hecho con narcotraficantes, contra la mayoría de los cuales en ese momento no cursaba proceso alguno. Por otra parte, el Procurador no adquirió compromiso alguno diferente del de servir de correo, y el estudio de la propuesta le correspondía al gobierno y no a él.

POCAS VICTORIAS
En el trasfondo de todo ésto, una realidad ineludible gradualmente salía a flote: la guerra frontál contra la mafia había generado pocas victorias. No porque el gobierno hubiera bajado la guardia, sino porque si antes del asesinato de Rodrigo Lara el problema era la falta de pruebas, esta situación no había cambiado después del crimen. El gobierno, respaldado por una opinión indignada, actuó con los mecanismos a su alcance, pero éstos resultaron poco efectivos a la hora de los fallos jurídicos tanto en los tribunales civiles como en los militares. Fabio Ochoa y Evaristo Porras, retenidos por porte de armas más no por tráfico de droga, tuvieron que ser liberados. Además, de 1.139 capturados, 1.035 fueron puestos en libertad, por decisión de los jueces. El chiste de hace algunas semanas de que sólo los animales de los narcozoológicos permanecerían en cautiverio, parecía convertirse en una realidad.
A todas éstas, cualquier esperanza de que el tráfico de estupefacientes disminuyera considerablemente por la acción oficial, parecía desvanecerse. El mejor termómetro de esto, el dólar negro, así lo confirmaba. Después de haber llegado a 140 pesos después del asesinato de Lara ante el repliegue de los narcos, la semana pasada llegó a cotizarse a 105 pesos en Medellín .

QUE OFRECE LA MAFIA
El llamado "memorando de la mafia", titulado "Declaración unilateral", es un documento de 6 páginas que intenta darle un enfoque histórico al problema y que comienza con un pretendido análisis sociológico sobre el "origen y significado del narcotráfico en Colombia". Este primer capítulo del documento incluye "perlas" como "La coca, como materia prima, es un cultivo milenario en Bolivia y en Perú. La escasa producción colombiana, de pésima calidad, se ha venido dedicando al mercado interno al ser distribuída en forma de bazuko". Más adelante sus autores definen a Colombia como "transformador de la coca peruana y boliviana y como transportador a los países donde se consume", y manifiestan que controlan hoy "entre un 70% y un 80% del volumen global" del negocio, lo que les significa "un ingreso anual cercano a los dos mil millones de dólares, de los cuales una proporción sustancial llega a nuestro país".
Se declaran ajenos al cultivo de la coca y a la distribución del bazuko en Colombia y pretenden demostrar que el desmonte por ellos propuesto "significaría, en un corto plazo el incremento en los precios del producto final en el exterior, el deterioro de la calidad, la dificultad de adquisición del mismo y, como consecuencia de todo lo anterior, la reducción del número de consumidores". Eso sí, dejan en claro que no pueden responsabilizarse del desmonte del 100 por ciento del negocio porque "existirá siempre el tráfico en sus formas simples y tradicionales, como el transporte personal, el transporte en pequeñas cantidades, a través de viajeros, en valijas, tacones falsos, etc. ".
Luego exponen lo que consideran "otros datos básicos": que "las organizaciones que representamos no tienen responsabilidad ni directa ni indirecta en el asesinato del doctor Rodrigo Lara Bonilla" que Byron de Jesús Velásquez, uno de los sicarios que participó en el crimen del ministro "no ha trabajado con nuestras organizaciones", niegan toda vinculación con las guerrillas, y aseguran que el ingreso a la política de algunos de ellos "se originó exclusivamente en el afán de luchar contra el tratado de extradición".
Pero si la capacidad de sorpresa de quien lee el memorando se colma en esta primera parte, lo que puede leer se en la segunda fácilmente puede desbordarla. Este capítulo, "oferta de entrega de nuestras organizaciones", se inicia con la exposición de una serie de "puntos de acción inmediata". Ofrecen el desmonte de "la infraestructura global", incluyendo la "identificación y entrega de laboratorios en el país", así como de las pistas clandestinas y la "enajenación de aeronaves vinculadas al transporte de las materias primas y del producto elaborado, previa autorización del gobierno colombiano, en concordancia con normas vigentes". También hablan de una "identificación de las zonas de cultivo de cocay marihuana, para dar así un paso firme en la erradicación del consumo interno en el país". Si todo ésto puede dejar boquiabiertos a muchos, lo que sigue superaba cualquier expectativa: los narcos expresan su "disposición inmediata para colaborar con el gobierno colombiano, si se considera prudente y conveniente, en campañas para la erradicación del consumo interno de drogas y para la rehabilitación de los adictos". Esta especie de narcotráfico de rostro humano no para ahí: ofrecen retirarse de la política y colaborar en el proceso de paz "para obtener las condiciones mínimas que permitan el regreso a la normalidad institucional". En cuanto a las ofertas de "ejecución mediata", se declaran dispuestos a retornar "nuestros capitales al país, una vez se estudien fórmulas que así lo permitan", al igual a regresar ellos mismos "dentro del marco absoluto de la ley, para gozar así de los plenos atributos de la ciudadanía". No queda claro el significado de la expresión "marco absoluto de la ley", pero anuncian su disposición a aceptar "cualquier otra exigencia que el gobierno estime conveniente y que, por otro lado, sea posible de cumplir por nuestra parte".
Más allá de sus ofertas, los autores del memorando exponen una serie de "sugerencias" en un capítulo final. Entre ellas, quizá la principal es la de que no se aplique "el Tratado (de Extradición) a los hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de su vigencia" y que se cree un mecanismo de "apelación, ante el Consejo de Estado, que pudiese tener el nacional extraditable". Sugieren igualmente una revisión del Estatuto Nacional de Estupefacientes, pero no, como pudiera creerse, para hacerlo más blando, sino por el contrario, "haciéndolo más drástico, para evitar en el futuro que exista interés alguno por parte de los ciudadanos colombianos, en el tráfico de drogas". Piden, eso sí, que bajo el Estado de Sitio sean evitadas "violaciones y atropellos que se vienen cometiendo en cabeza de nuestras familias y en términos de nuestras propiedades materiales". Proponen, finalmente, "hacer conocer del gobierno de los Estados Unidos, si se estima conveniente, nuestro plan incondicional de entrega", para con ello "demostrar nuestra buena voluntad hacia ese gobierno".